Ha sido el mal uso del poder de las élites aquello que más amenaza nuestra democracia, sobre todo porque los poderes del Estado han visto debilitada su confiabilidad pública (también disponible en audio).
Hemos vivido un proceso eleccionario en un momento particularmente delicado de nuestra historia. El país experimenta una situación conflictiva por la presencia de una incontrolada violencia, de crimen organizado, de narcotráfico, de multiplicidad de partidos políticos debilitados que dificultan el funcionamiento eficiente del Congreso en la confección de leyes y la coordinación de los poderes del Estado, así como un Poder Ejecutivo cuestionado en su ética privada.
Durante este año la salud de la democracia ha sido uno de los tópicos que ha tomado nuestras reflexiones. Detrás de ello está la impresión de que en Chile hay riesgos para la democracia como forma de gobierno sostenible. En un mundo globalizado, donde las estrategias políticas se traspasan de un continente a otro sin dificultad, conviene mirar los fenómenos sociales más allá de las fronteras de un país. Por este motivo creemos que es fundamental observar cómo se presenta la democracia en nuestro continente latinoamericano. Evidentemente, hay dificultades comunes que tienen relación con procesos internacionales de modernización, pero también los países y sus culturas políticas internas tienen particularidades que vale la pena mirar con mayor detención. En este número ofrecemos un dossier que puede ampliar nuestra visión en este sentido. Estas particularidades nos pueden dar un prisma distinto para observar los movimientos dentro de nuestro país.
Durante este año la salud de la democracia ha sido uno de los tópicos que ha tomado nuestras reflexiones. Detrás de ello está la impresión de que en Chile hay riesgos para la democracia como forma de gobierno sostenible.
Una aproximación al sistema democrático es considerarlo como un sistema de elección de autoridades. En ese sentido, las recientes elecciones de fines de octubre han sido una buena noticia. El proceso fue impecable, a pesar de que, en esta ocasión, era bastante complejo por el número de candidatos y de cédulas diferentes, que podrían haber generado grandes aglomeraciones de personas. Hubo hechos muy puntuales de desorden en locales aislados y una falla temporal en la transmisión de datos desde el SERVEL hacia los medios de comunicación, pero rápidamente se recurrió a los mecanismos de respaldo y nunca estuvo en riesgo la integridad de la información. Una vez más, en corto tiempo Chile ya contaba con resultados públicos y transparentes gracias al trabajo de ciudadanos que ejercen como vocales. Se trata de un sistema que cuenta con legitimidad pública, algo que no es evidente en todos los países.
Si bien los votantes superaron los 13 millones, que son más de lo que se pronosticaba, queda la pregunta por los casi 2 millones y medio que no fueron a votar. A ellos se suman los votos nulos y blancos. Aunque hay bastante diferencia entre las cuatro votaciones, podría ser en torno al 25% del padrón que no escogió candidato, rechazando todo lo que se ofreció como posible representación. Ciertamente, no es lo mismo no votar que anular o no marcar preferencia, pero ¿qué hay detrás de estas conductas? ¿Será decepción y apatía? ¿Disconformidad o protesta? Se trata de una información a la que se debe seguir la pista y tomar acciones correctivas. Si bien la participación fue mayor que en otros procesos eleccionarios, la verdadera democracia requiere la mayor participación posible.
Merecen atención las votaciones del Partido de la Gente y del Partido Republicano, dos actores importantes desde el estallido social y durante el fallido proceso constituyente. En el primer caso tuvieron una votación muy alta en la última elección presidencial, además de una alta presencia en la Convención Constituyente. Los segundos llevaron a su candidato presidencial a segunda vuelta y gran número de consejeros constitucionales. Sin embargo, en esta elección no fueron particularmente relevantes. Una lectura posible es que, tal como ha mostrado el informe del PNUD, los chilenos están apostando por realizar los cambios con gradualidad. ¿Se estará produciendo un cansancio respecto de liderazgos vociferantes, ruidosos y agresivos? Según esta hipótesis, algunos candidatos podrían haber perdido por ello, mediante un voto de castigo. Sería una muestra de que en política las formas siguen siendo importantes. ¿Se trata de un retorno de la moderación política y el diálogo como valor? Pero creemos que queda aún la pregunta de fondo: más allá de la obligatoriedad del voto, ¿cuál fue la causa de esta volatilidad y apuesta por los actores nuevos? ¿Fue simplemente un rechazo a los grupos tradicionales o hay una valoración genuina por lo nuevo? El apoyo a la derecha histórica y la votación que alcanzó el Partido Radical, podrían indicar un retorno a los grupos de siempre. ¿Será que otorgan, al menos, la sensación de seguridad?
