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Step 1
El triunfo de la derecha en la elección de consejeros constitucionales no cambia la necesidad de un acuerdo amplio e inclusivo que selle pactos constitucionales sostenibles en el largo plazo, evitando la lógica de ganadores y perdedores.
La elección del Consejo Constitucional el 7 de mayo pasado no ha cambiado el desafío principal que tenemos como comunidad política desde hace casi una década: lograr una Constitución de consenso, que mire al siglo XXI y no siga anclada en 1973. Sea por razones simbólicas (la Constitución de Pinochet es el gran monumento a la dictadura y, a cincuenta años del Golpe, es hora de su desmonumentalización), tecnológicas (el núcleo de la Constitución actual fue diseñado a mediados de los años setenta bajo los problemas de la Guerra Fría, con arreglos hoy obsoletos, lejos de los desafíos y la tecnología constitucional del siglo XXI), o estructurales (la «sala de máquinas» del poder: especialmente el ecosistema político y la distribución territorial del poder han vuelto a la política democrática ineficaz para acometer las reformas sociales y económicas más relevantes), difícilmente enfrentaremos este desafío si, a la base, no contamos con un gran pacto constitucional.
Desde hace una década se han venido forjando los lineamientos de un pacto constitucional en torno a cinco pilares estructurales. El primero se refiere a cómo generar condiciones institucionales para viabilizar una interpretación más exigente de la dignidad de cada miembro de nuestra comunidad, que permita el despliegue de los más diversos proyectos de vida autónomos y asociativos, en condiciones de igual consideración y respeto por cada uno de ellos. Otro pilar es la búsqueda de un modelo de desarrollo económico que sea sustentable ambientalmente. También, un sistema político más eficaz y cooperativo, legitimado, basado en una democracia de instituciones que permita la rehabilitación de una práctica política vigorosa y esencialmente programática. En cuarto lugar, un nuevo pacto de distribución territorial del poder entre la capital y las regiones no metropolitanas. Finalmente, una nueva forma de relacionarnos con los pueblos originarios.
Por supuesto, se trata de lineamientos de un pacto pensados y desarrollados por las élites políticas, que son un punto de partida necesario pero insuficiente, y por ello, desde el proceso impulsado por la presidenta Michelle Bachelet, punto de partida que debe ser desarrollado y enriquecido por la ciudadanía a través de amplios canales de participación y democráticos: de ahí la importancia de que el proceso constituyente de la Presidenta nos legara el potente ethos de ser «democrático, participativo e institucional», que también influyó en el Acuerdo del 15 de noviembre de 2019 y en el Acuerdo del 12 de diciembre del año pasado que habilitó el nuevo proceso constitucional 2023.
Este último acuerdo debemos considerarlo como un nuevo hito en la búsqueda de tal pacto, lo cual no cambia con los resultados de la elección de consejeros del 7 de mayo. Un componente central de lo firmado en diciembre son las doce bases institucionales y fundamentales, imperativas para los órganos del nuevo proceso. Si bien pensadas originalmente por los parlamentarios firmantes en sentido negativo, como «bordes» para evitar la «hoja en blanco» del proceso anterior («bordes» que paradójicamente acuñó el propio presidente Gabriel Boric en su discurso la noche del 4 de septiembre de 2022 tras el rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional), tales bases, reinterpretadas en un sentido positivo, tienen el potencial de promover las bases de un genuino pacto constitucional. Veamos.
UN CONCEPTO DE ESTADO QUE CONVOCA
En primer lugar, hay un amplio acuerdo en torno al Estado Social y Democrático de Derecho que, por lo demás, es una de las doce bases (art. 154. 5 de la Constitución), y que encontramos antes en la propuesta de nueva Constitución de Bachelet y en la propuesta de 2022, y que hoy está en el artículo 1° del anteproyecto constitucional de la Comisión Experta. En la nueva versión replica la regla constitucional acordada en el Congreso: «Chile es un Estado Social y Democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales, y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas».
Así, la cláusula de Estado Social se materializa como principio rector en el artículo 1°, y en el catálogo reforzado de derechos sociales de la propuesta experta en el artículo 17 (acercándose a la propuesta Bachelet). Se trata de derechos sociales que, por regla general, son justiciables (aunque el texto busque racionalizar las dimensiones prestacionales de algunos de estos derechos a su autorización legal). Desde el punto de vista técnico, es discutible el modelo propuesto (de justiciabilidad), y es muy insuficiente la propuesta en materia de modernización del Estado y, especialmente, de las administraciones públicas que estarán encargadas, junto a la sociedad civil y el sector privado, de dar eficacia a estos derechos. Con todo, es un pacto que, siendo imperfecto en lo técnico, convoca a amplios sectores.
