50 años del golpe de Estado. «Dos años de gobierno»

El 11 de septiembre de 1973 muchos pensaron que en Chile se abría un corto paréntesis y que, superadas las primeras dificultades, los militares volverían a sus cuarteles encomendándoles a los civiles la tarea de reorganizar la democracia. Quienes así pensaron estaban equivocados. El bando que indicaba que las FF.AA. tomaban el poder por el “sólo lapso que las circunstancias lo exigieran” (Bando 5) pudo contribuir, con su imprecisión temporal, a esta falsa apreciación. Pero una decisión de esa naturaleza muy difícilmente podía ser un mero episodio en la vida de un pueblo organizado y de sólidas tradiciones democráticas como el nuestro… sobre todo por el dramático grado de división —bordeando la guerra civil— que vivía el país cuando se produjo el pronunciamiento. Interrumpir una historia tan larga y torrentosa no era asunto de un día.

Han pasado dos años y todos han comprendido que algo radicalmente nuevo pasó en Chile… algo que va a marcar a todos los hombres de esta tierra y a los hijos de sus hijos. Y estos dos años dan materia para la reflexión.

No es nuestro intento hacer un balance completo. Quisiéramos ahora tan sólo abordar algunos puntos, a propósito de lo que nos ha tocado vivir, que nos ayuden a reencontrar nuestra más pura tradición cristiana de libertad y democracia.

DOS AÑOS DIFÍCILES

Nadie que considere con imparcialidad los dos últimos años, podrá negar que ellos han sido difíciles y, para vastos sectores, extremadamente dramáticos.

Sin embargo, en estos 24 meses hay logros que merecen ser destacados. En el plano internacional es digna de especial mención la reanudación de relaciones con la hermana república de Bolivia y las conversaciones para buscar una solución aceptable y justa que acorte la distancia que desgraciadamente ha separado a dos naciones que por vocación común deberían entenderse. Puede haber ambigüedades, intereses de terceros que intervengan… pero el hecho en sí debe alegrar a quienes aman la paz y luchan por la integración americana.

En el plano interno son positivos el esfuerzo de regionalización y el fin de la violencia callejera que enlodaba a diario nuestras ciudades. También debe indicarse el relativo enfriamiento de la fiebre de hiperpolitización que aquejó al país en los últimos años. Si el total apoliticismo es un mal gravísimo, no lo es menos la hipertrofia de la actividad política, sobre todo si se trata de política de partido. No es el menor fruto de este enfriamiento el que los estudiantes hayan vuelto a las aulas… aunque debería analizarse a fondo qué están haciendo en sus escuelas y qué tipo de hombre se está moldeando.

En el orden económico el esfuerzo por fomentar las exportaciones no tradicionales podría abrir brechas promisorias para el futuro. Es positivo también el esfuerzo por terminar el Metro y por resolver el grave problema de la locomoción colectiva.

Se han anunciado múltiples reformas… pero será preciso verlas en marcha para evaluar sus frutos. En el momento de pasar a la concreción pueden revelarse muchas ambigüedades, troncharse los mejores propósitos y las más pensadas leyes. La historia nos invita a esta cautela. El proyecto de empleo mínimo, la equiparación de las asignaciones familiares de empleados y obreros, para tomar sólo dos ejemplos, son ideas buenas pero que en la práctica se han revelado insuficientes. Si ha habido logros, han existido también serios errores e ingentes tropiezos. Las nuevas autoridades, al asumir el control del país, confesaron la dificultad del camino que emprendían… pero tal vez no imaginaron la magnitud de los problemas que debían enfrentar o que generarían las nuevas políticas adoptadas. Las predicciones hechas por los más pesimistas economistas del régimen en los primeros meses se han demostrado, con el tiempo, de un optimismo utópico y fueron arrolladas por los hechos.

Repetidas veces nos hemos referido en la revista a la situación económica y no es el momento de reiterar lo dicho. La inflación ha seguido golpeándonos con persistencia y las medidas adoptadas para conjurar esa catástrofe han provocado la recesión con todas sus secuelas, que ponen seriamente en tela de juicio la legitimidad moral de soluciones que crean tanto quebranto.

Aun si se ven signos claros de desaceleración en el proceso inflacionario, salta en muchos la pregunta: ¿qué pasará el día en que se quiera reactivar la economía estancada?

