Política migratoria: Un cambio de mirada es posible

Existe bastante consenso en señalar que, pese a los esfuerzos de distintos gobiernos y organizaciones por impulsar una reforma a la política migratoria que responda a los nuevos flujos migratorios que llegan a Chile, el panorama todavía resulta bastante desolador en cuanto al reconocimiento y protección efectiva de los derechos de las personas migrantes, especialmente de quienes se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad. En este contexto, es urgente y relevante cuestionarnos si el foco de estos esfuerzos es el adecuado y, también, si las medidas han sido coherentes con el objetivo de construir una sociedad más igualitaria y dar una protección efectiva de los derechos de quienes convivimos en ella.

Uno de los elementos que llama la atención en el mensaje que acompañó la presentación la nueva Ley de Migración y Extranjería N°21.325, promulgada en abril del presente año y pronta a entrar en vigencia, es su objetivo declarado de establecer “fuertes incentivos para la regularidad migratoria, de manera que el migrante pueda desarrollar su vida en las mejores condiciones posibles”. A continuación, este texto agrega que “por el contrario, se vuelve difícil la estancia en condiciones de irregularidad, aun cuando dichas personas gozan como tales de ciertos derechos fundamentales” (1).

¿Qué objetivo cumple, en términos de política pública, dificultar la estancia de personas que se encuentran en una situación migratoria irregular y limitar el ejercicio de sus derechos? Bajo la lógica de quienes impulsaron esta reforma legislativa, este tipo de normas permitiría reducir la irregularidad, ya sea en el ingreso o en la permanencia de las personas migrantes, al desincentivar el incumplimiento de la normativa migratoria. Entre las dificultades que se imponen al extranjero en situación migratoria irregular, se encuentran la imposibilidad de acceder a ciertas prestaciones sociales, la aplicación de multas y, eventualmente, la privación de libertad y la expulsión ante el incumplimiento de los requisitos exigidos para la regularización migratoria. Adicionalmente, se limita la posibilidad de regularización migratoria en territorio nacional y se privilegia la solicitud de visas de residencia desde el extranjero.

CÓMO FAVORECER LA REGULARIDAD MIGRATORIA

Por otro lado, la evidencia internacional ha demostrado que este tipo de políticas migratorias restrictivas suelen no cumplir el objetivo que se proponen, esto es, reducir los flujos migratorios y la irregularidad migratoria, sino que, muchas veces, generan el efecto contrario. En este sentido, Stephen Castles, al analizar el efecto de este tipo de normas legales, concluye que están destinadas al fracaso mientras no “aborden las causas tanto de la migración económica como de la forzada en los modelos actuales de desigualdad mundial” (2). Un ejemplo de ello es el caso de Estados Unidos, país en el que, durante las últimas décadas del siglo XX, se adoptaron políticas migratorias basadas “en sentimientos antiinmigrantes y animadversión racial” (3), con la intención de bloquear el flujo migratorio proveniente, principalmente, desde México. Estas políticas, sin embargo, terminaron por acelerar la tasa de crecimiento de la población indocumentada en Estados Unidos y han generado que, actualmente, más de once millones de personas migrantes residan y trabajen en situación irregular en ese país (4).

Junto con considerar la falta de evidencia que justifique la idoneidad de este tipo de normas para reducir la irregularidad migratoria, cabe también preguntarse si estas pueden justificarse éticamente y si son coherentes con los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de derechos humanos, especialmente en cuanto al respeto y protección del principio de igualdad y no discriminación. Esto, teniendo en cuenta, además, que el objetivo de estas medidas podría ser alcanzado mediante alternativas menos costosas para la integración y cohesión social de las personas nacionales y migrantes: por ejemplo, facilitando la regularización migratoria y estableciendo canales de entrada seguros y ordenados para quienes deseen residir en nuestro país. En otras palabras, si la finalidad de la política migratoria es reducir la irregularidad migratoria, ¿por qué no adoptar medidas tendientes a facilitar la regularización y asegurar de esta manera que las personas migrantes puedan ejercer plenamente sus derechos, reducir su precariedad laboral y, al mismo tiempo, permitir que puedan cumplir con las mismas obligaciones que se le imponen a los nacionales, incluyendo el pago de sus contribuciones e impuestos?

