Sr. Director:
Según datos de Leasur ONG, cerca de 14.000 personas no podrán votar en las múltiples elecciones de este año debido a que están privadas de libertad. Esto no se refiere a personas que perdieron su derecho debido a que están condenados por un delito grave, sino que son personas que están esperando una sentencia o que están condenados por delitos con penas bajas. La Corte Suprema ha fallado en más de una ocasión estableciendo la obligación del gobierno y el Servel en asegurar el ejercicio de un derecho humano esencial, pero hasta ahora nadie ha hecho nada.
La desidia institucional para resolver el problema de quienes no pueden concurrir por sus medios a votar ya no alcanza solo a las personas recluidas. La pandemia ha dejado a miles de personas en situaciones complejas, ya sea por el miedo al contagio, por estar enfermas, o por tener que hacer cuarentenas preventivas. Para ninguna de estas personas existe una solución que les permita ejercer sus derechos políticos. Al contrario, a pesar de que distintas organizaciones de la sociedad civil han tratado de levantar sus demandas, estas han sido consistentemente ignoradas por la autoridad.
La administración electoral chilena ha tenido un desempeño notable desde el retorno a la democracia y, con ello, ha convertido a muchos en víctimas de ese éxito. Por el miedo a tocar un sistema que parece perfecto, se han rechazado propuestas bien elaboradas de voto anticipado y voto domiciliario. Con ello, miles de votantes han quedado sistemáticamente excluidos. Pero el rechazo nunca ha sido directo, sino que se ha construido sobre la base de ignorar las propuestas hasta el punto en que el poco tiempo las hace inviables.
Hoy, después de semanas promoviendo un proyecto de voto anticipado que podría haber dado alguna solución a estos problemas, el Gobierno y el Congreso terminaron inclinándose por la votación en dos días. Esta solución no sólo era una de las más complejas en términos logísticos, sino que no soluciona en nada la situación de quienes se encuentran privados de libertad, postrados, o recluidos en sus hogares a consecuencia de la pandemia. A pesar de tener en su escritorio, por meses, propuestas preparadas por diversas organizaciones sobre cómo avanzar en inclusión electoral en tiempos de pandemia, las autoridades decidieron implementar la medida más improvisada. No tengo razones para creer que el sistema de administración electoral no estará a la altura de las circunstancias. Sin embargo, tendremos nuevamente un sistema que parece perfecto, hasta que se mira la mugre debajo de la alfombra.
Javier Sajuria
