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La organización ha reclamado a la ONU una investigación independiente sobre los miles de filipinos muertos en nombre de la guerra contra las drogas declarada por el presidente Rodrigo Duterte y denuncia abusos sistemáticos cometidos con impunidad.
En su segundo informe sobre el tema, Amnistía Internacional asegura que las víctimas son principalmente filipinos pobres, muchos de los cuales figuran en “las listas de vigilancia de la droga”.
Sus nombres son entregados por autoridades locales sometidas a “presiones inmensas” por parte de la policía para que les den constantemente nombres de sospechosos.
“Peor aún, los que figuran en las listas de vigilancia parecen estar allí indefinidamente, sin ninguna posibilidad de ser retirados, aunque hayan seguido el tratamiento y dejado de consumir droga”, afirma la organización internacional.
MILES DE VÍCTIMAS DESCONOCIDAS
El gobierno filipino, según el informe, “ha reconocido más de 6.500 muertes de presuntos autores por parte de la policía”. Pero “también ha habido miles de asesinatos de personas armadas desconocidas, muchas de las cuales podrían estar relacionadas con la policía”. Una masacre que ahora se ha trasladado de la región de Manila a la provincia de Bucalan, en la región central de Luzón. Durante una conferencia de prensa celebrada en Manila para presentar el informe, el director de la sección de Amnistía Internacional, Butch Olano, afirmó que la provincia de Bulacan se ha convertido en “el campo de exterminio más sangriento del país”.
“Además de los asesinatos, se siguen elaborando listas de vigilancia de drogas ilegales y sigue habiendo una dolorosa falta de programas de tratamiento contra las drogas que violan el derecho a la salud”, dice el informe.
EL IMPACTO EN LAS FAMILIAS
Una situación que, según la ONG, está causando un impacto violento en todas las familias de las personas asesinadas en operaciones de narcotráfico que “siguen sufriendo penurias y daños económicos después de que sus seres queridos han desaparecido”. Y también por eso piden justicia. Una condición dramática que empuja a muchas personas a la resignación: casi todos los entrevistados por Amnistía Internacional dicen que no tienen esperanzas de obtener justicia en el país.
LA REACCIÓN DEL GOBIERNO
El gobierno de Duterte, por su parte, niega tener una política que permita las ejecuciones extrajudiciales. Hasta ahora, el gobierno filipino ha intentado rechazar cualquier intento de investigación internacional. Cuando la Corte Penal Internacional inició un examen preliminar de la situación en 2018, el presidente Duterte anunció inmediatamente que el país se retiraría del Estatuto de la Corte, lo que ocurrió entonces.
PETICIÓN A LA ONU: PONER FIN A LA VIOLENCIA
Dada la clara incapacidad del gobierno para abordar estos temas, existe una necesidad urgente de acción internacional. La Organización No Gubernamental se dirige así a la comunidad internacional, pidiéndole que presione al gobierno filipino para que ponga fin a la violencia.
Amnistía Internacional ha pedido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que inicie inmediatamente una investigación independiente, imparcial y efectiva sobre las violaciones cometidas durante la guerra contra las drogas, incluidos los posibles crímenes contra la humanidad.
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Fuente: www.vaticannews.va
