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La inesperada amplia mayoría obtenida por el Partido Republicano abre una incógnita respecto a cuál será su comportamiento y el impacto que pueda tener en el borrador constitucional.
Al ser escritas estas líneas, la Comisión Experta ya ha aprobado el grueso de lo que será la propuesta que entregará al Consejo Constitucional. Aunque aún persisten algunos nudos por resolver, la propuesta de nueva constitución combina elementos de continuidad con innovaciones como el Estado social y democrático de derecho, reconocimiento de la interculturalidad, aseguramiento de igualdad entre hombres y mujeres en acceso a cargos electivos, normas para fortalecimiento de los partidos políticos y mecanismos de democracia directa —como iniciativa popular de ley y de derogación de ley—, entre otras. Ciertamente hay temas importantes que hasta aquí no han logrado ser incluidos, como, por ejemplo, el derecho a y el reconocimiento de los cuidados. Pero, considerando el equilibrio entre fuerzas de derecha e izquierda existente en la señalada Comisión, es muy valorable que las negociaciones hayan llegado a puerto. La gran interrogante ahora es cómo actuará el Consejo Constitucional elegido el 7 de mayo.
La inesperada amplia mayoría obtenida por el Partido Republicano —que logró 23 de los 51 escaños en el Consejo Constitucional— abre una incógnita respecto a cuál será su comportamiento y el impacto que pueda tener en el borrador constitucional. Ciertamente, el impacto trasciende la discusión constitucional y se traslada a los escenarios políticos del futuro próximo. Existen, así, interrogantes de gran interés respecto a la discusión por los contenidos constitucionales, el plebiscito de salida y los efectos políticos más allá de la discusión constitucional.
El Partido de la Gente y el Republicano fueron los únicos partidos que en el Congreso votaron en contra de este nuevo proceso constituyente. Sus figuras han reiterado en múltiples ocasiones que no consideran necesaria una nueva constitución; de hecho, Kast y su sector se inclinaron por el rechazo en el plebiscito de entrada en 2020.
El sector más duro de la derecha —lo que, en términos académicos, se denomina la ultraderecha— estima que la Constitución de 1980 protege sus intereses: prolonga un modelo subsidiario respecto al rol del Estado en la economía y la provisión de servicios sociales, es conservadora en lo sociocultural, y se muestran como abiertos defensores de la dictadura militar, no compartiendo los problemas de legitimidad de origen.
Así, el Partido Republicano se encuentra en una disyuntiva. Por una parte, puede buscar acuerdos amplios y apoyar un texto que pueda generar consenso, similar al aprobado por la Comisión Experta. Como resultado de una negociación, el texto propuesto no termina de satisfacer a ningún sector representado en la Comisión, pero sí incorpora suficientes normas de interés como para recibir apoyo. Aceptar esto, podría implicar que se distanciase de sus partidarios más fieles.
Por otra parte, el partido puede empujar posturas que respondan mejor a su ideario político, aunque posiblemente aumentarían el rechazo a la propuesta. En una reciente columna, las exconvencionales Constanza Hube y Marcela Cubillos (dos de las representantes de la derecha más dura en la Convención Constitucional previa) han comentado el borrador de la Comisión Experta, dando luces sobre cuáles podría ser las principales disputas de la derecha. En concreto, cuestionan la paridad de salida que se establece de manera transitoria —mecanismo de corrección en caso de que representación no sea al menos 40-60%—, la introducción de la iniciativa popular de derogación de ley, y además que no se consagre el derecho a elegir en materia de derechos sociales. Asimismo, demandan mayor innovación en el combate a la delincuencia, el terrorismo y la inmigración irregular.
Por qué camino optarán los republicanos dependerá en parte de cómo lean los resultados electorales de mayo y la estrategia a futuro. Respecto a lo primero, no es arriesgado aventurar que una parte del 35% obtenido por republicanos corresponde a un «voto duro», que posiblemente ha votado por Kast y el partido en las últimas elecciones, un votante descontento con la derecha tradicional y que comparte buena parte del programa. Sin embargo, otro segmento de sus votantes es más bien coyuntural, no ideológico, y está motivado por el rechazo a quienes han gobernado sin lograr satisfacer demandas básicas de bienestar material. En ese contexto, por su corta trayectoria y no haber gobernado, el Partido Republicano es de los pocos actores que aún puede impugnar a la «clase política». Además, en materia de seguridad (la principal preocupación de la ciudadanía) tiene el discurso más duro. Esto se suma al intenso trabajo territorial que efectuó durante la campaña. Aunque no sabemos el tamaño relativo de estos dos grupos de votantes, es difícil satisfacer a ambos al mismo tiempo.
