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Es deber de cada cual, junto con el Estado, y desde el espacio en el que cada quien se desenvuelve, correr los cercos y hacer los esfuerzos de posibilitar el pleno ejercicio de los derechos para una efectiva y permanente inclusión.
En días donde se activan las sensibilidades del país por la inclusión y la discapacidad, al alero del show televisivo “Teletón” y el pebetero de los Juegos Parapanamericanos, resulta conveniente intencionar discusiones que permitan mantener encendida esa llama durante todo el año, porque no es solo deber del Estado la inclusión de personas con discapacidad, también lo es de las instituciones, las empresas, las comunidades y toda persona que viva en sociedad.
Si bien el Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos (además de respetar, proteger, realizar, promover y reparar), es deber de la sociedad en su conjunto también respetar y contribuir al ejercicio pleno de estos. En ese sentido, considerando que la declaración universal de los derechos humanos se funda en la dignidad humana y el valor de la persona en igualdad de derechos, el respeto de estos por parte de los privados y los ciudadanos colabora igualmente en promover el progreso social y en elevar el nivel de vida dentro de una noción amplia de lo que es la libertad.
Si bien el Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos (además de respetar, proteger, realizar, promover y reparar), es deber de la sociedad en su conjunto también respetar y contribuir al ejercicio pleno de estos.
En otras palabras, la inclusión de personas con discapacidad es una realidad cuando existe un transporte público que permite no solo el acceso de un usuario en silla de ruedas, sino que también cuando sus asientos preferenciales están disponibles para una persona con movilidad reducida; cuando un edificio cuenta con ascensor y este a su vez es cedido para el uso preferencial y no para subir bicicletas; cuando una empresa invierte en rampas de acceso pero estas cuentan con la pendiente correcta y la materialidad adecuada.
Porque interpelar al Estado de sus pendientes en materia de inclusión es indivisible con cuestionar(nos) a la propia ciudadanía —la misma que dona dinero para una campaña solidaria o que celebra los logros deportivos paraolímpicos— sobre cómo contribuimos al pleno ejercicio de los derechos de quiénes nos rodean o con quienes interactuamos.
Y si ampliamos la mirada de la discapacidad, no basta con abrir los espacios educativos para la neurodiversidad si los cuerpos docentes no son capacitados en diversificación de los aprendizajes; o permitir ajustes a la prueba de acceso para la educación superior, si las instituciones educativas no cuentan con los recursos para darle una continuidad a esas adecuaciones y avanzar en accesibilidad a los contenidos educativos. Considerando aún más que, como señala la Doctora en Educación Ana María Rodino, la educación es un “derecho llave”, pues cuando se garantiza su pleno ejercicio, aumenta el disfrute y el ejercicio de todas las demás garantías fundamentales.
Es deber entonces de cada cual, junto con el Estado, y desde el espacio en el que cada quien se desenvuelve, correr los cercos y hacer los esfuerzos de posibilitar el pleno ejercicio de los derechos para una efectiva y permanente inclusión. Esperando que ese boom de empatía que aflora en estos días junto con la oportunidad que revierte la implementación de los Juegos Parapanamericanos en Chile, logren movilizar las estructuras institucionales, privadas y públicas, como también la cultura de las comunidades, locales y virtuales, para evidenciar la inexistencia de limitantes cuando existe una noción basada en derechos y no en la caridad, cuando hay inversión, convicción y el reconocimiento de que la discapacidad está en la sociedad y no en la persona.
El autor de este artículo es Director de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Católica Silva Henríquez / Imagen: Pexels.
