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La urgencia de definir un «proyecto y sueño país», con una mirada procrecimiento y desarrollo, motivó a cuatro economistas líderes de opinión a promover un «Pacto de Desarrollo». Advierten que a Chile le urge salir de «la mediocridad estructural», haciendo reformas profundas que permitan afrontar debilidades críticas que hoy provocan deterioro económico y social. [También disponible en audio y video]
Un Consejo Económico y Social permanente «con mirada de futuro», que sea tanto una instancia técnica de investigación como una de deliberación —con participación del Estado, el mundo del trabajo, empresas y universidades— y que elabore proyectos de Planes Nacionales Sectoriales, se encuentra en el centro de la propuesta «Hacia un pacto de desarrollo» para Chile, presentada por cuatro conocidos economistas en ICARE a comienzos de enero. Se trata de un Consejo que propondría reformas habilitantes para el desarrollo. Para esto, trabajaría por preacuerdos que faciliten la discusión legislativa.
El documento formula un diagnóstico de la actual situación nacional, detectando «trece verdades incómodas para una agenda de reformas radicales». De estas desprende líneas de acción, integradas en una hoja de ruta, que van desde reformas al sistema político a incrementos a la adaptabilidad laboral, pasando por modificaciones tributarias, un impulso decidido a ciencia y tecnología, y un significativo esfuerzo innovador en educación (ver recuadro).
Lo firman los economistas Raphael Bergoing, Ignacio Briones, Andrea Butelman y Óscar Landerretche. Ha despertado interés y expectativas de que sea considerado por quienes adoptan decisiones de política pública y legislan. Según remarcan, retornar al crecimiento es una meta esencial para avanzar en objetivos sociales y en apoyo a los más vulnerables.
Dialogamos acá con Ignacio Briones, ingeniero comercial y doctor en Economía en el Instituto de Estudios Políticos de París. Ha sido director ejecutivo del Consejo de Estabilidad Financiera y ministro de Hacienda, junto con sostener actividad académica en la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente, preside el centro de estudios Horizontal.
También, con Óscar Landerretche, economista y doctor en Economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad y asesoría en instancias de gobierno y Hacienda. Durante cuatro años fue presidente de Codelco. Desde hace veinte, es profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
—Juan Cristóbal Beytía (J.C.B.): ¿Cuál fue motivación inicial para formular esta propuesta?
Óscar Landerretche (O.L.): Fue una convocatoria de ICARE1; en particular, promovida por Hernán Larraín Matte, quien está desarrollando actividades en centros de estudio y busca instalar esta materia como preocupación de una línea de trabajo. Sin embargo, hay algo más de fondo: desde hace tiempo, la estrategia de desarrollo que surgió a finales de los años ochenta y que en los noventa fue renovada por la Concertación, está rindiendo poco, tanto en términos de crecimiento económico como de combate a la desigualdad.
Una hipótesis válida es que el estallido social de 2019 sería expresión de un malestar finalmente derivado de que tal estrategia de desarrollo no ha estado entregando los resultados que prometió. La búsqueda de un Estado de protección social contaba con la premisa de que se sacaría a la gente de la pobreza, lo cual se cumplió al comienzo, pero más tarde se dejó de cumplir. Y le costó a la élite empresarial y política aceptar que esta situación no se debía a un gobierno o a otro, sino que obedecía a una situación más estructural.
Ignacio Briones (I.B.): Efectivamente, la convocatoria fue de ICARE. En varias oportunidades hemos abordado esta temática y en Horizontal, en concreto, hemos buscado tender puentes para obtener mínimos compartidos respecto de esta mirada de futuro. Es una reflexión hecha por personas que no necesariamente pensamos igual y que señala que el problema del crecimiento es estructural y que hay que apartarlo de la trinchera política. La invitación que subyace es la de pasar a la acción. Son muchas las razones para el estancamiento y, por lo tanto, ahora se requieren reformas estructurales que tengan una mirada de largo plazo y se inscriban en una estrategia de desarrollo. Como planteamos, estas reformas tienen que ser radicales, a fin de señalar que hay un movimiento efectivo y entonces se produzcan cambios positivos en las expectativas, lo que es muy útil para promover cambios. Por cierto, todo esto requiere acuerdo para lograr que en el Congreso haya aprobación de todo lo que necesite ley.
