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Step 1
Es un riesgo enorme repetir los errores del proceso anterior. No podemos más que hacer ver a cada uno de sus miembros que tienen el desafío de trazar un camino que una amplia mayoría de ciudadanos quiera transitar.
La Comisión de Expertos ha concluido el pasado 5 de junio la redacción del Anteproyecto de nueva Constitución. Se ha avanzado en delinear el camino por el cual quiere transitar Chile. Ahora será trabajo del Consejo Constitucional concluir el texto que será plebiscitado por la ciudadanía en diciembre.
Comparado con el proceso anterior, el trabajo actual ha sido especialmente silencioso y sobrio, con poca presencia en medios de comunicación. Por una parte, puede haber cansancio de parte de la ciudadanía, también apatía al no ser capaces de distinguir por qué una constitución sería relevante para la vida cotidiana y, finalmente, algo de desconfianza provocada por la impresión de que finalmente «los mismos de siempre» terminarán beneficiándose del resultado. Otro elemento importante puede ser la tensión que ha puesto en los hogares la situación económica, inflación y desempleo, la cual inevitablemente traslada la tensión a lo cotidiano de la supervivencia: no hay espacio mental para concentrarse en el larguísimo plazo y lo inmediato se torna prioritario. También la violencia, con sus nuevas manifestaciones, concentra la atención de las personas. Los medios captan ese bajo interés y no propagan demasiado del proceso.
Creemos que la Comisión asumió el encargo de formular un anteproyecto que mirara al largo plazo y eso, inevitablemente, implicaba salir de la discusión contingente. Han sido fieles a la tarea de ajustarse a las «Doce bases» y de lograr consensos internos suficientes para que el anteproyecto representara a las fuerzas políticas que los escogieron. Se ha logrado un producto con calidad técnica, profundidad de debate, diversidad en el diálogo y formulación de acuerdos. El mecanismo privilegió el consenso, lo que inevitablemente implica evitar los detalles en que se podría disentir.
En la etapa que ahora se ha iniciado, donde los comisionados tienen voz, es probable un mayor espacio a las discrepancias y quienes componen el Consejo tendrán la oportunidad de conocer las razones de la Comisión de expertos para escoger unas opciones y descartar otras.
El trabajo de los comisionados fue expresando el mínimo común entre las distintas fuerzas representadas. En ese sentido, podría ser bien recibido por una amplia porción de los ciudadanos. Sin embargo, corre el gran riesgo de ser un texto anodino, que no entusiasme. Creemos que la votación de diciembre próximo se movilizará, una vez más, por el cauce de los afectos de la población, no tanto por las razones técnicas ni los argumentos. Por lo mismo, es fundamental que en esta etapa de trabajo del Consejo exista, primero, una alta participación ciudadana por la cual se vinculen las personas suficientemente para adquirir un sentido de propiedad con el proyecto; y, segundo, que se comuniquen ampliamente los progresos y bondades que pueda tener el proyecto en comparación con la Constitución actual. En esto último, el rol de los medios de comunicación es clave. Ojalá no se utilice el recurso fácil y básico del temor, ampliamente utilizado en el proceso fallido de la Convención, sino más bien haya atención a nuestros anhelos, a lo que buscamos construir.
El trabajo de la Comisión de expertos, aunque signifique un avance, evidentemente está lejos de resolver los temas más álgidos. Quizá esa sea la gran deuda. El Consejo ahora deberá abordar los nudos que quedaron pendientes.
El primero de ellos tiene relación con la muy contingente discusión en torno a la provisión de derechos sociales. Últimamente se ha discutido mucho, particularmente, sobre el derecho a la salud, la provisión de fondos para garantizarlo y la prestación del servicio. De manera análoga, aunque no siempre homologable, la discusión puede ser extendida a los derechos a la vivienda o la educación. Básicamente el debate tiene dos grandes aristas que no conviene mezclar: primero, si la administración de cada parte del proceso debe ser estatal o privada; y, segundo, cuánta libertad de elección y cuánta solidaridad en el financiamiento debería haber. Este debate es mayor y ha alimentado la filosofía política por siglos. Históricamente los derechos sociales en Chile se han financiado y provisto de maneras distintas. Conociendo las particularidades de unos y otros, ¿podrán inspirarse mutuamente sus maneras de resolución?