Existe un votante de extrema derecha que posiblemente rechace la propuesta, sea cual sea, por el simple hecho de que no considera necesaria una nueva constitución y porque es contrario a algunos de los bordes acordados, como el Estado social democrático de derecho (al igual que existe un grupo ya predispuesto a rechazar en la izquierda). Una de las interrogantes del proceso es cuánto puede crecer este flanco por la derecha a medida que se negocie con otros sectores. En términos electorales puede ser un número menor, pero en términos políticos la pérdida puede ser relevante, ya que algunos grupos, como organizaciones de agricultores (particularmente, en la zona del conflicto Estado-pueblo mapuche), sectores de evangélicos y católicos ultraconservadores, ex uniformados, entre otros, constituyen lo que la ciencia política denomina como core constituency, aquel sector del que provienen los principales recursos políticos, programáticos y simbólicos de un partido político.
Sin embargo, satisfacer a estos grupos puede implicar tensionar el proceso constituyente. Constitucionalizar la propiedad de los fondos de pensiones o el derecho a elegir entre un régimen de salud público o privado (dificultando o, eventualmente, eliminando la posibilidad de un seguro único), rechazar el reconocimiento de pueblos indígenas o el deber del Estado de promover la representación política igualitaria entre hombres y mujeres (estas dos últimas propuestas rechazadas por Carlos Frontaura, el único representante de republicanos en la Comisión Experta), pueden generar oposición a la propuesta constitucional. Aunque no sabemos las preferencias de los «votantes contingentes» sobre materias constitucionales, pueden moverse con la mayoría si esta se vuelca hacia un nuevo rechazo. Y aunque no se puede a priori descartar que una constitución más a la derecha que la actual consiga mayoría en un plebiscito de salida, he ahí la principal disyuntiva del partido sobre cómo debiese actuar.
Programáticamente un nuevo rechazo constitucional no es desfavorable a republicanos ya que mantendría el statu quo constitucional que les acomoda, al tener por sí solo poder de veto, el partido sería innegablemente sindicado como responsable del fracaso. Y cómo se pueda proyectar la responsabilidad de un fracaso político es posiblemente una de las consideraciones centrales del partido en esta coyuntura.
El mayor impacto del triunfo del Partido Republicano en mayo trasciende con creces el proceso constitucional. A pesar de que la elección del 7 de mayo fue para elegir representantes que redacten una constitución que nos rija por las siguientes décadas, lo constitucional ha sido más bien secundario en el debate político tras el triunfo republicano. Esto fue muy claro ya en la campaña, donde las agendas poco tenían que ver con materias propias de la constitución. Y en un proceso que ha generado poco interés por la ciudadanía, con voto obligatorio y bajos niveles de información, no sorprende que los temas constitucionales, que por naturaleza se orientan al mediano y largo plazo, no hayan sido prioridad.
Múltiples explicaciones se han ido ensayando respecto al triunfo de republicanos. Como se mencionó más arriba, lo más probable es que se combinen un tipo de razones en los votantes más fieles y otras en los coyunturales. Y la pregunta obvia para todos los partidos es cuáles son las posibilidades de que un éxito similar se repita en las elecciones municipales de 2024 y las presidenciales de 2025.
No es para nada claro si una radicalización o una moderación tienen mejores prospectos de éxito. Particularmente pensando en 2025, los incentivos no son los mismos en una parlamentaria que en una presidencial. Mantener una postura de derecha radical puede llevar a repetir el éxito en una elección proporcional que, por su fórmula de repartición de escaños, premia a los partidos más grandes. Esto solo será creíble si defienden con fuerza sus posturas en el Consejo Constitucional. Pero para tener éxito en una presidencial, particularmente en segunda vuelta, es necesaria mayor moderación.
No es para nada claro si una radicalización o una moderación tienen mejores prospectos de éxito. Particularmente pensando en 2025, los incentivos no son los mismos en una parlamentaria que una presidencial.
Y ya se vislumbran estas tensiones en el partido. Mientras Kast mantiene un tono más bien de conciliación, en una comentada entrevista (que luego matizó), Luis Silva dijo que no tenían por qué negociar con grupos que eran minoría en el Consejo y que estos últimos debían aceptar su condición de tal. Y otras figuras asociadas al partido han sido aún más duras, como el diputado Kaiser, que planteó no respetar las doce bases constitucionales. Resta entonces ver cómo se ordenarán estas distintas tendencias, y más aún, si serán capaces de construir vínculos estables con un electorado que se caracteriza por la ausencia de estos.