«La invitación que subyace es la de pasar a la acción. Son muchas las razones para el estancamiento y, por lo tanto, ahora se requieren reformas estructurales que tengan una mirada de largo plazo y se inscriban en una estrategia de desarrollo» —Ignacio Briones.
—J.C.B.: Esto pasaría por asumir que como país tenemos una gran responsabilidad en el magro crecimiento y que no podemos asignar tanto de esta al contexto mundial.
O.L.: Ha ocurrido algo de lo que no tenemos suficiente conciencia y que es interesante hacer notar. Tuvimos una especie de doping, como país. En el momento en que empezó a decaer el crecimiento económico, en estos últimos quince años, es decir, básicamente desde el comienzo de la crisis subprime [2008], hubo momentos de crecimiento bastante altos debidos a que en Chile nos beneficiamos de superciclos de commodities: el del cobre y molibdeno, además de darse una burbuja inmobiliaria o plata dulce en el norte Había una sensación de bienestar, aunque en el fondo solo era dinero que llegó. No era más desarrollo. No era mejor productividad… Sí estábamos vendiendo más caro lo mismo… Y después tuvimos la fortuna de que, a la salida de la crisis subprime (en la que, por el historial de nuestro país de buenas regulaciones financieras y macroprudenciales, no fuimos tan afectados), vino un segundo superciclo de commodities. En el fondo, ese «exceso de azúcar en la sangre» evitó que observáramos el problema; nos demoramos mucho en aceptar que vivíamos un proceso de deterioro importante.
—J.C.B.: ¿Cuáles fueron los elementos que facilitaron la elaboración de este documento? Al existir visiones distintas, no debe haber sido fácil llegar a un acuerdo en estas materias tan complejas.
O.L.: Yo diría que fue fácil porque nos conocemos bastante los cuatro.
I.B.: Eso es fundamental. Hay confianza entre nosotros. Óscar pertenece a un mundo. Yo, a otro. Pero ninguno es radical. Además, tenemos sentido práctico y la convicción de que importa muchísimo el crecimiento y de que para lograrlo no sirve el voluntarismo, sino que hay que concretar reformas estructurales muy jugadas. Es difícil hacerlo, pero se puede, buscando emular la épica que hubo en el primer proceso de desarrollo después del retorno a la democracia. En ese tiempo hubo grandes acuerdos; había coincidencia en que se tenía que crecer con igualdad y con respeto a las normas democráticas, y grandes acuerdos posibilitaron grandes cambios. Andrea nos habló con un poquito de amargura de dos comisiones de estudio sobre políticas de la infancia, en las que ella participó. Estuvo en la primera de ellas hace veinte años y dijo: «Hicimos un reporte y después me llamaron a otra comisión sobre el mismo tema. Fui a esta, e hicimos un nuevo reporte y el contenido era el mismo: me di cuenta de que sobre el primer reporte no se había hecho nada».
Ahora bien, una de las razones por las que ahora fue fácil converger es porque con nuestras propuestas no estamos siendo tan originales, ya que parte de lo que acá señalamos corresponde a un diagnóstico existente hace ya tiempo. Simplemente, lo que ocurre es que muchos de los cambios necesarios no se han implementado.
—J.C.B.: En la discusión entre ustedes, ¿hubo puntos de desacuerdo?
O.L.: Diría que ayudó que conociéramos desde antes nuestros desacuerdos. Pero, en rigor, las diferencias tuvieron que ver más bien con medidas específicas. Por ejemplo, Ignacio y yo tenemos una conversación sobre el IVA. Andrea se ha especializado en temas regulatorios y tiene sus propias posiciones.
I.B.: El trabajo fluyó rápido. Todos aportaban en las medidas importantes y los desacuerdos eran más bien acerca de puntos específicos, manteniendo acuerdo en la dirección a seguir. Quiero subrayar que todas son medidas bastante jugadas y que por eso mismo se requiere un pacto político por el desarrollo, que las habilite. Nos preocupa que, como país, sigamos en el corto plazo y continuemos echando la culpa al empedrado, y con miedo a reformas ambiciosas. Por eso, tenemos que buscar acuerdos básicos para ir al Congreso e impulsarlos. El camino del «no diálogo» es el camino del «no crecimiento». Así de simple.
