Qué concluyó la Comisión Australiana sobre abuso sexual

Un paso valioso hacia medidas más adecuadas de reparación y justicia para las víctimas de abusos, así como para la tarea de renovación de la Iglesia católica, representa el informe que el 15 de diciembre de 2017 entregó la Royal Comission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, en Australia. Se trata de la respuesta que formuló el Estado de esa nación ante las numerosas denuncias registradas desde hace años en esa materia y que se hizo en el marco de lo que ofrece la legislación local para convocar a una «Comisión Real» para abordar asuntos de interés nacional.

Ese país, el séptimo más grande con sus 7,7 millones de kilómetros cuadrados, cuenta con aproximadamente 24 millones de habitantes, de los cuales 22,6% se declaran católicos. Durante las últimas décadas, esa población se ha visto remecida por informaciones sobre abusos sexuales a menores, llevando a que el 12 de noviembre de 2012 la entonces primera ministra, Julia Gillard, convocara a una «Comisión Real» para examinar, analizar y hacer propuestas en el tema.

Seis comisionados de alto prestigio y conocida trayectoria de servicio público, fueron los encargados de llevar adelante la tarea. En sus poco más de cinco años de intenso y exhaustivo trabajo nacional, la Comisión recibió 42.000 llamadas, realizó más de 8.000 sesiones privadas de escucha y constató —desde 1950 hasta 2017— 6.875 menores víctimas de abuso sexual, de los cuales 2.489 cursaban estudios en instituciones ligadas a la Iglesia católica.

Sobre esta última, la entidad realizó un examen amplio y profundo. En su Informe Final, destina 926 páginas al análisis de su estructura y forma de operar, junto con hacer importantes propuestas de mejora, con miras a la protección de los niños. En Australia, instituciones ligadas a la Iglesia acogen a uno de cada cinco menores en edad escolar. La Comisión reveló que el 36% de las víctimas totales de abuso sexual de menores estuvieron ligadas a ella.

La Iglesia católica registra 1.880 abusadores de menores, el 96% de los cuales son varones. Entre ellos hay sacerdotes, hermanos religiosos, laicos y voluntarios. La edad promedio del primer abuso está en torno a los 10 años, siendo el 74% de las víctimas de sexo masculino. El tiempo promedio transcurrido entre el abuso y su denuncia fue de 33 años.

PRIMEROS PASOS

Desde 1940 ya se habla de la propensión en abusadores a repetir esa conducta. El proceder reiterado de obispos y superiores religiosos ante denuncias de abuso fue el traslado del abusador a distintas parroquias o colegios. Durante mucho tiempo no se comprendió la pedofilia ni se sabía qué hacer con un pedófilo. Se ignoraba que ella puede ser compulsiva, repetitiva y adictiva. Se le trató como una falta moral. Se le ocultó y silenció con el fin de evitar escándalo. Hasta 1984 estaba difundida la creencia de que los desórdenes sexuales entre clérigos podían ser curados por medio de tratamiento psicológico, terapia y apoyo espiritual.

A partir de 1988 el tema de abuso sexual de menores empieza a ser discutido en la Conferencia de Obispos Australianos. Surgieron distintas iniciativas; solo recogemos algunas. En 1990 se elaboró un «Protocolo de prevención». Fue un buen esfuerzo, aunque demasiado concentrado en la defensa de la Iglesia y su clero, en desmedro de las víctimas. En 1992 hubo una carta pastoral sobre el tema.

Un punto de quiebre con las antiguas prácticas lo marcó la iniciativa «Towards Healing» de 1996. Allí se estableció que cualquier comportamiento sexual con un menor es inmoral y un crimen. La Iglesia se comprometió a una mayor verdad y transparencia, a procurar reparación a las víctimas, asistencia a otros afectados, respuesta efectiva hacia acusados y culpables, y mejorar medidas de prevención. A su vez, cada diócesis o congregación debía contar con un «Profetional Standards Resource Group» que abordara el tema en forma completa.

El año 2000 se reunieron en Roma, miembros de la Conferencia de Obispos Australianos y miembros de la Santa Sede para dirimir asuntos en conflicto. Los australianos perciben que la Santa Sede está veinte años atrasada en temas de abuso sexual de menores. Un asunto grueso a resolver es el de las prescripciones y la relación entre la ley civil y el derecho canónico. Y entonces 570 obispos presentes en Roma piden que se asuma la ley civil en casos de abuso de menores. En 2001 la CDF, a través del documento Sacramentorum sanctitatis tutela, se reservó el derecho a revisar y sancionar todos los casos.

