Una serie de “Comentarios Nacionales” que tenían como cuestión central la dificultad para arribar a un diálogo entre el presidente Salvador Allende y la oposición escribió Jaime Ruiz-Tagle P. ese año 1973. Tópico habitual eran las perspectivas de que la Iglesia chilena, en la persona del cardenal Raúl Silva Henríquez, sirviera de instancia mediadora. Así se leía en este artículo de septiembre de 1973, publicado apenas días antes del golpe de Estado.
A pesar de la proliferación de paros, huelgas y atentados terroristas, el hecho político más importante del último mes ha sido el diálogo establecido entre el Gobierno y la directiva del PDC, acogiendo el llamado del Cardenal y los Obispos de Chile(1). Hasta se podría pensar que la violencia terrorista es una consecuencia indirecta del diálogo: los extremistas comprenden que cualquier conversación entre los bandos en pugna —por tensa que sea— hace más difícil que se realice su “ideal” de enfrentamiento armado.
La presencia de la Iglesia en la política chilena es tan antigua como la historia del país(2). Sin abundar en las luchas entre católicos y laicistas en el siglo XIX, baste señalar que a comienzos de este siglo la vinculación entre la Iglesia y la política era tal que un jesuita podía escribir: “El Partido Conservador es el brazo derecho de la Iglesia chilena”(3). Incluso se afirmaba que el Arzobispo de Santiago habría dicho: “Lo que es bueno para el Partido Conservador, es bueno para la Iglesia”. Pese a las insistentes directivas de Mons. Crescente Errázuriz a su clero, prohibiéndole inmiscuirse en la política partidista, la vinculación de la Iglesia a políticas conservadoras se prolongó todavía por varios decenios(4). Por eso, comentando el llamado del Cardenal, un Senador afirmaba acertadamente: “Durante años —y hablamos de la generalidad del ámbito de nuestro continente— la Iglesia actuó como protectora o asociada de los regímenes políticos conservadores y aun dictatoriales, y en el fondo su prédica se limitaba a aconsejar resignación a los explotados”.
A partir del Gobierno del Frente Popular (1938) la actitud de la Jerarquía empezó a cambiar: no sólo permitió la existencia de la Falange, partido que se rebeló contra su padre conservador, sino que contribuyó a legitimar un régimen de izquierda(5). Con todo, hubo que esperar la llegada al pontificado de Juan XXIII y el impacto de la revolución cubana para que los Obispos rompieran sus lazos con la derecha(6).
Sin embargo, el cambio más importante se produjo después del Segundo Concilio Vaticano: como suele suceder con este tipo de acontecimientos, su impacto no se limitó a las declaraciones sino que se ha prolongado a través de las ideas y fuerzas que contribuyó a liberar y promover. Como la Constitución sobre la Iglesia había invitado a los Obispos a “ejercitar el poder jurídico por medio de conferencias regionales”, los Obispos latinoamericanos se reunieron en Medellín, Colombia, en agosto y septiembre de 1968, a fin de trazar nuevas líneas para la Iglesia del sub-continente. Esta Conferencia da un paso trascendental: del “no-compromiso” con las políticas derechistas se pasa a un compromiso con los pobres, los débiles, los postergados; se denuncia la “violencia institucionalizada” y se anuncia la liberación. En términos más concretos esto significa que la Iglesia deberá oponerse a cualquier forma de explotación del hombre y respaldar los intentos de cambio social. Se ha asumido una posición política progresista, por decir lo menos.
Sería largo hacer un recuento de todas las intervenciones de la Jerarquía en estos tres años y muy difícil precisar su influencia política. Sin embargo, parece evidente que esta influencia ha existido, ya que tanto la prensa de Gobierno como la de oposición se han encargado de utilizar (y con frecuencia de deformar) hasta la más mínima intervención de las autoridades religiosas.
De todas las intervenciones de los Obispos y sacerdotes, nos parece que hay tres que han tenido un especial impacto: el “documento de trabajo” Evangelio, política y socialismos (abril 1971), las declaraciones en torno al Primer Encuentro Latinoamericano de “Cristianos por el Socialismo” (abril 1972) y las que se refirieron a la Escuela Nacional Unificada (ENU, abril 1973).
El documento de 1971 fue emitido luego de una declaración en que los Obispos proclaman: “Frente al legítimo Gobierno de Chile, respeto a su autoridad y colaboración en su tarea de servicio al pueblo”. El calificativo de “documento de trabajo” mostraba la actitud abierta de la Jerarquía y de hecho el contenido mismo del documento ha sido considerado como “abierto” y aun “positivo” por algunos militantes de izquierda. Sin embargo muchos otros consideraron que se insistía de tal modo en los “riesgos” del socialismo marxista que la consecuencia podía ser una contribución a mantener el statu quo(7).