LOS MÁS POBRES: LOS MÁS AFECTADOS

En la discusión sobre la adopción de este tipo de políticas también se ha tendido a invisibilizar la respuesta a una pregunta fundamental, ¿quiénes se ven perjudicados por este tipo de políticas? ¿Se ven afectadas todas las personas migrantes por igual? En la práctica, sabemos que no. Las restricciones de entrada y para acceder a regularización afectan principalmente a la población extranjera que ya debe enfrentarse a fuertes asimetrías en sus relaciones laborales, a quienes no cuentan con los recursos para tramitar sus visas y contratos de trabajo desde el extranjero, a quienes no tienen capital suficiente para invertir en el país y a personas con menos años de educación formal. A lo anterior se suma el explosivo aumento del flujo migratorio de personas venezolanas hacia Chile, quienes se han visto forzadas a salir de su país producto de su grave crisis política y económica (5). Para todas estas personas tampoco existen actualmente canales adecuados para su regularización migratoria ni para el reconocimiento de sus necesidades de protección internacional, incumpliéndose flagrantemente la normativa internacional y nacional (6).

En tal contexto, resulta difícil justificar éticamente la decisión de “dificultar la estancia” a quienes ya se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, sin posibilidades de acceder a canales oficiales de regularización. Sobre todo, tomando en cuenta que su situación de irregularidad migratoria ha sido consecuencia de la decisión política de restringir estos canales a las personas migrantes menos privilegiadas y a quienes requieren, justamente, de mayor protección estatal, como ocurre en el caso de quienes se desplazan forzadamente desde Venezuela. Tampoco debemos olvidar los costos en vidas de las restricciones impuestas (diecisiete personas fallecidas en frontera en lo que llevamos de este año(7)), la afectación de la integridad física y psíquica de miles de personas migrantes que han ingresado o intentado ingresar por pasos no habilitados, y la precaria situación laboral de quienes se encuentran en situación migratoria irregular, lo que puede conducir peligrosamente a generar mayor exclusión social de un porcentaje cada vez más importante de nuestra población.

Frente a estas críticas, la respuesta de las autoridades que han impulsado estas medidas restrictivas ha sido señalar que Chile no tiene la capacidad de acoger y ofrecer prestaciones sociales a un número creciente de personas migrantes, lo que representaría una carga desproporcionada para en nuestra sociedad. Cabe entonces preguntarse, ¿son realmente las personas migrantes, la mayoría de ellos, trabajadores y trabajadoras, una carga para el país? Hasta el momento, no existe evidencia que justifique una respuesta afirmativa a esta pregunta y, por el contrario, distintos estudios han contribuido a desmitificar el supuesto impacto económico negativo de la llegada de un mayor número de personas migrantes a Chile. Estos estudios han demostrado, por ejemplo, que la inmigración no ha tenido impactos laborales negativos, ya sea en salarios o empleo para los trabajadores nativos (8) y también, que ha contribuido a un significativo aumento de los ingresos fiscales y del PIB (9). También se ha evidenciado la menor utilización de recursos estatales por parte de las personas migrantes, especialmente, al requerir menos prestaciones de salud y de seguridad social (10).

Si nos posicionamos, desde el punto de vista ético de reconocer la igual dignidad y derechos de todos y todas quienes habitan en nuestro territorio, sin condicionar este reconocimiento a su origen socioeconómico, etnia y nacionalidad, hoy tenemos el importante desafío de pensar en cómo aportar a construir una política migratoria que se tome en serio el principio de igualdad y no discriminación, en la que la exclusión sea la excepción y no la norma, y en cómo nos podemos organizar para repartir de manera más equitativa los costos y beneficios de vivir en una comunidad diversa.

Consecuentemente, el foco no debería estar en dificultar el ingreso y la permanencia regular de las personas migrantes de menores recursos o de nacionalidades determinadas, sino que en prevenir que el aumento de la irregularidad migratoria genere mayor asimetría en las relaciones laborales de estas personas y afecte negativamente las condiciones de empleo y de seguridad social de todas y todos los trabajadores, nacionales y extranjeros. También nos debería preocupar cómo contribuir a la cohesión social de una sociedad ya profundamente segregada y desigual, protegiendo a las personas nacionales y migrantes de la discriminación, estigmatización y exclusión de políticas sociales. Si logramos hacernos cargo de estos desafíos para una mejor convivencia, no solo seremos un país más acogedor con las personas migrantes, sino que también un país más próspero y justo para todos sus habitantes, que valora y se enriquece de su diversidad.