QUÉ CONTRIBUYE AL ABUSO EN LA IGLESIA

La evidencia corrobora que el abuso sexual de menores es un problema de amplia extensión en la Iglesia católica. Inciden elementos individuales y sociales, teológicos, de la estructura jerárquica de esta institución, formación de los clérigos y cultura clerical. A continuación, desarrollaré algunos de estos factores.

Entre los abusadores de menores se suelen distinguir los de fijación persistente, los abusadores oportunistas y los abusadores atípicos. Los factores individuales de riesgo que pueden predisponer al abuso son: confusión en la orientación sexual, intereses pueriles, ausencia de relaciones homólogas, experiencias sexuales extremas, experiencia de abuso, personalidad pasiva-dependiente e inmadurez psicosexual.

El clericalismo, ha sido fuertemente señalado como un factor contribuyente al abuso sexual de menores. Es la idealización del sacerdocio y de la institución de la Iglesia católica. Está caracterizado por un liderazgo autoritario, una visión rígida y jerárquica del mundo, y la sacralidad del estado sacerdotal con sentimientos de superioridad. Esta sacralidad de los sacerdotes, que asumen el papel de Dios, les hizo objeto de una confianza y autoridad desmedida, que algunos aprovecharon para abusar de menores. En el uso del poder y los privilegios, se desatiende el servicio al pueblo de Dios. A lo anterior se sumó una cultura clerical que buscó evitar el escándalo y cuidar la reputación de la Iglesia, a través del silencio y ocultamiento, empatizando más con abusadores que víctimas. Durante largo tiempo se entendió la pedofilia como una falta moral y no un crimen.

A nivel de estructura organizacional, la Iglesia se asemeja a una monarquía absoluta. El poder se concentra en el Papa y luego en los obispos o superiores religiosos, que gobiernan su diócesis o congregación con casi total autonomía y sin los contrapesos ni chequeos propios de organizaciones civiles. Esto se da con una abrumadora presencia de clérigos varones, y reducida de laicos y mujeres, en los ámbitos de decisiones y poder. La evidencia constata una falta de liderazgo tanto en obispos como en superiores religiosos, y una falta de preparación y capacitación, en temas de conducción y toma de decisiones. A su vez, el nivel de accountability o de dar cuenta en forma responsable de sus decisiones y gestión es muy reducido. Todo lo anterior ha posibilitado el secretismo, la falta de transparencia y los errores reiterados.

En el ámbito del Derecho, la Iglesia católica se rige por el Código de Derecho Canónico de 1983, que considera el abuso sexual de menores como una falta moral y no un delito. Prevalece un secretismo que protege al abusador y procura evitar escándalo (presente en 24 cánones). El tiempo de prescripción del delito ha sido un factor que ha dificultado la justicia. Esto ha cambiado en los últimos años. Es claro que el estándar del Código de Derecho de la Iglesia es inferior al del ámbito del derecho civil de muchos países. En 2016, el cardenal Sean O’Malley afirmó, citando al papa Francisco, que los crímenes contra menores no pueden permanecer en secreto y que existe la obligación moral de denunciarlos a la autoridad civil.

Mucho se ha discutido en relación a la incidencia que podría tener el celibato en el abuso sexual de menores. Es bueno aclarar que la mayoría de los casos de abuso sexual de menores ocurre al interior de la familia. No hay una relación causal directa entre celibato y la propensión al abuso de menores. Sin embargo, cuando hay factores pre-existentes de riesgo, a los cuales se suma la exigencia del celibato como carga, se puede incrementar el riesgo de abuso de menores.

Al estudiar la crisis de abuso sexual, se concluye que ha habido una mala teología del cuerpo y de la sexualidad, en la enseñanza de la Iglesia católica y la formación de religiosos. Se advierte inmadurez y represión en la vivencia de la sexualidad. Para muchos sacerdotes, el celibato impuesto es un martirio silencioso y consideran que debiera ser opcional.

A la luz de la información que hoy día conocemos, se hace evidente que previo al año 1970 los procesos de selección, formación inicial, acompañamiento y preparación para una vida célibe y de trabajo pastoral, fue inadecuada en ámbitos de la sexualidad, límites, intimidad y comunicación. Ingresaban candidatos desde los doce años a un régimen de internado, donde el desarrollo emotivo-psicosexual era pobre, insano y disfuncional. Los seminarios estaban aislados y siguieron un modelo monástico, cuya formación era rígida, con énfasis en lo intelectual, la piedad y la obediencia de reglas. Era frecuente que sacerdotes recién ordenados y hermanos fueran asignados a parroquias o colegios sin una preparación pastoral previa. Muchos experimentaron soledad, aislamiento, mala vida comunitaria, nula intimidad, escasa amistad entre pares, estrés, inmadurez sexual y emotiva, sobrecarga de trabajo, falta de supervisión y apoyo. Ya sea en forma individual o sumados, los factores mencionados aumentaron el riesgo de abuso sexual de menores.