—J.C.B.: El contenido de este pacto tendría que resultar en propuestas de ley que tendrían que ser aprobadas finalmente en el Congreso. Pero ¿qué otros actores sería importante incorporar?
I.B.: Cada una de las medidas que mencionamos requiere legislación o iniciativas de política pública, pero la propuesta central nuestra es la constitución de un Consejo Económico Social en el que se asuma que, para implementar mucho de lo que acá se está proponiendo, es necesario un proceso de innovación en política pública e, incluso, de experimentación. El que cada país tenga estructuras institucionales diferentes hace imposible replicar lo realizado en otras naciones, lo que hace imperativo un espacio de reflexión y diseño. Y ese espacio no consiste únicamente en abogados y economistas diseñando, sino que tiene que existir también apoyo político. La idea de contar con este, entonces, es formar una instancia para premasticar las decisiones que debiera adoptar la política.
Otras razones para proponer que exista este Consejo están en que, primero, muchas de estas reformas exceden en su escala temporal a un gobierno y, segundo, que muy naturalmente los gobiernos ignoran estas reformas porque no les inciden mayormente en el corto plazo. Importa, entonces, un Consejo que dé seguimiento a estas reformas y a esta estrategia, y al cual, al estilo de Irlanda, por ejemplo, se le podría dar forma por ley y dotarlo de recursos, a la vez que hacerle exigencias.
—J.C.B.: ¿Se le podría otorgar facultades a este Consejo para que lo que proponga sea ejecutable?
I.B.: Este Consejo busca ser una instancia que facilite el debate legislativo. Su rol es servir de marco para un análisis por parte de representantes del Estado, de empresarios, de trabajadores, etc., que participan en él. A raíz de ese estudio, el Consejo elabora un white paper, un libro blanco, con un planteamiento que facilita un acuerdo político. Ahora bien, no todo debe pasar por ahí. También hay otros trabajos, como los que están realizando ICARE o la Mesa del Pacto de Desarrollo, en Horizontal, en donde hay conversaciones con personas de relevancia política que pertenecen a mundos políticos varios, y que pueden transmitir estas ideas dentro de sus propios mundos.
En nuestro país, hoy existe más disposición, en general, a aceptar la necesidad del «crecimiento», palabra que era pecaminosa hace cuatro años y que ahora goza de una auspiciosa salud. Un ejemplo: algunos antes decían que «hay que terminar con el extractivismo que condena a Chile a la miseria», pero hoy buena parte de la izquierda que está en el Gobierno acepta que tenemos oportunidades increíbles en recursos naturales. Entonces, ocupémoslos y procedamos de manera sustentable, rigiéndonos según permisos expeditos y predecibles.
Otro debate es el de la permisología. Es muy auspicioso que todos comprendamos que hay un problema ahí, pero tal diagnóstico compartido debe ser seguido de medidas concretas, hechas con un sentido práctico que permita avanzar sin ideología alguna. Se trata de crecer, siendo sostenibles y respetuosos del medio ambiente. Y con el fruto de ese crecimiento se pueden alcanzar objetivos sociales.
En síntesis, podemos pararnos sobre estos incipientes acuerdos que tenemos y para eso son importantes los diálogos que proponemos en este Consejo. Veo hoy muchas más ideas compartidas entre líderes, que antes, cuando predominaban ideas antagónicas.
—J.C.B.: ¿Dónde creen que pueda darse alguna resistencia a esta propuesta?
O.L.: Todavía existen sectores que resisten la idea de que el camino hacia adelante en Chile sea un camino de crecimiento económico. No nos engañemos: pervive la visión de que es posible un proyecto país sin sentido de progreso. Sin embargo, es importante diferenciar lo que es concebible desde el punto de vista filosófico de lo que, según la realidad, es práctico hacer. Uno puede tener una visión normativa de cómo debe ser la sociedad y esa visión puede discrepar un poco de a dónde conduce el paradigma del capitalismo moderno, pero es necesario ser capaz de caminar y mascar chicle al mismo tiempo, ser capaz de generar progreso económico y también generar una mejor forma de vivir. Y ese modelo existe. Por ejemplo, en economías modernas capitalistas nórdicas es posible observar compatibilidad entre desarrollo y vida buena.
