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Sr. Director:
En la medianoche del domingo 28 de julio, el organismo electoral venezolano declaró ganador a Nicolás Maduro con una ventaja aproximada de ocho puntos porcentuales sobre el candidato opositor Edmundo González.
Desde el principio la contienda fue absolutamente desigual, principalmente por la falta de imparcialidad del árbitro comicial. En efecto, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, es un conocido representante del chavismo venezolano. Incluso, cuando se desempeñaba en el pasado como contralor general, fue factor decisivo en la inhabilitación política de varias figuras opositoras, especialmente de quien es hoy la más destacada, María Corina Machado. Por otra parte, la opinión pública fue testigo de la falta de observadores internacionales imparciales de la elección venezolana, muchos de ellos impedidos de ingresar al país, así como del amedrentamiento de los llamados «colectivos» a los miembros de mesa que servían como testigos de la oposición en los centros electorales. Como colofón, el CNE interrumpió la transmisión de los resultados de las mesas electorales cuando el movimiento opositor democrático tenía en su poder cerca del 40% de las actas escrutadas; incluso, los órganos oficiales denunciaron un supuesto ataque informático que retrasó el cómputo de los resultados.
Todo lo anterior, entre otros acontecimientos vinculados a la elección, evidencia la falta de transparencia y credibilidad de los resultados oficiales electorales en Venezuela, tal como lo han manifestado diversos líderes mundiales, entre ellos el presidente Gabriel Boric.
María Corina Machado declaró el lunes 29 en la tarde que un arduo y meticuloso trabajo de la oposición venezolana logró el acceso al total de las actas no entregadas a los testigos de mesa, las cuales reflejarían que Edmundo González derrotó abrumadoramente a Nicolás Maduro con un 70% de los votos emitidos. Simultáneamente, la líderesa venezolana anunció acciones para hacer valer estos resultados favorables, pero ya antes las calles de las ciudades y pueblos de Venezuela se vieron inundadas de manifestantes de todos los estratos sociales, indignados por la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto.
A primera vista, pareciera que el gobierno venezolano ha apostado por la misma puesta en escena de la anterior elección presidencial, cuando la oposición también alzó la bandera del fraude electoral, dando origen al episodio del interinato de Juan Guaidó —presidente del órgano legislativo en aquel momento—. En esa oportunidad, a pesar del reconocimiento de este último como presidente de Venezuela por parte de varios países del mundo, de las sanciones internacionales y de las protestas internas —entre otros factores en contra—, el líder chavista se mantuvo en el poder. No obstante, hay una diferencia importante entre aquellos sucesos y los actuales: en la contienda de 2018 la oposición no participó, mientras que en la elección del pasado domingo se agolpó unitariamente en torno a la candidatura de Edmundo González, ante la imposibilidad de que Machado, ganadora de las primarias opositoras, pudiera participar.
Aunque el gobierno venezolano ha conseguido resistir los embates de la oposición nacional e internacional, su continuidad siempre ha dependido del apoyo monolítico e irrestricto de las fuerzas armadas al presidente de la República. Cualquier fisura pudiera convertirse en una grieta mayor que cause el derrumbe del régimen. Lamentablemente, el lunes llegaron noticias de la persecución gubernamental contra los manifestantes que piden el reconocimiento de los verdaderos resultados electorales. Pero incluso la represión por parte del Estado, y de grupos amparados por este, tiene un límite. Las protestas sociales de abril de 2002 condujeron a la fractura del poder militar, ocasionando la salida temporal de Hugo Chávez de la presidencia. Además, no hay que olvidar, citando un caso relativamente reciente, que el calvario de Alberto Fujimori en el Perú comenzó precisamente después de un escandaloso fraude electoral.
Juan Luis Modolell González
Profesor Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado
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