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editorial Jueves, 17 Febrero 2011
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El incendio ocurrido en diciembre en la Cárcel de San Miguel, que costó la vida a ochenta y un reos, refleja en diversos sentidos que los chilenos hemos olvidado gravemente nuestros deberes hacia la población penal. Las condiciones que propiciaron las trágicas consecuencias del incendio en la Cárcel de San Miguel demuestran que en Chile el resguardo de los derechos humanos de los presos no tiene la consideración que se merece. El fallecimiento allí de ochenta y un personas es en gran medida una consecuencia de las pésimas condiciones de vida de muchos de los adultos y adolescentes que cumplen condenas tras las rejas.
El editorial de revista Mensaje de enero-febrero aborda el tema, advirtiendo a que –durante décadas– los chilenos nos hemos acostumbrado a segregar de manera brutal a los que cometen ciertos delitos: es como si el miedo nos atenazara y optáramos por encerrarlos y olvidarlos, sin preocuparnos de sus opciones de rehabilitación.
Pero una sociedad que no se hace cargo de los que están más dañados ni de sus heridas sociales, no puede aspirar a una convivencia democrática, cohesionada y pacífica. |