La confesión de abuso sexual de menores —tanto por víctimas como abusadores— recurriendo al sacramento de la reconciliación, dejó este delito en el secreto del sigilo y dificultó que saliera del ámbito privado. Esto aumentó el riesgo de abuso. Hemos mencionado que durante mucho tiempo el abuso sexual de menores fue concebido como un pecado y no como un crimen. Fue abordado a través del sacramento de la confesión, más oración, sin ser denunciado a la policía. La confesión fue un acto que permitió que abusadores continuaran abusando. Una hija contó que su padre era asiduo a la confesión y un abusador permanente.

PROPUESTAS DE PREVENCIÓN

La Comisión es crítica de la concentración de poder en la jerárquica de la Iglesia católica. Aboga por la inclusión de laicos, especialmente mujeres, tanto en las estructuras de gobierno como en la toma de decisiones. Propone que la selección de obispos sea un proceso con amplia participación de laicos, más transparente, responsable ante la comunidad del pueblo de Dios y evitar los títulos honoríficos. Para el buen gobierno de una diócesis, invita a la implementación frecuente de sínodos diocesanos, como una instancia participativa de consulta, diálogo y escucha.

Respecto a la selección de candidatos a la vida sacerdotal y religiosa, la Comisión recomienda una aproximación multidisciplinaria, que incluya las siguientes dimensiones: médica, psicológica, espiritual y social. Se deberá recurrir a la aplicación de exámenes específicos realizados por profesionales cualificados, previos a la aceptación de un candidato. También, a una consulta amplia, previamente a la ordenación sacerdotal y al chequeo de aptitud para el trabajo con niños.

Dado que toda relación pastoral lleva implícita un desequilibrio de poder, se insiste en la relevancia de una formación permanente que incluya cursos obligatorios sobre ética del ministerio, límites en la sexualidad, cuidado de niños, confidencialidad y ejercicio responsable del poder. Además, se advierte la necesidad de supervisión profesional de actividades relacionadas con el cuidado de personas y de dar cuenta a la comunidad de la gestión administrativa y pastoral (accountability), a través de procesos formales de evaluación.

La Comisión recomienda denunciar a la justicia civil competente los delitos de abuso sexual de menores, pudiendo quedar la identidad de la víctima como objeto de confidencialidad. Aboga por enmendar el código de Derecho Canónico de 1983 respecto de actitudes de ocultamiento y propone que el abuso sexual de menores sea reconocido como delito imprescriptible. Sugiere que la Congregación para la Doctrina de la Fe tenga cortes locales para llevar adelante estos procesos judiciales in situ.

La Comisión recibió abundante evidencia en relación a que el celibato exigido y asumido como carga, conlleva un elevado número de casos de aislación emocional, soledad, depresión y enfermedad mental. Recomienda que el celibato sea optativo.

Si, durante el sacramento de la reconciliación, un menor confiesa que ha sido objeto de abuso sexual o una persona se confiesa de abuso de menores, el sacerdote debe persuadirlo a que informe de estos hechos fuera del ámbito del sigilo, a personas que puedan dar adecuado curso a este delito. Recomienda que la práctica del sacramento de reconciliación con menores sea en espacios abiertos y bajo la observancia de otros mayores.

BUSCAR UNA IGLESIA ACOGEDORA

El abuso sexual a menores ha salido con fuerza a la luz pública en varios países, provocando irritación y escándalo. La Iglesia católica ha sido fuertemente golpeada puesto que algunos de sus ministros y seguidores, han estado involucrados en estos crímenes.

La Comisión Australiana ha estudiado a fondo este problema en su país, incluyendo la realidad estructural y de funcionamiento de la Iglesia Católica. Ha sido un trabajo objetivo y de calidad, del cual nos sentimos profundamente agradecidos. Ha desvelado la crudeza de este crimen y el daño enorme provocado a las víctimas y familiares. La Comisión nos impulsa a buscar las medidas justas de reparación a las víctimas y la renovación y cambios que la Iglesia requiere, tanto en su estructura de gobierno como en su modo de proceder, para ser la Iglesia de Jesús, acogedora de todos, especialmente los más débiles. MSJ