Un segundo nudo es el de la paridad. Creemos que no se debe retroceder en este tema y la participación equitativa de las mujeres debe ser un objetivo primordial. Estos últimos años la sociedad ha ido eliminando progresivamente las barreras estructurales y evidentes. A medida que se avanza en ello, también han aparecido otras inequidades más culturales y sutiles, que cuesta más modificar. A veces, son prejuicios instalados en los hombres, pero también hay mentalidades en las propias mujeres que las limitan. En este sentido, las políticas de acción afirmativa nos parecen necesarias, pero la aspiración social debe estar en que no se requieran estas políticas una vez que la equidad de género sea una adquisición cultural.
El trabajo de la Comisión de expertos, aunque signifique un avance, evidentemente está lejos de resolver los temas más álgidos. Quizá esa sea la gran deuda.
Una situación análoga se da con los pueblos originarios. Desde distintos frentes políticos se ha ido reconociendo la deuda histórica que Chile tiene con ellos, así como la violencia y discriminación que históricamente han sufrido como pueblos. ¿Podemos aspirar a que nuestros pueblos originarios puedan expresarse con libertad, conservar sus expresiones culturales y que toda la sociedad las valore con orgullo? Hay injusticias territoriales, económicas o ecológicas que deben ser reparadas. ¿De qué manera podrá ayudar una constitución a ello? ¿Cómo hacer para que, en un horizonte cercano, el pueblo de cada uno sea considerado una riqueza para el país?
El cuarto nudo es la descentralización del país. En la discusión de la Convención apareció el deseo de participar en las decisiones locales de gobierno. Es una discusión importante para que los ciudadanos nos apropiemos de nuestro entorno, aportemos a las decisiones que nos atañen más inmediatamente. Con toda la importancia que tienen esos procesos como profundización de la democracia, deben equilibrarse con el fomento productivo local, la agilidad en las decisiones, la mantención a raya de la burocracia y una estricta rendición de cuentas en el ejercicio responsable de las decisiones y gestión de recursos.
Finalmente, debemos mencionar el nudo del medioambiente. El principio básico al que se quiere llegar es que «toda externalidad negativa generada por la actividad humana deba ser reparada en un X%». El impacto económico de esto podría ser gigantesco, significaría elevar los costos de la vida humana en el presente. Sin embargo, no tomar una decisión pronta elevará sin duda los costos de la vida humana en el futuro. Inevitablemente, dicho porcentaje deberá tener un plan de aumento sostenido y superar el 100%, si queremos hacernos cargo del daño ya hecho por las generaciones anteriores.
No podemos dejar de mencionar que, lamentablemente, el Consejo Constitucional está nuevamente muy desequilibrado en términos políticos. Es un riesgo enorme repetir los errores del proceso anterior. No podemos más que hacer ver a cada uno de sus miembros que tienen el desafío de trazar un camino que una amplia mayoría de ciudadanos quiera transitar. En diciembre se votará un texto construido por ellos. No basta con que sea aprobado por simple mayoría. Requerimos una mayoría abrumadora. Aunque la Constitución no debe bajar a demasiados detalles concretos, porque eso es más bien función de la ley, sí debe ser muy clara en los puntos importantes para una convivencia fraterna, nuestra relación con el medio ambiente como expresión de justicia con esta generación y las siguientes, cómo iremos formulando la ley de modo que permita un crecimiento libre y fomente relaciones solidarias entre nosotros. Hay que crear normas constitucionales estableciendo las reglas para una convivencia más humana y un sólido progreso de la sociedad en su conjunto. De parte de cada uno de los consejeros esperamos menos atención a redes sociales, apartar a un lado intereses pequeños, una escucha atenta de los puntos en disputa y serenidad suficiente para distinguir por dónde va el mayor bien para nuestro país.