Miremos la historia de los socialismos, desde los más democráticos a los más autoritarios, y concluiremos que todos los que han sido exitosos han tenido como centro el progreso; por supuesto, teniendo agresivas políticas para generar más igualdad. Desde la Unión Soviética hasta Alemania, el punto era cómo se usaba el progreso para generar una mejor sociedad y una mejor vida.
Por cierto, en tal materia existe todavía cierta resistencia. En el flanco derecho, algunas de nuestras propuestas son observadas con reticencia porque requieren una decidida acción del Estado: incluso, el término «estrategia de desarrollo» es mirado como una acción estatista. En flanco opuesto, pueden ser resistidas al ser consideradas liberalizadoras. Desde mi punto de vista, esas dos resistencias aún existen.
I.B.: Cuando uno dice «estrategia de desarrollo», es porque uno se refiere a una capacidad de gobernar, una capacidad de marcar una dirección. Importa buscar una coordinación público-privada… Digamos que en la propia dictadura en Chile hubo esto: no digamos que los salmones llegaron de Marte, ni los bosques tampoco… Al respecto, se pueden establecer metas y un trabajo coordinado en lo público-privado, y enseguida evaluar el cumplimiento. Por otra parte, quiero decir que me preocupa que, desde la derecha dura, el hacer acuerdos pueda ser visto como una cierta traición. Desgraciadamente, tiene alguna fuerza un ala derecha que se sitúa en una esquina, actitud que tiene como única consecuencia que nos quedemos donde mismo.
—J.C.B.: Respecto de las medidas que han propuesto, ¿dónde está el 80/20? ¿Hay alguna prioridad o alguna que haya que implementar primero?
O.L.: Acá no hay balas de plata, sino que existe complementariedad. Un ejemplo: supongamos que hacemos una reforma tributaria súper procrecimiento, pero servirá de poco si hay un régimen de «permisología» que entorpece todo. O si se mejora la permisología y se hace reforma tributaria, pero se sigue con alfabetismo funcional, nada de lo que se haga será realmente útil. De hecho, en Chile actualmente tenemos que importar trabajadores cada vez que hay tareas complicadas.
I.B.: Estoy de acuerdo. Y es posible agrupar estas medidas. Las primeras —las proinversión— son las más rápidamente activables, por ejemplo, mediante una baja de la tasa corporativa. Existe consenso en todo el país, excepto en la izquierda, de que hay que reintegrar el sistema tributario, ya que eso lo simplifica. También es interesante proponer medidas de invariabilidad tributaria, porque Chile se ha puesto más incierto en esa variable.
Otro grupo de medidas son las de capital humano. Hay bastante acuerdo en que el foco a largo plazo tiene que estar en lo preescolar y lo escolar, así como en la recapacitación de los trabajadores.
Y, tercero, en lo institucional, está el desafío de mejorar el sistema político, cuestión que es una verdad incómoda: el presidente Boric se compromete en ENADE a hacer un cambio en el sistema político para afrontar los problemas de fragmentación, pero lo primero que hace luego es presentar una indicación legislativa y eliminar eso. ¿Por qué lo hace? Porque grupos de interés se oponen. Algo similar ocurre respecto del empleo público, tema en el cual todo el mundo comparte que hay que actuar y no se hace, porque hay grupos de presión. Ahí hay verdades incómodas.
—J.C.B.: ¿Cómo imaginan Uds. que se debiera proyectar este esfuerzo?
O.L.: Es un tema que debe debatirse en la elección presidencial. En Chile —para desgracia mía, que soy más bien parlamentarista— es claro que hay una tradición presidencialista y entonces tiene inmensa importancia la figura presidencial. Es muy claro que no habrá progreso posible si esto no es tomado como prioridad por el próximo gobierno.