La presencia de numerosos sacerdotes y hasta de un Obispo extranjero hizo que el Encuentro Latinoamericano de “Cristianos por el Socialismo” tuviera una trascendencia mucho mayor que la que podría alcanzar un movimiento político de simples laicos(8). La Jerarquía chilena no patrocinó el Encuentro, pero tampoco —aunque deslindó totalmente su responsabilidad— hizo nada por impedir su realización. A pesar de las diferencias de opiniones que se manifestaron en los intercambios epistolares, el rasgo fundamental en la actitud de los Obispos fue la permisividad.
En fin, la declaración del “Comité Permanente del Episcopado” en torno a la ENU fue matizada, señalando aspectos positivos, críticas y vacíos(9). Gobierno y oposición se valieron de esto para utilizar el ascendiente moral de la Iglesia a favor de sus posiciones políticas(10), pero la verdad es que entre los dos grupos en pugna la Iglesia ocupó el centro; el calificativo que mejor correspondería a la intervención de los Obispos sería el de “crítica constructiva”.
En general se podría afirmar, como lo ha hecho un diputado de izquierda, que “sin adoptar una actitud política, pero asumiendo su responsabilidad como institución comprometida en este país, la Iglesia y el Cardenal han mantenido en los últimos dos años y medio una actitud abierta y positiva que se funda exclusivamente en el propósito de servir al interés nacional”. Por esto —más allá de su utilización coyuntural— las declaraciones de la Jerarquía han sido acogidas normalmente con simpatía por los diarios y revistas de izquierda, y con desagrado, más o menos velado, por los órganos de derecha.
Hasta aquí nos hemos referido a las intervenciones de la Jerarquía que se han mantenido en al plano ideológico o doctrinario. Lo nuevo, lo que ha hecho noticia en el mes recién pasado, es que la Iglesia ha intervenido para sugerir una medida política concreta: el diálogo.
No hay que extrañarse demasiado de la proposición de medidas concretas. Pío XII las sugirió con frecuencia durante el período de la guerra fría, para promover la distensión y el desarme. En Chile se podría citar como precedente la famosa entrevista de 1953 entre Monseñor Caro y el Presidente Ibáñez para defender a los campesinos, en conflicto con sus patrones de derecha(11). En estos casos, el Papa y el Cardenal tomaron claras posiciones políticas. Lo mismo sucede en el caso que nos ocupa. En efecto, en términos estrictamente políticos, existen fuera del diálogo otras posibilidades de acción: se podría utilizar tácticas distractivas o dilatorias, aplicar medidas represivas, promover el enfrentamiento armado. El diálogo es un camino, entre otros, y corresponde a una determinada posición política(12).
En este sentido, por más cierta que sea la afirmación de los Obispos: “Sólo nos mueve el bienestar de Chile”, no es menos cierto que su declaración: “No representamos ninguna posición política” debiera ser matizada. El diálogo no es una posición partidista, pero es una posición que se opone a la que han adoptado los grupos extremistas: éstos ciertamente no ven con simpatía un llamado a “que se desarmen los espíritus y las manos”. Para decirlo en forma más directa: los Obispos han tomado una posición política opuesta a la del MIR y “Patria y Libertad”(13).
Pero hay algo más. El Partido Nacional opinaba que “el diálogo es una pérdida de tiempo”(14) y en sectores de la DC habría existido una disposición formal a dialogar: lo que esperaban era que estas conversaciones contribuyeran a terminar con el “mito del diálogo”. Por otra parte, en la izquierda el Partido Socialista no ocultó su oposición a las conversaciones.
Si las declaraciones señaladas dan luz sobre esta posición política, también la dan ciertas reacciones que siguieron al ingreso de las Fuerzas Armadas al Gabinete, condición que fue considerada indispensable para hacer fructificar el diálogo. La Democracia Radical y el Partido Social Demócrata manifestaron su desacuerdo porque se utilizarían las Fuerzas Armadas para continuar la fracasada política gubernativa. En la izquierda, el MAPU se unió al MIR, denunciando la capitulación del Gobierno.
Los Obispos tienen razón al señalar que a través del diálogo se pueden lograr “soluciones duraderas”, que cuenten con “la adhesión de la gran mayoría de los chilenos”, pero esa mayoría excluye a los grupos extremistas, a los partidos de derecha, al MAPU. a sectores importantes del Partido Socialista y probablemente a algunos sectores de la Democracia Cristiana(15).