Un último aspecto de la reciente elección es el peso que tienen los candidatos independientes. Si bien la independencia puede significar un alejamiento de las ideologías, también puede ser signo de indefinición e indiferencia. Creemos que la independencia no es funcional a las necesidades de un sistema político más sano, con partidos fuertes y democráticamente organizados. La independencia sugiere que el candidato no se dejará someter a presiones de su partido o de alianzas que se conformen. Sugiere que el candidato cuenta con la autonomía suficiente para votar en conciencia, pero esa es una facultad y un deber de toda autoridad política. El apoyo a independientes también puede ser un voto de protesta hacia los actuales partidos y sus modos de operación. Lo que nos parece grave es que una autoridad sea, en el extremo, impredecible o incapaz de asociarse con otros para empujar una ley. Una democracia sana supone la configuración de mayorías respetuosas pero definidas, no indecisas. Para eso, en primer lugar, es importante y necesario la adscripción a un cierto ideario relativamente estable o a un proyecto, que asegure alguna consistencia en el ejercicio de su cargo. Y, en segundo lugar, la pertenencia a un partido asegura también una cierta rendición de cuentas por sus actos y decisiones. En ambos aspectos los partidos políticos juegan un rol esencial.
En los hechos, aunque una leve mayoría apoyó opciones de derecha, vemos que existe un virtual empate, con dos grupos que no parecen radicalizados como en los periodos de Frei, Allende y Pinochet. Esto nos abre la esperanza de una posibilidad de diálogo constructivo, pero debemos atajar la mentira impune y las formas irrespetuosas o derechamente agresivas.
Las últimas semanas hemos asistido a la develación de una serie de casos de corrupción profusamente expuestos en los medios de comunicación. Estos casos necesariamente han afectado la confianza de la ciudadanía en las élites. La existencia de élites es innegable, existen grupos que concentran algún tipo de poder dado por su fuerza, conocimiento, carisma, redes de contactos, capacidad comunicacional o recursos materiales. Ese poder les permite adquirir un estatus que les facilita imponer sus propios puntos de vista o sostener algunos privilegios en relación con el resto de la ciudadanía. Ha sido el mal uso del poder de las élites aquello que más amenaza nuestra democracia, sobre todo porque los poderes del Estado han visto debilitada su confiabilidad pública.
El caso audios, ha golpeado enormemente la confianza en la objetividad que pueda tener el poder judicial. Cuando se ven arreglos para que algunos casos sean examinados por salas más favorables a alguna persona u otra, la pregunta evidente de la población es si la aplicación de justicia es realmente justa. El sistema resulta opaco para la ciudadanía, que no puede advertir este tipo de coordinaciones improcedentes y cuestionables, que develan abuso por parte de grupos de poder y la percepción de que el Poder Judicial está corrupto por completo. Ciertamente, es una generalización injusta, pero inevitable en las percepciones ciudadanas.
Cuando se devela el millonario sueldo que recibía la exparlamentaria y exministra Marcela Cubillos por media jornada de trabajo en la Universidad San Sebastián, también surge la pregunta por las razones para tamaña remuneración. Más aún si el sector político al que pertenece ha defendido sistemáticamente la importancia del mérito como criterio de justicia social. ¿Cuáles serían dichos méritos? Si el fundamento exclusivo es que su presencia atrae estudiantes y la universidad tiene la libertad para invertir en ello si quiere, es muchísimo más transparente decir que es inversión en publicidad y no intentar hacerlo pasar por méritos académicos. O bien, aplicando la idea de mercados perfectos, abrir un concurso académico transparente ofreciendo ese sueldo, o bien financiar transparentemente el rostro publicitario más atractivo. Pero es grave si se trata de una universidad que recibe algunos fondos del Estado y si hay otros académicos con mejores pergaminos que reciben una remuneración muy inferior a ese salario. Casos como este provocan una profunda decepción por la impresión de que los buenos contactos, o los buenos amigos, son los que terminan definiendo el nivel de salarios y el mérito laboral no cuenta para nada.
Finalmente, asistimos a la debacle que ha significado el caso del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. El hecho de que cualquier autoridad del poder ejecutivo esté posiblemente vinculada a un delito, cualquiera sea este, ya debilita al Gobierno. A quienes nos gobiernan se les exige un estándar ético muy alto en el manejo de recursos, porque administran los bienes del Estado, propiedad de todos. No se concibe el aprovechamiento de bienes públicos para beneficio particular. Al parecer, aquí hubo utilización de la policía de investigaciones para mantener su posición de poder. Eso sería inaceptable.
Hoy requerimos élites de mejor calidad. Por una parte, son necesarias sanciones claras a quienes abusan de la confianza ciudadana y utilizan su poder de manera inadecuada. Por otra, es cierto que hay miembros de élites económicas, políticas y culturales que son probas y están haciendo un buen trabajo. Debemos destacarlas y cuidarlas, porque no hay otro modo de recuperar la confianza. Finalmente, debemos acompañar a quienes detentan alguna cuota de poder por la razón que sea, para elevar sus estándares éticos de conducta. Si hay cariño por la democracia, este aspecto no podemos dejarlo al azar.