I.B.: Si a estas ideas se acercaran los candidatos más moderados, hay una posibilidad de que estas ideas sea lancen. Nosotros, por sí solos, no vamos a mover la aguja, pero podemos buscar que otros nos ayuden a moverla. Quiero insistir en la idea tan obvia de que cualquiera de estas propuestas requiere acuerdos y no buscarlos significa hipocresía, inoperancia o cortoplacismo.
—J.C.B.: Pero esta idea, ¿quién se la lleva a los candidatos?
O.L.: Ha sido bastante publicitada. Hicimos el trabajo. ICARE prestó la infraestructura. Se presentó y estuvieron los presidentes de partidos. Hubo buenas opiniones: estaba la presidenta del Frente Amplio, la presidenta de mi partido; de la UDI y Republicanos también estaban. Había buena disposición. Quedaríamos bastante satisfechos si instalamos en el corazón de los candidatos más relevantes y sus campañas la idea de que necesitamos algo, al menos, parecido a esto.
—J.C.B.: Mirando estas verdades incómodas, a la luz del contexto internacional, ¿hay alguna en la que Chile está más rezagado?
O.L.: La del gasto e inversión en ciencia, tecnología y desarrollo. Chile gasta, en lo público y privado, en torno a un 0,3% del PIB. Hace quince años, esa tasa era del doble. Un país como Corea gasta diez veces eso. O incluso más. Israel gasta 3% o 4%. Un país menos jugado en ciencia, como Portugal, gasta 2%. Entonces, también hay un llamado a realidad que hacemos en nuestro documento, alertando que son básicas esas tareas para reencaminarnos al crecimiento Una segunda área es la del rezago que hemos acumulado en infraestructura, área en la cual nuestro país antes estaba adelantado.
I.B.: Quiero expresar que tengo una pequeña discrepancia temporal con Óscar. Parte del fracaso que tenemos en ciencia y tecnología se debe a nuestras carencias en capital humano, que se ha ido quedando atrás muy evidentemente. Si el estudiante o el trabajador no tiene competencias, ninguna otra inversión servirá de algo. ¡Y llevamos diez o quince años hablando de educación superior! Eso es moralmente inaceptable porque sabemos que el problema de base está en los más pequeños.
Tenemos ahí un gigantesco problema con los profesores respecto de cómo se enseña Pedagogía —en lo cual, nadie debe acusar de nada a los profesores— y cómo no se entrega, a quienes la cursan, competencias necesarias en el siglo XXI. Por eso, una de nuestras propuestas es —recordando a la Escuela Normal— traer buenos profesores desde afuera del país. Y traerlos, no para reemplazar a los profesores chilenos, sino para complementarlos. Pero ese tipo de cosas uno las dice acá y le tiran piedras. Nadie se hace problema por traer ingenieros, pero pareciera que traer a profesores es un pecado mortal olvidándose que a los niños debemos ponerlos en el centro.
Otro rezago está en que en Chile no nos atrevemos a aceptar que tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales. En Canadá o Nueva Zelanda no hay vergüenza por generar riqueza a partir de estos. Nosotros también debiéramos decidirnos a emplearlos, aunque, por supuesto, con criterios ambientales y generando valor. Además, aprovechando su explotación como una oportunidad para incentivar la capacitación. Canadá, Nueva Zelanda, Australia o Noruega tienen planes estratégicos en la dirección que estamos proponiendo acá de emplear recursos naturales por la vía de una mirada sistémica y puesta en el largo plazo.
—J.C.B.: Una parte de la resistencia al crecimiento puede tener que ver con los costos que el crecimiento genera. Por ejemplo, esos perjuicios medioambientales.
I.B.: Es súper importante desmitificar que el crecimiento acelerado signifique destrucción del medio ambiente. Puede serlo como puede no serlo. De lo que se trata es de tener todo lo elevado que se quieran los estándares medioambientales, sociales o de bienes públicos. Y, una vez definidos, se puede avanzar con adecuados procedimientos de permisos simples, predecibles o expeditos, y no discrecionales. Se trata de evitar un enjambre permisológico como el que actualmente tenemos y en el que llegamos a cosas absurdas, como lo que hemos visto estos días de pedir a un hospital que establezca un corredor biológico y refugios para vertebrados e invertebrados.
