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Actualmente existen 403.159 organizaciones, de las cuales el 74% son comunitarias, el 9% son fundaciones y asociaciones, y el 5% están reguladas por la Ley Especial del Deporte. Han surgido 83.000 nuevas entre 2020 y 2023: es un crecimiento promedio de 30.000 al año.
Agrupaciones libres de personas que se reúnen para alcanzar un bien colectivo. Esto es lo que define a la sociedad civil, cuyas organizaciones actúan como intermediarias entre la ciudadanía, el Estado y el mercado, creando espacios para expresar las demandas y preocupaciones de la comunidad.
Con el objetivo de destacar el rol de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Chile, en 2015 nace el proyecto Sociedad en Acción, al alero del Centro de Políticas Públicas UC. A través de la articulación de actores y el levantamiento de evidencia y propuestas, el proyecto busca visibilizar a las OSC como un tema relevante en la agenda pública.
Para definir qué es una OSC, Sociedad en Acción se basa en la metodología elaborada por el Centro de Estudios de la Sociedad Civil de la Universidad Johns Hopkins, la que considera cinco características fundamentales. Estas son: ser una organización (es decir, poseer una estructura interna y un documento de constitución, independiente del estatus jurídico); ser autónoma (controlar sus propias actividades y contar con procedimientos propios de gobierno); no distribuir utilidades entre sus miembros (si es que se acumulan excedentes, estos deben ser reinvertidos en la misma organización); ser voluntaria (sus miembros y los aportes que estos hacen en tiempo y dinero no son obligatorios); y ser privada (su existencia es independiente a la del Estado, aunque puede recibir recursos públicos para su financiamiento).
En función de esta definición, las OSC pueden variar ampliamente según sus objetivos y actividad principal, pudiendo ser organizaciones educativas, comunitarias, de servicios sociales, ambientales, de defensa de derechos, culturales, deportivas, organizaciones de trabajadores y otras.
¿Por qué son importantes? Por múltiples razones. Una contribución significativa de las OSC es su capacidad para abordar problemáticas sociales que no son atendidas por el Estado o el mercado, acumulando experiencia y conocimientos en áreas específicas. Además, se enfocan en grupos vulnerables, ofreciendo servicios de calidad a bajo costo, lo que promueve la equidad social. Asimismo, complementan las acciones del Estado, participando en todas las etapas del desarrollo de políticas públicas.
Estas acciones destacan por su efectividad, ofreciendo servicios de alta calidad a un costo reducido y demostrando una gran confiabilidad debido a su estabilidad en el tiempo. Como resultado, logran impactos tangibles en el bienestar de las personas.
Otra de sus importantes contribuciones es la innovación, la pertinencia y la flexibilidad en su trabajo, ya que no están limitadas por la regulación pública ni por la necesidad de generar utilidades, lo que les permite tomar riesgos y desarrollar soluciones innovadoras. También movilizan recursos materiales e inmateriales, como donaciones, acceso a fondos públicos, generación de empleos y voluntariado, facilitando la participación ciudadana en temas de interés.
Finalmente, las OSC desempeñan un papel crucial en la movilización del interés público, generando cambios culturales y en políticas públicas. Actúan como un enlace entre las personas y el Estado, promoviendo la participación ciudadana en la toma de decisiones y fomentando la diversidad y el pluralismo.
A nivel mundial, las OSC representan un actor económico importante. Según un estudio realizado en 41 países, en las OSC trabajan más de 54 millones de personas en términos de jornadas completas equivalentes (JCE), superando a industrias como el transporte y las comunicaciones, y al sector público, representando el 5,7% de la población económicamente activa. Además, movilizan a 351 millones de voluntarios mayores de 15 años, lo que equivale a 35 millones de JCE, y han experimentado un crecimiento anual promedio del 4,6% en términos de empleo, destacando su relevancia y fortaleza en el ámbito global.
