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En julio de 1975 ya se hace muy amplia la preocupación por las denuncias de detenidos-desaparecidos. Un caso ahora emblemático es el de numerosos chilenos muertos en otros países latinoamericanos en circunstancias no aclaradas y en medio de versiones contradictorias. Lo advierte un editorial de Mensaje.
Una lista de 60 chilenos a los que se supone asesinados “por sus propios compañeros de lucha” fue dada a conocer por la prensa nacional el día 23 de julio. La información agrega que los 60 habrían sido muertos, durante los últimos tres meses, en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia. La noticia procede de un desconocido semanario LEA, editado en Buenos Aires, sin indicación de fuentes. Por otra parte, no se sabe de medios oficiales o de prensa de ninguno de los seis países mencionados por el semanario, que den cuenta de estos supuestos hechos.
Al día siguiente, La Segunda publica una nueva lista. La información proviene ahora de O’Día, diario igualmente desconocido de Curitiba, Brasil, y según ella, “un total de 59 extremistas chilenos, entre muertos, heridos y evadidos fueron identificados en recientes encuentros con fuerzas policiales argentinas en la localidad de Salta”. Muchas interrogantes surgen de la propia noticia del diario de Curitiba, que tampoco menciona sus fuentes:
¿Cómo pudieron enterarse esas publicaciones de los nombres completos de supuestos extremistas que luchan en diversos países, incluyendo grupos “evadidos” luego de enfrentamientos en Salta?
¿Por qué la información a que alude un diario provinciano del Brasil no es dada por las autoridades argentinas o por la prensa o por agencias internacionales de noticias establecidas en ese país, donde se supone que esas 59 personas habrían estado luchando?
El Comité de Cooperación a la Paz en Chile ha señalado, y con razón, la ligereza y falta de respeto por el dolor ajeno con que se ha entregado la noticia en Chile. Ninguna diferencia ideológica o presuntos delitos justifican el tratamiento dado al tema.
Ahora bien, resulta que en el total de los 119 casos que mencionan ambas publicaciones, los familiares de esas personas han presentado recursos judiciales o administrativos procurando indagar su paradero.
En 77 de estos casos los familiares hacen valer, en declaraciones juradas, que cuentan con evidencias directas acerca de su arresto en Chile y posterior desaparición. En otros 26 casos los familiares declaran, también bajo juramento, que hay evidencias indirectas del arresto. Finalmente, en los 16 casos restantes se trata de personas que han desaparecido sin que se sepa hasta hoy de su paradero.
Del conjunto de declaraciones de las familias se desprende que 105 de estos casos de arresto y desaparecimiento tuvieron lugar entre marzo y diciembre de 1974, y sólo 14 acontecieron durante el presente año.
¿Dónde están estos 119 chilenos? ¿Si están muertos, dónde están sus cuerpos? ¿Pueden haber sido todos ellos liberados y haber pasado clandestinamente la frontera bajo nombre falso para estar actuando ahora con su verdadera identidad?
¿Pueden todos estos familiares estar jurando en falso?
Todo ser humano tiene derecho a conocer el paradero de los suyos. Por encima de cualquiera otra consideración MENSAJE asume la inquietud y el dolor de los familiares afectados, y de todas las otras familias chilenas que buscan infructuosamente conocer la suerte que han corrido algunos de sus miembros.
28 de julio de 1975.