Sí. Establezcamos un estándar alto, pero entonces quedémonos con la regulación afín a ese estándar alto y eliminemos la regulación que no se dirige a ese objetivo y que, a veces, es contradictoria con este. Por eso nuestra propuesta habla de otorgar permisos en base cero. No implica eliminar los permisos, sino fijar un estándar elevado con reglas simples, predecibles y no discrecionales para tener suficiente inversión con estándares altos.
O.L.: Si uno mira la historia, se observa que los países que más protegen el medio ambiente son los desarrollados. En muchos lugares de África hay incendios porque es tanta la pobreza que la defensa del medio ambiente pasa a un segundo plano. La gente necesita comer y punto.
La discrepancia entre cuidado medioambiental y desarrollo económico no tiene base empírica. A veces creemos que existe tal discrepancia cuando miramos hacia el pasado, pero lo importante es apreciar cómo se actúa hoy… Cuando fui presidente de Codelco, estudié muy en detalle el tema de las fundiciones, atendiendo a que en Chile tenemos fundiciones contaminantes, muy antiguas, básicamente de la Segunda Guerra Mundial. Visité fundiciones en el mundo. Visité una muy famosa que está en el centro de Hamburgo. Pues bien, arriba de esa fundición andan pajaritos. Y, además, en esta hay 99,9% de captura de emisiones. Cero contaminación. La gente llega en bicicletas. ¡Esa es la tecnología que opera hoy!
Por cierto, el desarrollo posibilita mejorar los estándares ambientales. Pensemos en lo que podría hacer Chile si tuviera una agresiva política de desalinización de agua para combatir la desertificación, como en Israel o en Arabia Saudita. En este último país exportan leche —de ganado vacuno— porque emplea sus excedentes de energía y desaliniza mucho, regando y generando áreas verdes donde las vacas pueden alimentarse. Gracias a la tecnología, no existe dicotomía entre crecimiento y resguardo medioambiental.
I.B.: Sí. Hay un prejuicio bien atávico en muchas personas, en cuanto a que crecer implica depredar. Es cierto que en el pasado hubo episodios en que así fue. Sin embargo, si ahora logramos un plan de desarrollo a largo plazo, decir a «largo plazo» implica necesariamente preocuparse de la sustentabilidad.
Por otra parte, un ejemplo de la valoración de los recursos naturales de Chile tiene que ver con la contribución de nuestro país en el combate al cambio climático: sin el cobre chileno, la batalla medioambiental no es posible, ya que no se hace posible la reconversión en la matriz energética mundial. Por lo tanto, tenemos que mirar la minería en su rol de contribución al medio ambiente, al margen de los resguardos y prevenciones necesarios en su explotación.
Un segundo ejemplo está en la riqueza enorme que hay en Chile en materia de energías limpias, como la eólica o la solar. Lamentablemente, de estas energías, hemos visto proyectos grandes en nuestro territorio que se han detenido porque la evaluación de impacto ambiental considera solo los impactos negativos. Estos no se ponen en la balanza junto con los beneficios ambientales. No se hace una buena evaluación de, por ejemplo, un proyecto de energías renovables si este implica cortar un cierto número de árboles y se olvida que la alternativa sería mantener la generación de energía con emisiones de carbono.
Debiéramos tener la ambición de lograr una mirada estratégica de largo plazo, en la cual podamos apalancar ciertos mínimos comunes por cumplir antes de echar a andar proyectos. Es cierto que las reformas que hemos propuesto son difíciles y por eso necesitamos acuerdos. Sin embargo, no intentarlo nos lleva a la parálisis.
O.L.: La gente que lee esta revista seguramente tiene preocupación importante por la crisis cultural que se expresa en la crisis de la familia, la comunidad o el barrio, o bien por la crisis de «humanidad» que se vive: mucha está todo el día conectada a espacios como tik-tok, en lugar de preocuparse verdaderamente por sus relaciones o por cultivar su cuerpo o su mente o su alma.