¿Quiénes constituyen, entonces, esta “gran mayoría”? Los que tienen “la voluntad de realizar urgentes y profundos cambios sociales” y están dispuestos a “crear las condiciones de un diálogo que baga posible el entendimiento”.
Puede parecer sorprendente que haya sido necesaria la intervención de una autoridad religiosa para que se restableciera el diálogo, ya que la discusión, la búsqueda de acuerdos y compromisos, forman parte de la esencia del sistema democrático. El Parlamento tiene por objeto precisamente servir de tribuna a las diferentes opiniones para que se impongan las soluciones más razonables o se logren los compromisos más convenientes para el país. Pero poco a poco este lugar de encuentro ha ido perdiendo su sentido porque quienes podrían dialogar ahí han olvidado una parte de su programa: la UP por su tendencia a apartarse de la vía chilena mediante el uso excesivo de “resquicios legales” y la DC por el olvido de sus proyectos de cambio social. El distanciamiento se ha acentuado en tal forma que se ha llegado al borde de la guerra civil. Entonces —como dos sonámbulos que despiertan en la cornisa de un alto edificio— han visto que si no se tienden lo mano caerán al vacío. Pero ninguno de los dos quiere hacer el primer gesto, para no manifestar su debilidad. Hace falta que se aproxime alguien que inspire confianza y una las manos; ése ha sido el rol del Cardenal(16). Sin ese gesto, la historia de Chile pudo haber seguido un camino de sangre.
Queda la pregunta sobre el reingreso de las Fuerzas Armadas al Gobierno. ¿Por qué era éste indispensable pura hacer posible el diálogo? Porque existía, existe aún, una aguda crisis de confianza. Como lo ha señalado un destacado comentarista político, “el problema de la confianza no es un problema secundario ni en la vida de los pueblos ni en las relaciones entre simples seres humanos; es un problema capital”. Por su parte los juristas han señalado que no hay sistema jurídico que resista la voluntad decidida a tergiversar las leyes; sin confianza, el sistema jurídico chileno sería insostenible. Pues bien, los representantes de las Fuerzas Armadas son precisamente la garantía que inspira confianza. El Gobierno comprendió también que si se continuaba aplicando la “ley de control de armas” en forma intensiva, se iría creando un abismo cada vez mayor entre muchos militantes de la UP y las Fuerzas Armadas(17); al integrar a los altos mandos al Gabinete, el Gobierno les estaba demostrando que no tenía intenciones de formar un ejército paralelo que justificara la búsqueda masiva de armas. En fin, el hecho de que los militares aceptaran tomar sobre sus hombros —con poderes limitados— la grave crisis que vive el país, sólo puede explicarse si ellos han comprendido que ésta es la forma menos costosa, en términos sociales y políticos, de poner orden y evitar el enfrentamiento.
El retorno de los uniformados ha sido objeto de muchos comentarios. El articulista de Le Monde (París) escribía: “Cabe preguntarse si el retorno a escena de los militares al Gobierno no va a provocar un estallido en la coalición de la Unidad Popular, pues los socialistas, el MAPU y la IC han manifestado su hostilidad resuelta a esta fórmula, que permite, sin embargo, a Allende ganar tiempo y luchar contra el terrorismo que se desarrolla”. Y un redactor del Times (Londres) señalaba: “Es posible que finalmente un sector del PS, junto con el MAPU y la IC le retiren su apoyo (a Allende)… Si esto sucede, la UP podría ser reemplazada por una nueva alineación de centro-izquierda, integrada por comunistas, socialistas moderados, radicales y las Fuerzas Armadas, probablemente con un grado de apoyo de los democristianos, pero enfrentando una apasionada oposición de los revolucionarios de la izquierda y los nacionalistas de la derecha”(18).
“Cabe preguntarse”… “Es posible”… En todo caso, es seguro que si la Unidad Popular se quiebra será porque algunos no han respetado la “vía chilena”, el camino del consenso, la voz de la mayoría. Con su intervención los Obispos han contribuido a que la Unidad Popular sea consecuente con su propio proyecto.
21 de agosto do 1973
(1) El texto del llamado y un comentario editorial pueden leerse en el N° 221 de Mensaje (agosto 1973).
(2) Nos referimos a la Iglesia Jerárquica: Obispos, sacerdotes, religiosos. Hasta ahora los grupos apostólicos de laicos no han tenido ninguna influencia política importante.
