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Con estimaciones que sugieren que alrededor de 400 personas podrían beneficiarse de esta amnistía, la propuesta se encuentra en el centro de un intenso debate político en España.
El examen de la propuesta legislativa destinada a otorgar amnistía a un significativo número de independentistas catalanes insta a un análisis pormenorizado en relación con su fundamentación política, la clasificación de los delitos involucrados y la amplia gama de individuos que podrían verse beneficiados por esta medida. Esta legislación se desenvuelve en un contexto político de alta complejidad, donde la demanda de los independentistas catalanes se erige como un factor central y determinante. La concesión de la amnistía se presenta como una contraprestación necesaria para asegurar el apoyo crucial de sus diputados en el Parlamento durante la investidura del líder socialista Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Aunque Sánchez mostrara inicialmente su oposición a la amnistía hasta la víspera de las elecciones legislativas de julio, hacia finales de octubre manifestó su intención de transformar “la necesidad en virtud”, adoptando esta medida en aras de lo que él considera una contribución a la “normalización política en Cataluña”. La motivación declarada apunta a cerrar heridas y resolver el conflicto político catalán, seis años después del intento fallido de secesión en 2017, según las palabras del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, expresadas en la noche del lunes.
En lo que respecta a los delitos y sujetos contemplados por la propuesta de ley, esta busca amnistiar los actos cometidos con la intención de respaldar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, específicamente en el marco del referéndum de autodeterminación de octubre de 2017 y la consulta simbólica de noviembre de 2014. La temporalidad de la medida se extiende desde el 1 de enero de 2012, abarcando delitos de índole penal, administrativo o contable vinculados a estos dos eventos cruciales en la historia política reciente de Cataluña. La amnistía incluiría tanto a líderes y funcionarios catalanes responsables de la organización del referéndum de 2017, prohibido por la justicia, como a simpatizantes de base que intentaron, por ejemplo, obstruir el acceso de las fuerzas del orden a los centros de votación. La acción policial, que desencadenó episodios de violencia en 2017, también recibiría amparo por esta medida. La propuesta contempla la posibilidad de que Carles Puigdemont, aún requerido por la justicia española, regrese a España seis años después de su huida a Bélgica para evadir procesos judiciales. Además, los dirigentes independentistas, como Oriol Junqueras, condenados a largas penas de prisión e indultados en 2021 por el gobierno de Sánchez, verían revocadas sus sentencias de inhabilitación, activas hasta el momento. Los tribunales tendrían un plazo máximo de dos meses para aplicar la amnistía, y los recursos presentados no tendrían efecto suspensivo, según estipula la propuesta legislativa. Con estimaciones que sugieren que alrededor de 400 personas podrían beneficiarse de esta amnistía, la propuesta se encuentra en el centro de un intenso debate político en España, donde las líneas divisorias entre defensores y detractores se vuelven cada vez más marcadas.
La amnistía incluiría tanto a líderes y funcionarios catalanes responsables de la organización del referéndum de 2017, prohibido por la justicia, como a simpatizantes de base que intentaron, por ejemplo, obstruir el acceso de las fuerzas del orden a los centros de votación.
El respaldo político a esta iniciativa se vislumbra en una potencial mayoría parlamentaria compuesta por 178 diputados provenientes del Partido Socialista, la izquierda radical, y los partidos nacionalistas o independentistas vascos, catalanes y gallego. Este amplio respaldo contrasta con la firme oposición manifestada por sectores políticos de la derecha, como el Partido Popular (PP), que ostenta la mayoría en el Senado, y la formación de derecha radical Vox. En medio de una intensa movilización de la derecha en las calles, los partidos firmantes buscan la adopción urgente de la propuesta, mientras que el PP, mediante la modificación del reglamento del Senado, pretende ralentizar su evaluación, subrayando las tensiones políticas que rodean este controvertido proyecto legislativo.
Los detractores de esta iniciativa acusan al presidente Pedro Sánchez de atentar contra el Estado de Derecho, sugiriendo que su único propósito es consolidar su permanencia en el poder. Tanto el Partido Popular como Vox han anunciado su intención de interponer todos los recursos legales disponibles. En paralelo, una porción de la magistratura, encabezada por el Tribunal Supremo, la más alta instancia penal del país ha expresado su oposición de manera contundente. Remarcando la importancia del Estado de Derecho, este tribunal subrayó el lunes que el respeto absoluto a la división de poderes es imperativo, recordando los fundamentos en los cuales se erige tanto la Unión Europea como el orden constitucional interno. Estas voces discordantes revelan las profundas divergencias y tensiones que rodean a esta propuesta legislativa, que va más allá de ser un asunto meramente político, para convertirse en un debate fundamental sobre los principios jurídicos y la estructura institucional del país.
Por otro lado, la introducción del concepto de lawfare, que alude a la instrumentalización del sistema judicial con propósitos políticos, no se halla explicitada en la propuesta de ley de amnistía, pero se encuentra consignada en el convenio suscrito entre el Partido Socialista de Sánchez y el liderado por Puigdemont. La emergencia de dicho término genera inquietud, particularmente entre los magistrados, quienes han exteriorizado su desaprobación hacia la eventual implementación, conforme al pacto, de comisiones de investigación parlamentarias encargadas de analizar decisiones judiciales que podrían haber sido percibidas, según los independentistas, como una suerte de utilización de la justicia con propósitos políticos.
Finalmente, este escenario plantea la posibilidad tangible de someter a una revisión parlamentaria los procesos y determinaciones judiciales, lo cual entrañaría una injerencia evidente en la autonomía judicial. Tales inquietudes fueron expresadas de manera categórica por diversas entidades representativas de la judicatura en el transcurso de la jornada del jueves. La perspectiva de que las decisiones judiciales sean objeto de un escrutinio parlamentario implica, en la práctica, un desafío sustancial a la independencia del poder judicial, un principio fundamental en el contexto del Estado de Derecho. La crítica articulada por las organizaciones magistrales subraya la relevancia intrínseca de salvaguardar la integridad y autonomía de las instancias judiciales, constituyendo una advertencia elocuente contra cualquier iniciativa que podría debilitar dicha independencia. La intrusión de la esfera parlamentaria en la evaluación de decisiones judiciales plantea interrogantes trascendentales sobre el equilibrio de poderes y la salvaguardia de los principios fundamentales del sistema legal. En última instancia, esta polémica pone de manifiesto la tensión inherente entre la esfera política y judicial, destacando la importancia de abordar con cautela cualquier medida que pueda comprometer la integridad del sistema judicial y socavar los cimientos del Estado de Derecho.
Imagen: Pexels.