Pues bien, es importante que quienes tienen preocupación por el desarrollo humano se den cuenta del inmenso impacto que se da en todas las problemáticas de este cuando falla la economía. Y es que se trata de virtudes que aluden a cuestiones que, de una manera u otra, hay que financiar. Se tienen que financiar el tiempo libre, el tiempo para que un padre pueda compartir con su familia, el tiempo para dedicar a actividades que benefician la calidad humana… Que las personas puedan tener buenos trabajos, bien pagados y horarios razonables es consecuencia de que haya desarrollo. Eso permite que se pueda luchar por esos aspectos de la vida social y comunitaria que hoy están en crisis. Suelo ver, a veces, que la gente que tiene estas preocupaciones siente que el desarrollo económico podría ser un enemigo de esos valores, aunque en realidad el desarrollo económico propiamente tal es un amigo de estos.
En Chile acabamos de transitar hacia la jornada laboral semanal de 40 horas. En algunos países desarrollados, como Holanda, es de 36 horas. Los holandeses comunes y corrientes, entonces, tienen a la semana un día libre más que nosotros. Hacen deporte, están con la familia y los amigos. Eso es ayudado por el desarrollo económico, correctamente entendido. Necesitamos una base económica que nos permita un proyecto de sociedad más humano para que, entre otras cosas, la gente no viva con la amenaza de la pobreza respirándole en el cuello, en cuyo caso es muy difícil sostener comunidades, barrios o familias.
«Necesitamos una base económica que nos permita un proyecto de sociedad más humano para que, entre otras cosas, la gente no viva con la amenaza de la pobreza respirándole en el cuello» —Óscar Landerretche.
1 ICARE. Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas: Corporación privada sin fines de lucro e independiente, fundada en 1953 por empresarios y profesionales con el propósito de promover la excelencia empresarial en el país.
«Hacia un pacto de desarrollo» expresa que desde hace diez años la economía nacional está estancada creciendo al 2% y que las proyecciones para la próxima década indican un ritmo tal, que se necesitarían cincuenta años para duplicar el Producto Interno Bruto per cápita. Recuerda que, en contraste, a partir de 1990 Chile tuvo una épica que generó una alta convocatoria, permitiendo el par de décadas con el desarrollo económico y social más exitoso de su historia republicana. Hoy, en tanto, se mantienen instituciones y estrategias insuficientes para proyectar el crecimiento en el largo plazo. En consecuencia, según declaran, se hace necesario un pacto de desarrollo ambicioso para dar un golpe de timón: reformas potentes que generen los incentivos adecuados para el crecimiento, la productividad y la inversión… Se trata de abordar verdades incómodas.
1. Crear confianzas de que beneficios llegarán a mayoría. Control de inmigración, mayor formalidad y participación laboral. Tolerancia cero a la corrupción. Combate al crimen organizado.
2. Reformar el sistema político para mejorar su funcionalidad, en cuanto más gobernabilidad. Generar incentivos para la cohesión política.
3. Planes estratégicos de desarrollo sectorial de recursos naturales.
4. Radical racionalización de la permisología.
5. Agresiva reactivación de inversión en infraestructura.
6. Reintegración, como eje de una reforma tributaria estructural. Baja de la tasa corporativa, combinada con mayor base y progresividad de impuesto integrado a la renta. Además, seguro tributario para invertir en Chile e invariabilidad tributaria.
7. Pacto por la educación pre-escolar y escolar. Recuperación de escuelas del Estado. Meta nacional en competencias de aprendizaje. Los mejores alumnos a la carrera docente.
8. Agresiva política de re-calificación de la fuerza de trabajo.
9. Política regulatoria pro-competencia y no pro incumbentes.
10. Facilitar creación de pymes y empujarlas a que se transformen en empresas grandes.
11. Reforma del Estado, el empleo público y la gestión de servicios públicos. Nuevo estatuto administrativo, reducir cargos por cuoteo político, acceso y progresión por mérito.
12. Promover con decisión en Ciencia, Tecnología y Desarrollo. Aumentar del actual 0,3% del PIB a 2% en unos años.
13. Una regulación laboral para el Siglo XXI. Menos centralismo y más adaptabilidad pactada; programas exigentes de capacitación y reconversión; incentivos a la formalidad.
Para profundizar en cada una de las propuestas: https://www.icare.cl/contenido-digital/2025-%C2%B7-un-pacto-por-el-crecimiento-autoridades-y-economistas-comparten-estrategias-para-potenciar-la-economia-de-chile