En septiembre, Sociedad en Acción lanzó el «Mapa de las Organizaciones de la Sociedad Civil 2023». Se trata de un documento que busca contribuir a la transparencia del sector en Chile, proporcionando una visión detallada del panorama actual de las OSC. Este informe se construye a partir de datos obtenidos de quince fuentes diferentes y utiliza la nueva Clasificación Internacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro (ICNP/TSO).
Uno de los hallazgos más destacados es la magnitud y el crecimiento de las OSC en Chile. Actualmente, existen 403.159 organizaciones, de las cuales el 74% son comunitarias, el 9% son fundaciones y asociaciones, y el 5% están reguladas por la Ley Especial del Deporte. Desde 1990, el número de OSC ha crecido aceleradamente, alcanzando más de 83.000 nuevas organizaciones entre 2020 y 2023, lo que representa un crecimiento promedio de 30.000 al año. Su tasa de expansión es 2,25 veces mayor que la de las empresas y 6,75 veces superior a la del crecimiento poblacional.
En cuanto a la distribución y categorías de las OSC, existe una notable concentración en actividades relacionadas con el desarrollo comunitario, económico, de vivienda, así como en cultura, comunicaciones y recreación. Estas dos categorías agrupan al 60% del total de OSC en el país. Además, en los últimos cinco años ha habido un aumento significativo en organizaciones que se enfocan en problemas emergentes como el medio ambiente, el bienestar animal, la innovación y la salud mental, reflejando una alineación con las preocupaciones actuales de la sociedad.
En los últimos cinco años ha habido un aumento significativo en organizaciones que se enfocan en problemas emergentes como el medio ambiente, el bienestar animal, la innovación y la salud mental, reflejando una alineación con las preocupaciones actuales de la sociedad.
El informe también analiza el estado de actividad de estas organizaciones, mostrando que un 52,4% de las OSC están activas, lo que significa que han renovado su directorio en los últimos cinco años. No obstante, en comparación con el mapa de 2020, este porcentaje ha disminuido casi un 15%, atribuido a la extensión administrativa de la vigencia de los directorios durante la pandemia y la falta de fiscalización respecto a la renovación de estos. El análisis revela que el 80% de las OSC activas fueron creadas entre 2001 y 2023, lo que indica una mayoría de organizaciones de reciente creación, mientras que las deportivas reguladas por la Ley N° 19.712 presentan los mayores niveles de inactividad, con un 60,2%.
La distribución territorial de las OSC muestra que, aunque la Región Metropolitana alberga el 24,5% del total de OSC activas, esta cifra es baja en relación con su proporción poblacional del 41,9%. Las regiones de Aysén, Araucanía y Los Lagos tienen una mayor proporción de OSC activas en comparación con su tamaño poblacional, reflejando una fuerte presencia de estas organizaciones en áreas menos densamente pobladas. Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, dice que: «Una explicación puede estar dada por la alta presencia de organizaciones indígenas y aunque pueda parecer paradojal, la mayor ruralidad de estas lleva, precisamente, a una mayor motivación por la creación de organizaciones territoriales y funcionales, elemento que no se constata tan fuertemente en las regiones del norte del país». Y agrega: «Aun así, vale la pena destacar el carácter “desconcentrado” de la OSC en el país, pues hay una mayor presencia de estas en regiones que concentran menores proporciones de población en términos relativos».
En cuanto a las fundaciones y asociaciones, el informe destaca su larga tradición, ya que el 25% de ellas fue creada antes de 1989. Sin embargo, también señala un crecimiento exponencial a partir de 2011, tras la promulgación de la Ley N° 20.500. A diferencia de otras OSC, la mayoría de estas entidades se encuentra inscrita en la Región Metropolitana (44%), aunque su área de inscripción no siempre coincide con los territorios donde operan. Además, un 45,2% de las fundaciones y asociaciones se encuentran inactivas, lo que es notablemente alto, sobre todo considerando que estas entidades deberían tener un mayor nivel de fiscalización por parte del Ministerio de Justicia. Un análisis entre 2020 y 2023 revela que, a pesar del crecimiento, hay una alta volatilidad, ya que el 55% de las fundaciones activas en 2020 dejaron de estarlo en 2023, lo que plantea dudas sobre las políticas de apoyo para garantizar su sostenibilidad.
