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Step 1
Debilitar las estructuras diplomáticas y los acuerdos destinados a garantizar el asilo es percibido, por la abrumadora mayoría de los países latinoamericanos, como una amenaza para el futuro democrático de la región.
El derecho al asilo es respetado, incluso, por el grueso de las dictaduras. A final de cuentas, dictadores o caudillos autoritarios ignoran cómo concluirán sus regímenes. De allí proviene el irónico chiste en el que a un tirano le preguntan si prefiere construir un nuevo colegio o una moderna cárcel. Sin vacilar, el interpelado responde: que se construya una prisión de calidad, porque mi futuro no me llevará de vuelta a la escuela.
El himno nacional chileno canta al «asilo contra la opresión». Es frecuente que el proceso del pedido de asilo comience en una embajada situada en el país que amenaza a quien solicita la protección. La concesión de asilo, así como la inviolabilidad de las representaciones diplomáticas, están normadas por una serie de convenciones internacionales que comprometen a los países signatarios. Un principio fundamental consignado en los acuerdos es el estatus de extraterritorialidad. Para todos los efectos prácticos, los recintos diplomáticos son parte del territorio soberano del país que representan. Los gobiernos y sus respectivas embajadas conocen las diferentes convenciones sobre el derecho al asilo. Ecuador tiene experiencia propia sobre la materia. En 2012, su embajada en Londres acogió al fundador de la plataforma WikiLeaks, Julián Assange. Pero, tras un cambio de gobierno en Ecuador, en 2019 se le retiró el asilo y Assange fue arrestado por la policía británica. Su destino aún es incierto, pues Estados Unidos solicita su extradición.
La crisis actual, que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, se desencadenó con el ingreso de Jorge Glas en diciembre 2023 a la embajada mexicana en Quito. Este político, que ejerció como vicepresidente (2013-18) y fungió como mano derecha del expresidente Rafael Correa, en su condición y también como superministro juzgado por la acusación de recibir decenas de millones de dólares en coimas de la empresa brasileña Odebrecht, fue condenado a catorce años de cárcel, de los cuales cumplió solo cinco al ser excarcelado por motivos de salud en 2022. Hace unos meses, la máxima instancia judicial ecuatoriana abrogó la decisión de liberarlo. A finales del año pasado, la posibilidad de que Glas volviera tras las rejas parecía muy próxima, por lo que ingresó a la embajada mexicana en Quito.
Ante los rumores de que Glas se aprestaba a abandonar el país, el presidente Daniel Noboa ordenó a la policía que ingresara a la embajada para apresarlo. El viernes 5 de abril, efectivos de seguridad ecuatorianos invadieron el recinto de la misión diplomática mexicana, donde «redujeron» a los diplomáticos, que les impedían arrestar al acusado por tres casos de corrupción. Glas estuvo tras las rejas entre 2017 y 2022, y había solicitado acogerse a la prelibertad por considerar que ya había cumplido más del 40 por ciento de la pena y otros méritos, como buena conducta para obtener el beneficio.
Glas y Noboa representan extremos políticos de un país altamente polarizado. Mientras Noboa encarna una postura de derecha dura, conservadora, con el propio mandatario como miembro de una de las familias bananeras más ricas del país, Glas postula el progresismo con tintes autoritarios que caracterizó la gestión del presidente Correa.
La postura del gobierno, en todo caso, recurrió a argumentos legales para negar a Glas el solicitado asilo político. Ello, porque alegó que el juicio en su contra era por estrictos motivos económicos. Se le acusó por varios casos de corrupción. Es frecuente que gobiernos disfracen sus intenciones persecutorias aludiendo a transgresiones económicas. Al respecto, la Convención sobre el Derecho de Asilo de 1954 establece que la concesión del asilo, basada en las circunstancias y la situación del solicitante, corresponde al país que ha acogido la solicitud. En este caso, Glas ya había recibido el asilo por parte de México.
A mayor abundancia, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 es aceptada por la inmensa mayoría de naciones y es uno de los grandes éxitos del derecho internacional. En su artículo 22 dice expresamente: «Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión». La acción del Gobierno ecuatoriano al invadir, sin consentimiento, la embajada de México en Quito es una violación flagrante a la mentada convención de Viena y recula muchos años en el derecho internacional y diplomático.
Ecuador, señala, en su defensa, que México abusó de su inmunidad diplomática, por lo que no le quedó más remedio que ordenar el ingreso de la policía para asegurar el arresto.
Existen, en todo caso, dos aspectos diferentes en el caso de Glas. Por un lado, el gobierno ecuatoriano postula que no le corresponde reconocer el asilo pues no se trata de un perseguido político, ya que se busca encarcelarlo para que cumpla una condena por delitos comunes de carácter financiero, como es la recepción de coimas.
El otro rostro del caso, independiente de la culpabilidad o inocencia de Glas, es la inviolabilidad de las embajadas y de quienes se asilan en ellas. Es sobre este último punto que se centran las críticas latinoamericanas e internacionales. El artículo 21 de la Convención de Viena establece que las misiones diplomáticas gozan de total inmunidad y extraterritorialidad. Ello significa que el gobierno huésped no tiene el derecho para ingresar a una embajada. Solo puede hacerlo con la autorización del jefe de misión.
América Latina es una de las regiones que suele padecer de inestabilidad crónica. La gravitación militar y los frecuentes golpes de Estado han hecho del asilo una institución de enorme relevancia. En este contexto, la diplomacia convencional mantiene su protagonismo, brindando protección a perseguidos y buscadores de refugio. Es por ello que debilitar las estructuras diplomáticas y los acuerdos destinados a garantizar el asilo es percibido, por la abrumadora mayoría de los países latinoamericanos, como una amenaza para el futuro democrático de la región.