Es evidente que las dificultades económicas no son sólo imputables a las medidas económicas de estos dos años. El país fue recibido en una situación muy crítica y a eso se añadió la recesión e inflación mundiales, el alza del precio del petróleo y la baja del precio del cobre. Pero el rígido esquema liberal que se ha empleado para hacer frente a la emergencia ¿no ha significado una cruz demasiado pesada para los grupos de menores ingresos y en variada medida para la gran mayoría de los chilenos? ¿No se ha acentuado así de modo odioso la diferencia entre los grupos sociales? Esta “vía de solución” tan poco nacional y autóctona, tan hecha desde fuera, ¿ha demostrado la eficacia y la celeridad que sus promotores le auguraban?

Como es evidente, la situación económica ha tenido su eco en el plano social. El precio que está pagando Chile es bastante caro. La cesantía ha alcanzado niveles nunca vistos desde la gran crisis de los años treinta. Y con la cesantía ha llegado la desnutrición, la inseguridad y la angustia a miles de hogares. Miles de compatriotas han debido partir abandonando sus hogares, su lengua y sus tradiciones para buscar en tierra ajena el de sus hijos.

Los esfuerzos realizados por el gobierno con su programa de empleo mínimo y por la Iglesia a través de la ayuda fraterna han sido un paliativo pero desgraciadamente muy insuficiente. El problema persiste y se agrava.

En el plano político, después de dos años el país no logra aún reencontrar los cauces para una sana convivencia. La oposición enconada y la represión que es su contrapartida viven en un forcejeo desesperanzador. El receso político no ha sido creativo para ir elaborando el ámbito que permita la vuelta a la vida sanamente democrática.

Las estructuras de participación tan laboriosamente gestadas por la nación se desplomaron en gran medida y no se ha logrado encontrar el camino adecuado para crear ese consenso mínimo que constituye la osamenta de una nación.

En este contexto no ha sido posible articular una oposición sana y constructiva tan necesaria en toda sociedad ordenada, como lo reconoció el mismo Portales. Toda divergencia de opinión suele ser mal vista por algunos, perseguida y fácilmente tildada de destructiva o antipatriótica. Se incrementan así el rencor, la frustración y la clandestinidad. Desgraciadamente se margina de este modo a centenares de personas que con sus propios puntos de vista hubiesen podido colaborar en una auténtica reconciliación y reconstrucción, retomando las diferentes facetas que constituyen a Chile.

La falta de estructuras de participación y la prolongada falta de canales legales para expresar la divergencia —y lograr que se convierta en convergencia— exacerban los sistemas de control y hacen necesarios servicios de inteligencia omnipresentes con el terrible riesgo de convertir al Estado fuerte en Estado policial… Y la experiencia histórica enseña que de ahí no se sale sin antes haber derramado muchas, demasiadas lágrimas. Los servicios de inteligencia hipertrofiados minan la confianza de un pueblo y son radicalmente destructivos de toda sana convivencia nacional.

Por ese camino nunca sería posible que se realice el ideal que el General Pinochet presentó a Radio Luxemburgo pocos días después del pronunciamiento: “Tratamos de levantar un país al máximo y que la gente llegue a ser gente de paz y de tranquilidad, que no existan rencores entre nosotros y todos vivamos en paz y democracia con la felicidad que da la libertad”.

Finalmente entre las dificultades más serias que ha tenido que afrontar el gobierno cabe señalar la creciente oposición a Chile en los organismos internacionales. No sólo los países socialistas marxistas han levantado sus voces, como era de esperar, sino que muchas naciones occidentales, tradicionalmente amigas de Chile, han marcado también su distancia; y es previsible que la próxima asamblea general de las Naciones Unidas sea difícil para Chile.

Chile, a diferencia de muchos países, abrió sus puertas a diversas comisiones internacionales que querían verificar en el lugar las denuncias que se hacían. Muchas de esas comisiones eran de reconocida competencia y ecuanimidad —aunque algunas fueran ciertamente prejuiciadas—, y su dictamen nos fue adverso. El bien de nuestra patria y su participación en el concierto de las naciones nos piden recoger lo que haya de verdad en esas acusaciones y corregir los errores. Sería un ejemplo histórico.

¿CUÁNTO HEMOS AVANZADO?

