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Desde el 14 de agosto tienen lugar en Venezuela las conversaciones entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y los comandantes del Ejército de Liberación Nacional para poner fin a cincuenta años de combates y lograr por fin la paz en el país. Entre los temas a tratar están la reforma agraria e institucional, pero se teme que la primera generación de guerrilleros no sea capaz de controlar a los más jóvenes.
Inició el 14 de agosto, y hasta el 4 de septiembre, en Caracas, Venezuela, la cuarta y potencialmente decisiva ronda de negociaciones entre el gobierno colombiano y los miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo armado más importante aún presente en Colombia tras el acuerdo de paz de 2016 entre las instituciones y las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las conversaciones entre el presidente Gustavo Petro y el comandante Pablo Beltrán —a las que acuden como garantes Naciones Unidas y la Iglesia, entre otros— tendrán lugar mientras se mantiene el alto el fuego de seis meses que comenzó el pasado 3 de agosto y, por primera vez, un mes después de que se negociara en junio en La Habana. Entre los temas que se abordarán, además de la pacificación, están los de la reforma agraria y la reforma institucional, particularmente sentida por el ELN.
“El alto el fuego ofrece un marco jurídico y político para el inicio de estas negociaciones”, explica a Radio Vaticano-Vatican News Gianni La Bella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Módena y experto en América Latina para la Comunidad de Sant’Egidio. “El diálogo con el ELN hace parte de este sueño-proyecto del gobierno de Petro de una paz integral, una paz definitiva con respecto a los tres movimientos subversivos que todavía desgarran la vida de este país, todavía en una condición de gran violencia”. De hecho, junto al ELN, que nació en los años sesenta inspirado en la revolución cubana y se calcula que hoy cuenta con unos cinco mil miembros, también está el grupo disidente de las FARC, que no firmó los acuerdos de paz con el presidente Santos y que cuenta con tres mil hombres, y el “Clan del Golfo”, que reúne a exparamilitares y narcotraficantes.
El ELN se comprometió con el alto el fuego a no atacar al ejército y a la policía colombianos, después de que algunos guerrilleros fueran acusados en los últimos meses del asesinato de tres policías en la frontera con Venezuela, del secuestro de un oficial y sus dos hijos, y de varios atentados con bombas en el país. El acuerdo estipula que las armas no se utilizarán más que con fines de defensa, mientras que las fuerzas de seguridad colombianas seguirán manteniendo sus tareas de protección del orden público. “Ya se han producido algunos pequeños incidentes locales, pero esto ocurre siempre en estas situaciones”, señala además La Bella. “El problema políticamente es que el ELN internamente está dividido en dos componentes generacionales: el grupo más antiguo y lo que podríamos llamar la segunda o tercera generación, que está en la dirección de los distintos frentes en los que se organiza el grupo guerrillero”. Entre estas dos almas, señala La Bella, “no existe el mismo sentimiento común respecto de la política de negociación. Mientras que la parte más antigua desea firmemente que estas negociaciones sigan adelante, el grupo más joven es mucho más crítico con el gobierno”.
El acuerdo estipula que las armas no se utilizarán más que con fines de defensa, mientras que las fuerzas de seguridad colombianas seguirán manteniendo sus tareas de protección del orden público.
Uno de los aspectos más delicados de las conversaciones será el control de las drogas. Muchos miembros del ELN son acusados de ser traficantes, y el gobierno teme que la vieja guardia, más apegada a los aspectos políticos, sea incapaz de controlar a la generación más joven, que suele comportarse de forma más autónoma. “Estos grupos han tenido muchas dificultades en los últimos años”, concluye La Bella, “y se ha acentuado un componente más individualista, ligado a una forma exasperada de autonomía; el mando general tiene grandes dificultades para mantenerse en contacto con los distintos segmentos del movimiento”. “Esto exaspera la posibilidad de llegar a una política común, y hace que estos grupos locales abracen la política de drogas como mecanismo de autofinanciación de una forma más inescrupulosa que en la generación anterior”.
Fuente: www.vaticannews.va/es / Imagen: Pexels.