El novato gobierno del presidente Noboa tocó un nervio vivo de la sensibilidad política latinoamericana. Un porcentaje relevante de la clase gobernante, o aspirante a ella, ha vivido o ha contemplado la posibilidad de requerir asilo. Es elocuente la unanimidad de la condena a Quito por parte gobiernos de extremos del espectro político, como lo son Cuba y Argentina, que repudiaron el asalto a la legación mexicana. La Organización de Estados Americanos (OEA) calificó el hecho de «improcedente».
El novato gobierno del presidente Noboa tocó un nervio vivo de la sensibilidad política latinoamericana. Un porcentaje relevante de la clase gobernante, o aspirante a ella, ha vivido o ha contemplado la posibilidad de requerir asilo.
En orden alfabético, aunque con distintos énfasis, los países registraron su rechazo. La cancillería argentina «condena» el asalto a la embajada de México, al tiempo que llama a la «plena observancia» de las disposiciones de la Convención sobre Asilo Diplomático y de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. En Brasil, por su parte, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva condenó «en los términos más firmes» la medida llevada adelante por el Gobierno de Daniel Noboa. «Toda mi solidaridad con el presidente y amigo López Obrador», escribió el mandatario brasileño. En tanto el presidente boliviano, Luis Arce, calificó la incursión como un hecho «grave e inaceptable» que «no tiene precedentes en la historia del derecho internacional». En Colombia el presidente Gustavo Petro aseguró que su gobierno «promoverá acciones para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adopte medidas cautelares en favor de Jorge Glas, al que se le violó de manera bárbara su derecho al asilo».
En Chile su cancillería expresó su «profunda preocupación» y «más enérgica condena» a la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada de México en Ecuador, y la posterior captura del exvicepresidente Jorge Glas. «Toda nuestra solidaridad con México ante la inaceptable violación de su soberanía». Cuba, a su vez, condenó «de forma enérgica» la «incursión de fuerzas militares de Ecuador». El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó que «constituye una flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, al derecho al asilo y a la soberanía de México».
Costa Rica, Panamá y República Dominicana optaron por una declaración conjunta para lamentar «profundamente la inexcusable violación por parte del Gobierno de Ecuador de la integridad territorial de la Embajada de México en Quito» y recordar que «las normas internacionales que regulan el asilo nunca deben servir de justificación alguna para violentar la sede diplomática de un Estado». En la misma vena, Guatemala señaló su rechazo por «la flagrante y grave violación hacia la sede de la embajada de México en Ecuador». En tanto, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, dijo que el asalto a la embajada tuvo por objetivo «secuestrar» a Glas, lo que representa un «acto intolerable». «Repudiamos enérgicamente esta violación a la soberanía del Estado mexicano y al derecho internacional. Nos solidarizamos con el pueblo mexicano y su presidente López Obrador». El presidente nicaragüense Daniel Ortega fue el más duro y anunció que: «Ante la insólita y repudiable acción […] nuestra contundente, enfática e irrevocable repulsa, que convertimos en nuestra decisión soberana de romper toda relación diplomática con el Gobierno ecuatoriano». En tono más conciliatorio, un comunicado de la cancillería peruana expresó «lamentar la situación generada entre Ecuador y México. Perú hace un llamado a sus gobiernos para que superen este impasse y resuelvan sus diferencias a través del diálogo, conforme los mandatos del derecho internacional y al espíritu de integración latinoamericano». El gobierno paraguayo llamó a que las «dos naciones hermanas retomen el camino del diálogo, en el marco del derecho internacional, a los efectos de llegar a un entendimiento ante la gravedad de la situación». El gobierno uruguayo tomó cierta distancia al declarar que «la Convención de Caracas se aplica tanto para el Estado territorial como para el asilante, quien deberá tener especialmente en cuenta en qué casos no correspondería conceder el asilo diplomático, incluyendo a las personas procesadas por delitos comunes. No obstante, existen mecanismos para manejar estas situaciones que en ningún caso justifican el ingreso por la fuerza a la misión diplomática».
Finalmente, la cancillería venezolana señala que Glas fue capturado «ilegalmente» tras haber recibido asilo «producto de la atroz persecución de la cual ha sido víctima». A la vez, afirmó que «todo esto constituye una acción que ni en las más atroces dictaduras en la región, como la de Augusto Pinochet en Chile o Jorge Rafael Videla en Argentina, se hayan registrado», puntualizó Yván Gil, el canciller venezolano.
En lo que toca a México, ante semejantes expresiones de solidaridad el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció los mensajes de distintos países por el «penoso asunto» de romper relaciones diplomáticas con Ecuador. En cierta forma México cosecha lo que ha sembrado con una larga tradición que lo ha llevado a recibir desde refugiados de la guerra civil española, así como desde las variadas dictaduras del Cono Sur y Brasil durante las décadas de los sesenta y setenta hasta mandatarios desalojados por golpes de Estado, como más recientemente le ocurrió al expresidente Evo Morales.
La crisis de seguridad que vive la región ha acrecentado la popularidad de líderes que buscan respuestas radicales, a veces de dudosa legalidad, que les permiten proyectar una imagen de fuerza. En este plano destaca el presidente salvadoreño Nayib Bukele y su método de lucha contra las maras. El más reciente auge del narcotráfico y bandas criminales en Ecuador han creado un ambiente propicio para la aceptación de conductas gubernamentales reñidas con acuerdos acatados por el resto de los países latinoamericanos.