Para medir el espacio recorrido en estos dos años vale la pena recordar las mismas palabras con que las nuevas autoridades presentaron sus planes y juzgaron los fracasos del gobierno precedente. Esos mismos enjuiciamientos conservan el valor de un test.

La Junta Militar de Gobierno a través del bando N° 5 enumeró en 14 puntos las razones por las cuales depuso al gobierno de Allende y asumió el Mando Supremo de la nación. En el primer punto se indica que el gobierno de la UP incurrió en “grave ilegitimidad” por “quebrantar los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de enseñanza, derecho de reunión, derecho de huelga, derecho de petición, derecho de propiedad, derecho en general a una digna y segura subsistencia”. En la segunda razón se critica que el gobierno haya quebrantado la unidad nacional “perdiendo el valioso aporte que todo chileno podría hacer en búsqueda del bien de la Patria”. En la tercera razón y en la cuarta se señala que el gobierno no ha hecho respetar el derecho y se ha colocado al margen de la Constitución en múltiples oportunidades. En el último y sexto punto se critica el reiterado recurso a los resquicios legales y la falta al respeto que se deben entre sí los poderes del Estado, dejando sin efecto las decisiones no sólo del poder judicial sino también del Congreso Nacional y la Contraloría. En la séptima razón de la ilegitimidad en que ha incurrido el gobierno de Allende, se señala que este se extralimitó en sus atribuciones procurando acumular en sus manos la mayor cantidad de poder. El octavo motivo critica la sumisión del Presidente a grupos de presión, sobre todo políticos, para indicar como novena causa la estagnación económica y la inflación que no fueron adecuadamente combatidas. La decimotercera nota señala entre otras cosas que las FF.A A. toman el poder por el “solo lapso que las circunstancias lo exijan”.

Según el Bando 5 el gobierno de Allende, legítimo en su origen, se hizo ilegítimo, inmoral y no representativo del gran sentir nacional.

Algunas de estas mismas ideas encuentran una expresión más periodística en la conferencia de prensa que ofreció el General Óscar Bonilla, Ministro del Interior del nuevo régimen, para explicar las razones del pronunciamiento militar.

Resulta particularmente ilustrativa la larga referencia al conflicto entre los Poderes del Estado y a la necesidad de salvaguardar esos poderes:

“Era un poder Ejecutivo —dice el General Bonilla— que había excedido todas sus esferas de acción. Nuestra obligación es garantizar la institucionalidad y no hay que olvidar que Chile tiene tres pilares y no uno solo”. “El Poder legislativo representa genuinamente la voluntad de la nación y había sido pasado a llevar. Elegido hace pocos meses representaba claramente el sentir de la mayoría del país”.

El Ministro del Interior indicó también que el caos económico fue otra razón del pronunciamiento… sobre todo cuando esa crisis tocó el estómago de los chilenos.

Frente a la corrupción moral, el Secretario de Estado mostró los excesos del libertinaje de la prensa, indicando que bastaba comprar cualquier diario para ver cómo se atacaba soezmente a las personas sin importar nada. “Se lanzaba toda clase de calumnias y groserías incluso contra ex-Presidentes” (Cf. La Tercera, 15 Sept. 1973 p. 3).

En esa misma conferencia recalca el rol de las FF.AA.: “Nuestra gran tarea es buscar la concordia entre las partes”.

Este breve recuento de realizaciones, dificultades y enjuiciamientos nos sugiere con vistas al futuro algunas reflexiones en torno al equilibrio de poderes y nueva legalidad, a la necesaria independencia de las FF.A A. y a algunos conceptos que han jugado en las soluciones que se están aplicando.

EQUILIBRIO DE PODERES Y NUEVA LEGALIDAD

La Junta de Gobierno y el General Bonilla fueron terminantes en su enjuiciamiento de la gestión de Allende. Criticaron el desequilibrio de poderes en beneficio de un ejecutivo invasor. Ese hecho debe hacernos meditar para proyectar el futuro. No tocaremos aquí el Problema del Poder Legislativo, que es más complejo, y nos referiremos solamente al poder judicial y a la necesidad de crear una nueva legalidad que evite la marginación de la Corte Suprema.