En segundo lugar, también existe un amplio acuerdo de avanzar hacia una Constitución Económica, que promueva un desarrollo sustentable desde el punto de vista medioambiental. Este equilibrio no fue logrado por la propuesta 2022 y era muy conservador en la propuesta de Bachelet.
La propuesta experta es equilibrada puesto que, por un lado, mantiene buena parte de la Constitución Económica vigente, pero, por el otro, incorpora un nuevo capítulo XIII, provisoriamente denominado «Protección del Medioambiente, sostenibilidad y desarrollo», que consagra una serie de deberes estatales de protección del medioambiente en línea con el derecho comparado.
Asimismo, el catálogo de derechos de la propuesta experta robustece el actual derecho a un medioambiente libre de contaminación, e incorpora un derecho al agua y al saneamiento más exigente desde la perspectiva del consumo humano y la sustentabilidad intergeneracional de este recurso, consagrando que las aguas son bienes nacionales de uso público y garantizando la constitución de derechos de aprovechamiento sobre estas (derecho real) con las limitaciones que establezca la ley.
En tercer lugar, debe ser considerada como un avance la propuesta experta en materia de reconocimiento de los pueblos originarios, sus derechos individuales y colectivos, el respeto a los tratados internacionales en esta materia, el reconocimiento de la interculturalidad en varios planos, y el potencial, entregado a la ley (simple), de mecanismos de acción afirmativa en materia de participación política. Por lo demás, simplemente honramos los compromisos contraídos desde hace décadas, tan claramente reflejados en el «Informe Aylwin», presentes en el Informe de Verdad Histórica y Nuevo Trato, 2003.
Finalmente, los otros dos pactos parecen aun en construcción y la última palabra la tendrá el Consejo Constitucional. Así, desde la perspectiva de avanzar hacia un sistema político más eficaz y cooperativo, la propuesta experta refuerza el sistema presidencial, y no aparecen en el diseño sugerido herramientas idóneas para promover la cooperación y el desbloqueo político. Con todo, sí hay avances relevantes en materia de sistema electoral y el estatuto de partidos políticos, aunque no a la altura del diagnóstico crítico desarrollado largamente por la academia en el último tiempo y abrazado ampliamente por la Comisión Experta. Más innovadoras resultan las propuestas sobre los nuevos mecanismos de participación ciudadana y democracia directa, que buscan oxigenar nuestra frágil democracia representativa.
También es muy temprano para darse por satisfecho con la propuesta experta de dar vida, finalmente, a un genuino Estado Unitario y descentralizado, de acuerdo con el mandato de las bases institucionales (art. 154. 2 de la Constitución), que deje atrás nuestro viejo Estado unitario «centralizador» (legado de Diego Portales). Hay algunas innovaciones interesantes —como la descentralización fiscal—, pero, en lo medular, en la definición de competencias originarias y transferencias desde el nivel central, o una subsidiariedad competencial en sentido suerte, aun la propuesta es conservadora.
El triunfo de la derecha radical el 7 de mayo no cambia la necesidad de un gran pacto constitucional. Este pacto no es un problema numérico o cuantitativo, asociado al quórum de 3/5 para aprobar la propuesta constitucional en el Consejo antes de plebiscitarla, sino cualitativo: la búsqueda de un consenso lo suficientemente amplio, inclusivo, que selle pactos constitucionales sostenibles en el largo plazo, evitando la lógica de ganadores y perdedores, especialmente perdedores que sienten que han perdido mucho y se desafectarán primero con el proceso y luego, hacia el futuro, con la Constitución, aunque sea aprobada.
Más aún, el Partido Republicano enfrentará un complejo dilema al acometer su tarea de liderar la mayoría en el Consejo Constitucional y buscar concluir exitosamente el proceso: ser parte de una solución desde la democracia constitucional, fortaleciendo las instituciones y la política frente a la amenaza populista y autoritaria que ya se extiende por la región y el globo, o bien encarnar esta última, aislándose de las fuerzas democráticas y transformándose ella misma en la amenaza a nuestra democracia constitucional.
El Partido Republicano enfrentará un complejo dilema al acometer su tarea de liderar la mayoría en el Consejo Constitucional y buscar concluir exitosamente el proceso: ser parte de una solución desde la democracia constitucional, fortaleciendo las instituciones y la política frente a la amenaza populista y autoritaria que ya se extiende por la región y el globo…