(3) Cf. Jorge Fernández Pradel, “Le Chili apres 100 ans d’indépendance”. Paris, 1912. En honor a este notable apóstol social, vale la pena señalar que en su edad madura consideraba este libro como un “pecado de juventud”.
(4) Cuando el P. Vives afirmaba en 1935: “La izquierda y la derecha no implican división en el terreno religioso: ellas son tendencias económicas…”, era una voz que clamaba en el desierto. Su acción y sus ideas le valieron largos años de exilio.
(5) Según algunos observadores, la visita de Monseñor Caro al Presidente electo contribuyó en forma importante a la consolidación de Pedro Aguirre Cerda como Jefe de Estado, ya que su investidura era cuestionada por la derecha.
(6) La pastoral “El deber social y político en la hora presente”, que constituyó un best-seller, fue violentamente atacada por el Partido Liberal. Cf. Mensaje, N° 114, noviembre 1962.
(7) Planteamientos críticos de izquierda fueron hechos por “Los ochenta” en El compromiso político de los cristianos, Fundación Manuel Larraín, Talca, julio 1971, y por el teólogo Juan Luis Segundo S.J. en La Iglesia chilena ante el socialismo, Fundación Manuel Larraín, Talca, octubre 1971.
(8) Véase Mensaje, N° 209, junio 1972. Véase también: Cristianos por el socialismo. Primer Encuentro Latinoamericano. Ed. Mundo Nuevo, Santiago, 1972, 302 p., y Cristianos por el socialismo: ¿consecuencia cristiana o alienación política?, IDEP, Santiago, 1972, 438 p.
(9) Sobre la ENU, cf. Mensaje, N° 218, mayo 1973. “La ENU: ¿control de las conciencias o educación liberadora?”. Fundación Manuel Larraín, Talca, mayo-junio, 1973. Muchos militantes de oposición quedaron muy irritados porque la Iglesia no pronunció un “no” rotundo contra la ENU.
(10) El diario Clarín señaló que los “Obispos Latinoamericanos y la Unesco recomiendan la Escuda Nacional Unificada” y El Mercurio habló del “rechazo episcopal a la ENU”.
(11) “Logró no sólo calmar al Presidente, sino convencerle de la necesidad de mantener una actitud neutral y, en cierto modo, favorable a los campesinos”. Cf. Henry A. Landsberger — Fernando Canitrot M., Iglesia, intelectuales y campesinos, Ed. del Pacífico, Santiago, 1967, p. 30.
(12) Esta opción puede justificarse plenamente desde un punto de vista ético, ya que “La peor desgracia que puede ocurrir… es la guerra civil”, pero aquí nos limitaremos a situarla en términos meramente políticos.
(13) Parece evidente que el asesinato del Edecán Naval del Presidente de la República fue obra de terroristas decididos a impedir el diálogo.
(14) Un articulista de derecha criticaba la “falsa paz”, “destinada sólo a que el marxismo gane tiempo y siga atropellando la ley”. Y luego agregaba: “Parece indispensable que las Jerarquías de Chile, al recomendar el desarme de los espíritus, “nadan a sus laudables llamados las definiciones necesarias. La paz, para que sea verdadera, debe ser justa. No puede haberla si se atropella la libertad…”. El autor mitifica la “ley” y la “libertad”, convirtiéndolas en pre-requisitos para el diálogo; una forma elegante de decir: no.
(15) No se trata de que los obispos se excluyan, sino de que ellos mismos se excluyen del camino propuesto por la Jerarquía católica.
(16) Dejando de lado las imágenes, la intervención del Cardenal fue muy activa: conversó con altos dirigentes políticos de varios sectores antes y después del diálogo, logró reunir en su casa —lugar no comprometido— a personalidades de bandos opuestos y se entrevistó hasta con el Presidente Allende, consciente de que el Jefe de Estado tiene más fuerza que toda la UP junta. No quiso ser aval ni mediador, sino sólo facilitar los encuentros. Su intervención fue decisiva para algunos dirigentes políticos cristianos, que consideraban el diálogo como un sacrificio político muy duro.
(17) Muchos sectores de la UP han calificado esta ley como “la nueva ley maldita”: el PC y la CUT han pedido que sea reformada. El comandante en jefe del Ejército había anunciado una querella contra un diputado socialista a causa de las injurias a las Fuerzas Armadas que éste había proferido luego de que en un allanamiento en diversas industrias de Punta Arenas un obrero cayó muerto a bala.
(18) Muchos cientistas políticos consideran que hay una ley de las coaliciones que las impulsa hacia el centro: no hacia el centro de la propia coalición sino hacia el centro del abanico político.