La prolongación del Estado de Sitio ha hecho que la Corte Suprema quede marginada en los casos más conflictivos que han servido para crear una mala imagen de Chile en el exterior. Es una realidad que la Constitución Política deja en la penumbra el papel exacto del Tribunal Supremo en circunstancias de Estado de Sitio. Esto se hace grave y peligroso precisamente cuando el Estado de Sitio se prolonga. La contraposición de los artículos 16 de la Constitución Política —que reconoce el recurso de amparo— y el 12 —que concede facultades privativas al Presidente de la República cuando se declara el Estado de Sitio— en la práctica ha ligado durante estos dos años las manos al Tribunal Supremo de Justicia. Esta traba se ha hecho más dramática por el precedente afirmado por la Corte —en contra del parecer de su actual Presidente— de estimarse sin facultad para supervisar a los tribunales de guerra y conocer en última instancia las causas ventiladas en éstos.

La situación actual no ha sido beneficiosa ni para la Corte Suprema, que ha parecido débil en las circunstancias por todos conocidas, ni para el gobierno que, sin arriesgar nada fundamental, hubiese podido dar un peso moral indiscutible a las sentencias de los tribunales de guerra. Y ciertamente tampoco ha sido beneficiosa para el ciudadano corriente, que ha podido ver sus derechos amenazados.

La Junta Militar nada tiene que temer, por el contrario, de una supervigilancia independiente y serena de la Corte Suprema sobre todos los tribunales, incluidos los de guerra; y la posibilidad efectiva del recurso de amparo podría redundar en mayor confianza interna y externa.

Es importante recordar que el punto neurálgico de los ataques a Chile en el exterior se ha ubicado en los derechos humanos, y la Corte Suprema debería salir como supremo garante de esos derechos.

Si hay ambigüedades en la legislación, sería en beneficio de todos que cuanto antes se abriera una puerta que diera nuevas posibilidades de acción al Supremo Tribunal. Eso redundará en prestigio para Chile siempre que la Corte cumpla con su deber, como prometió su anterior presidente y el pleno lo ratificó inmediatamente después del pronunciamiento.

ESQUEMAS A CRITICAR

En el modo de enfrentar la realidad nacional y en las soluciones que se han propuesto para los problemas, hay dos esquemas de pensamiento que deben ser seriamente criticados si no se quiere hipotecar el futuro y sembrar conflictos.

En primer lugar el liberalismo económico, dogmático y trasnochado, que desconociendo nuestra historia, nuestro modo de ser y nuestra real situación, quiere privilegiar sin contrapeso alguno la libre competencia, el individualismo, el primado absoluto de lo económico y el incontrolado afán de lucro.

Las grandes víctimas de un desarrollo construido sobre este esquema serán los trabajadores, que verán su trabajo humano convertido en vulgar mercancía.

Difícilmente el esquema capitalista liberal podría conciliarse con el deseo expresado por la Junta en su primer bando donde se asegura a los obreros que sus derechos adquiridos serán respetados.

El segundo esquema que debe ser cuidadosamente discernido y que ha aparecido a menudo en estos dos años es el nacionalismo. El nacionalismo es un modo de pensar atrayente porque tiene muchos elementos positivos: el necesario amor a la Patria, a sus valores, a sus hombres y símbolos, a su cultura. Pero envueltas en esas realidades positivas se ocultan verdades engañosas. Puede haber una tendencia a privilegiar las costumbres, los símbolos y las cosas por sobre los hombres de carne y hueso que constituyen el patrimonio fundamental y el gran tesoro de la nación. El concepto mismo de nación, en lugar de brotar desde un consenso fundamental, corre el riesgo de convertirse en una camisa de fuerza que se impone desde arriba, y es controlado por una minoría que determina cuál es su contenido. Un grupo puede monopolizar el contenido y significación de la nación y excomulgar, expatriar a todo el que no acepte sus esquemas.

Históricamente los nacionalismos suelen ser cerrados sobre sí mismos sin aceptar la interdependencia creciente y enriquecedora entre los hombres del mundo. Históricamente se han vuelto hacia el pasado, privilegiando un momento de la historia. Se han quedado fijados allí… desconociendo la historia real. Con inconciencia increíble pretenden borrar por decreto largos trozos de historia, prescindir de la vida real, de las esperanzas y alegrías, de las penas y luchas que han ido dejando una huella imborrable en un pueblo.