En el contexto internacional, el informe compara las herramientas utilizadas por México, Brasil y Estados Unidos para consolidar datos y caracterizar a las OSC, destacando la importancia de contar con información periódica y de calidad para promover la transparencia y la colaboración en políticas públicas. Chile se ubica por debajo de Brasil y Estados Unidos, pero por encima de México en términos de número de OSC por cada 1.000 habitantes. Además, en estos países, el registro de las OSC está a cargo del Ministerio de Hacienda o la autoridad tributaria, lo que representa una ventaja al facilitar el seguimiento y cruce de información mediante un identificador único, algo que no sucede en Chile.
Este análisis evidencia la magnitud, diversidad y relevancia del sector de las OSC en Chile, al tiempo que destaca los desafíos en términos de sostenibilidad, transparencia y apoyo gubernamental que enfrentan estas organizaciones para seguir contribuyendo al desarrollo social y comunitario.
En el contexto del creciente involucramiento de diferentes actores en la resolución de problemáticas de interés público, el financiamiento estatal de las OSC se ha vuelto fundamental. Este aporte económico puede tener múltiples propósitos, como la ejecución de políticas y servicios públicos en áreas sociales clave como salud, educación, vivienda y trabajo, así como el fortalecimiento y desarrollo de las propias OSC.
En las últimas décadas, tanto a nivel nacional como internacional se ha constatado que el Estado es una fuente importante para el financiamiento de las OSC, principalmente para la prestación de servicios o bien para la movilización de causas o problemas de interés público.
Son de público conocimiento los bullados casos de corrupción asociados a organizaciones que estallaron el año pasado, siendo el más conocido de ellos el de la fundación Democracia Viva. Este episodio, denominado «caso convenios», dañó enormemente la confianza respecto de la labor que realizan las OSC. A pesar de eso, estas siguen siendo importantes para la ciudadanía. Así lo demuestra el sondeo de CADEM del mes de agosto, el que arrojó que un 73% cree que el caso Convenios es principalmente un problema político, versus un 15% que considera que es un problema de las propias organizaciones. La gran mayoría de las personas las valora como un aporte al bien común y como un símbolo de unión y colaboración.
A pesar de ser ampliamente valoradas por la ciudadanía, y de las múltiples contribuciones que realizan al bien común, las organizaciones de la sociedad civil se encuentran en una situación crítica. A partir de los casos puntuales de corrupción, muchas de las transferencias de recursos provenientes del Estado han sido suspendidas o postergadas, lo que ha afectado a los beneficiarios de programas gestionados por estas organizaciones, como niños y adultos mayores en residencias, programas de alimentación y otros servicios esenciales que complementan la labor estatal.
A pesar de ser ampliamente valoradas por la ciudadanía, y de las múltiples contribuciones que realizan al bien común, las organizaciones de la sociedad civil se encuentran en una situación crítica.
Según la reciente actualización del Mapa de la Sociedad Civil, en Chile existen más de 37 mil fundaciones y cerca de 300 mil organizaciones funcionales y territoriales. «50 fundaciones cuestionadas (no todas de ellas imputadas) es una proporción realmente mínima del total. Si bien el «caso convenios» afectó de manera importante la credibilidad y confianza en las fundaciones, una muy alta proporción de la ciudadanía las sigue considerando necesarias, pues generan un real impacto positivo en la sociedad, dice Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC.
El proyecto Sociedad en Acción está generando evidencia y recomendaciones que permitan reactivar su funcionamiento; y a la vez, pretende ser un aporte en la demanda de transparencia del sector. De hecho, el Mapa de las Organizaciones de la Sociedad Civil 2023 es un esfuerzo clave en esta dirección, proporcionando datos esenciales para comprender y abordar los desafíos actuales del sector.
—Accede al informe: https://politicaspublicas.uc.cl/iniciativa/sociedad-en-accion
