Cinco países solicitan una investigación de la Corte Penal Internacional

La crítica situación de Venezuela sigue preocupando a la comunidad internacional, en especial a los vecinos sudamericanos, que son los naturales receptores de los 2,3 millones de venezolanos que han abandonado el país desde 2014. En realidad, la gran mayoría de estos migrantes venezolanos partió de su tierra en el último año y medio: casi un millón se ha trasladado a Colombia, unos 450.000 a Perú, unos 50.000 a Ecuador y unos 120.000 a Chile, además de varias decenas de miles de migrantes que se han ido a Argentina y Brasil.

En la Asamblea General de Naciones Unidas que se lleva a cabo en estos días en la ciudad de New York, el tema ha aparecido en varias intervenciones y en la acción diplomática de varios países. Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú solicitarán a la Corte Penal Internacional (a no confundirla con la Corte Internacional de Justicia, que en cambio es parte de las Naciones Unidas), que inicie una investigación sobre delitos de lesa humanidad que estaría cometiendo el gobierno de Venezuela. La solicitud se basa en informes provenientes del Alto Comisariado de la ONU para los Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos. Es la primera vez que un grupo de países solicita una investigación de este tipo a la Corte Penal Internacional. La solicitud deberá ser analizada por el fiscal del organismo.

Por otra parte, Colombia ha promovido un grupo de alto nivel para conseguir fondos para asistir a la masiva llegada de venezolanos en países de la región. En su intervención en la Asamblea General, Donald Trump ha señalado el problema, y desde hace semanas se ha filtrado que hubo contactos con militares venezolanos para verificar las posibilidades de un golpe de Estado. La eventualidad de un apoyo externo a una intervención armada en Venezuela ha sido desechada por casi todos los países sudamericanos que prefieren evitar tales injerencias, apoyando en todo caso un proceso interno de transición democrática, que a todas luces es la opción preferible.

Si en Washington hay adictos a las soluciones armadas, basta con ver la importante presencia, tanto directa como indirecta, de Estados Unidos en varios conflictos armados en el mundo o su apoyo a soluciones violentas, como en el caso de Ucrania; no es así en otras regiones en las que es bueno que preserven su autonomía política de la Casa Blanca. Si bien es cierto que, pese a que desde Caracas se niegue una y otra vez, en Venezuela hubo un quiebre en el orden democrático, la solución debe ser política, pues ya hubo demasiada violencia en el país. Y la oposición no ha demostrado ser completamente ajena de los episodios de violencia política. Cooptar desde el exterior un determinado grupo político es, por tanto, una solución inaceptable y debe preferirse la mediación para apoyar un proceso de transición. Hasta ahora eso no ha dado resultados y no ha estado exento de ingenuidades y errores. Sin embargo, un mal proceso de transición es preferible a un “eficiente” golpe de Estado.

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Fuente: http://ciudadnueva.com.ar