EJÉRCITO, IMPARCIALIDAD Y CONCORDIA

El General Bonilla decía que la gran tarea de las Fuerzas Armadas era buscar la concordia entre las partes. Al releer los editoriales de Mensaje escritos en el último año de la Unidad Popular, cuando la convivencia nacional se encrespaba y amenazaba con una ruptura sangrienta, aparece el diálogo como un tema de fondo. En un momento en que los grupos se armaban y levantaban sus trincheras, nuestra revista se unía a la voz de los que pedían la cordura y la concordia. Propiciábamos entonces el diálogo leal y patriótico entre las auténticas fuerzas democráticas. Y en ese diálogo nos parecía que las Fuerzas Armadas debían jugar un papel fundamental. La tradición profesional no deliberante, el respeto a la institucionalidad y a la voz de las mayorías eran una prenda de ecuanimidad e independencia. Las partes en pugna podían reconocer en nuestros Institutos Armados los garantes de todo compromiso social.

Este prestigio lo habían logrado en los últimos decenios a costa de no pequeños sacrificios, incluida la muerte de un general en jefe. La solución del paro de octubre de 1972 gracias a la participación militar en el gobierno fue una prueba irrecusable de la confianza general que los uniformados inspiraban.

Nos parecería delicado y grave para el futuro de la patria si este prestigio se perdiera definitivamente. Estimamos esencial para construir el porvenir dentro de los marcos más característicos de la nación chilena que los militares no se aten las manos ni a esquemas económicos ni a grupos que representan a pequeñas minorías. Y esto no sólo en la proclamación de los principios sino también en la elección de los colaboradores y de las políticas generales a seguir.

Las tareas de gobierno, por la fuerza de las cosas, han llevado a las FF.A A. a elegir entre diversos colaboradores posibles y a tomar algunas opciones. El riesgo ha sido grande de acentuar fuertemente todo lo que se opone al régimen anterior, cayendo en un extremo del espectro político por evitar el extremo opuesto. Muchos colaboradores civiles tienen opciones demasiado reconocidas como para no teñir con su sola presencia la imagen del gobierno. El pretendido “apoliticismo” de algunos de esos colaboradores no es sino un mascarón de proa que oculta tendencias políticas muy determinadas y que, como debe reconocerse, no representan las grandes mayorías de la nación.

Tuvimos esperanzas, y las renovamos, al leer el segundo punto del Bando cinco que citábamos más arriba, que todos los chilenos serían invitados a la mesa de Chile. En ese bando se criticaba a la UP porque había quebrantado la unidad nacional “perdiendo el valioso aporte que todo chileno podría hacer en la búsqueda del bien de la Patria”. Para que esa declaración tenga sentido, se supone que se va a respetar el punto de vista de todos los que son llamados a colaborar.

Al cumplirse dos años de gobierno nos parece que recobran una renovada actualidad las palabras que el Comité Permanente del Episcopado nacional entregó al país el día 13 de septiembre de 1973:

“Nos duele inmensamente y nos oprime la sangre que ha enrojecido nuestras calles”. “Pedimos respeto por los caídos”. “Pedimos moderación frente a los vencidos… que se acabe el odio, que venga la hora de la reconciliación”… “Confiamos que los adelantos logrados en Gobiernos anteriores por la clase obrera y campesina no serán desconocidos… La cordura y el patriotismo de los chilenos unidos a la tradición de democracia y humanismo de nuestras Fuerzas Armadas permitirán que Chile pueda volver muy luego a la normalidad institucional, como lo han prometido los mismos integrantes de la Junta de Gobierno”.

Y esperamos que las palabras con que el General César Mendoza se dirigió a la nación sigan siendo programáticas:

“En este momento supremo de decisión, Carabineros de Chile al integrarse a la Junta que hoy ha asumido el mando del país, ha tenido como meta restablecer el orden jurídico que últimamente estuvo seriamente quebrantado. No se trata de aplastar tendencias o corrientes ideológicas, ni de venganzas personales, sino, como dije, de restablecer el orden público y volver al país por la senda del cumplimiento de la Constitución y de las leyes de la República. Es, pues, el espíritu de la Junta volver a la senda de la verdadera legalidad…”.

Que la experiencia de dos años permita corregir los errores para que ese espíritu se haga realidad.

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