BUSCAR ESPACIOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

Finalmente, es importante considerar que, a nivel regional, tenemos un extraordinario potencial para avanzar en medidas que aseguren una mayor y mejor integración e inclusión, considerando las similitudes culturales, históricas, religiosas y el idioma que compartimos. Tomando en cuenta lo anterior, los líderes políticos deberían asumir el compromiso de avanzar hacia la creación de un espacio de integración regional económico y social, en el que todos los Estados podrían verse fortalecidos y beneficiados. Este tipo de espacio podría contribuir a forjar una institucionalidad que permita prever y adoptar medidas frente a desplazamientos masivos de la población, centradas en la seguridad humana de quienes se desplazan y el reconocimiento efectivo de sus derechos y de las comunidades de acogida. Esto es especialmente relevante para Chile, considerando que la mayoría de la población que se desplaza hacia nuestro país proviene de países de la región.

Según ha sido observado por distintos autores, las políticas migratorias suelen ser poco racionales y tienden a omitir la evidencia acumulada respecto a las causas y efectos de la migración (11). Chile, en este sentido, no es la excepción. Son muchos los intereses en juego y es muy fácil caer en el juego electoral de responsabilizar a las personas migrantes de los déficits de gobernanza y reparto equitativo de los recursos. Sin embargo, todavía estamos a tiempo de encauzar el rumbo y avanzar en la construcción de una política migratoria que beneficie verdaderamente a todos y todas, teniendo siempre en cuenta que el respeto de la dignidad humana no puede utilizarse como moneda de cambio para fines electorales.

En síntesis, aún estamos a tiempo de repensar nuestra política migratoria, centrando el foco en aumentar los canales de regularización migratoria y facilitar la integración e inclusión de las personas migrantes y nacionales, con especial atención a las personas tradicionalmente excluidas y aquellas que requieren de mayor protección estatal para el ejercicio de sus derechos. Hoy, más que nunca, todos y todas tenemos el deber de aportar, tanto en el discurso y en la práctica, al desarrollo de una política migratoria que reconozca la igual dignidad de las personas migrantes, combatiendo la estigmatización, la desinformación y los mitos que obstaculizan la adopción de medidas que aporten a reducir la exclusión social y a construir una sociedad más igualitaria y rica en diversidad. MSJ

(1) Mensaje Nº 089-361 de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley de migración y extranjería. Santiago, 20 de mayo De 2013. https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/7856/
(2) Castles, S. (2004). Por qué fracasan las políticas migratorias. Migraciones. Publicación Del Instituto Universitario De Estudios Sobre Migraciones, (15), 147-184. https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/4262
(3) Massey, D.S. (2020). Immigration policy mismatches and counterproductive outcomes: unauthorized migration to the U.S. in two eras. CMS 8, 21. https://doi.org/10.1186/s40878-020-00181-6
(4) Ibid.
(5) https://www.r4v.info/es/home
(6) https://www.latercera.com/nacional/noticia/contraloria-detecta-irregularidades-por-parte-de-la-subsecretaria-del-interior-en-procedimiento-para-reconocer-la-condicion-de-refugiados/QITK4SRVB5EEDLTSTYGLRQUUIQ/
(7) https://www.cnnchile.com/pais/migrante-venezolana-muere-colchane-tras-cruzar-frontera_20211022/
(8) https://s3.us-east-2.amazonaws.com/assets.clapesuc.cl/media_post_4045_306178de50.pdf
(9) https://www.migracionenchile.cl/wp-content/uploads/2020/08/MigracionyEconomia.pdf
(10) https://www.cepchile.cl/cep/libros/libros-digitales/inmigracion-en-chile-una-mirada-multidimensional
(11) Castles (2004), Massey (2020), op. cit y Ruhs et al. (2019), Bridging the Gaps: Linking Research to Public Debates and Policy-making on Migration and Integration. En Introduction: Making Linkages Between Research, Public Debates, and Policies on International Migration and Integration. (pp. 1-18). Oxford University Press.