Los hechos de las últimas semanas han confirmado que la jerarquía de la Iglesia católica —y esto incluye a los sacerdotes— está cancelada en el foro público. Es decir, cualquier afirmación u opinión de alguno de ellos recibirá muchas veces por respuesta una serie de ataques que obligan al silencio. Da igual cuál sea su mensaje, para parte importante de la opinión pública no merecería ser escuchado ni discutido.

Ahora bien, la jerarquía de la Iglesia no es la única que padece por este fenómeno y la cancelación es hoy una estrategia que va exiliando a distintas personas, de distintas áreas de la sociedad. El silenciamiento rabioso en redes sociales, en medios de comunicación y en otros espacios públicos es un comportamiento que se viene dando peligrosamente desde hace varios años y pone en peligro la democracia.

En el caso de la Iglesia católica es algo comprensible, toda vez que muchos se han sentido traicionados por ella al destaparse los abusos sexuales, de conciencia y de poder que han cometido algunos sus miembros. Ese mal que han cometido algunos, marca inevitablemente al grupo completo, incluidos laicos, laicas y religiosas. Puede parecer una generalización injusta —y quizá lo sea—, pero es parte de las consecuencias de pertenecer a un cuerpo social en el cual las virtudes y defectos de algunos se reparten a todos. El clero deberá aprender a cargar con todo esto, sin duda, pero al parecer es algo que también se impone al conjunto de los miembros de la Iglesia, sin importar su lugar y condición.

A lo anterior se suma, a pesar de importantes esfuerzos en prevención del abuso en las instituciones eclesiales, la percepción de impunidad de los victimarios o la falta de reparación a las víctimas. En parte, la sensación de impunidad se nutre del poco conocimiento que hay sobre las posibilidades de sanción que realmente tiene el sistema penal canónico. Por ejemplo, encarcelar es una facultad privativa del Estado y, aunque estuviera en el deseo de la sociedad, la Iglesia no puede hacerlo.

En todo caso, si la percepción de impunidad es el problema, la cancelación no es la solución. La cancelación y las funas son un retroceso a formas de venganza privada donde no hay proporción entre el delito y el castigo y donde se suprime la personalidad de la responsabilidad penal. Se rompen las garantías de las normas penales que son progresos civilizatorios de la humanidad.

La respuesta lúcida a la ilegitimidad de la cancelación no es la condena moralizante, sino combatir la percepción de impunidad y ausencia de reparación con hechos visibles. Hoy la credibilidad y autoridad de la jerarquía eclesial se ponen en duda fundamentalmente por la incoherencia entre la promesa y los hechos. Recuperar la confianza será, probablemente, un proceso largo de instalación de un actuar congruente en los miembros del clero, pero habrá que añadir a eso tanto la consistencia del mensaje y las acciones a lo largo del tiempo, como también la competencia en el tipo de aporte que entreguen a la comunidad.

EL DERECHO A OPINAR EN EL FORO PÚBLICO

Reconociendo todo lo anterior, cabe la pregunta: ¿puede el clero manifestar hoy su opinión en el espacio público? ¿Debe hacerlo? Nos parece evidente, en un país donde se respeta la libertad de expresión y de culto, que la Iglesia como institución pueda expresar su visión de mundo al resto de la sociedad. Es más, tiene el deber de expresar todo aquello que crea que puede ser un aporte al bien común. En una sociedad abierta y moderna esa debería ser una exigencia para cualquier institución: participar, aportar y cooperar con todo aquello que permita enriquecer la discusión pública y mejorar la vida de sus miembros.

Al mismo tiempo, nos parece que practicar la tolerancia y el respeto es un deber de quienes participen en el debate. La cancelación es una suerte de falacia que invalida un mensaje no por su contenido, que puede ser valioso, sino por los defectos de su autor. En el caso de la jerarquía eclesial, tenemos hoy un clero con poquísima autoridad, cuya sola presencia despierta frecuentemente rabias y agresividades. Sin embargo, eso no dice nada de la bondad o maldad de sus propuestas. En una sociedad democrática es indispensable educarnos en escuchar con tolerancia y respeto mutuo. Para genera un enriquecedor y valioso pluralismo es necesario saber descubrir lo que haya de verdad en la palabra del otro sin excluirlo de plano por sus debilidades. Por cierto, un diálogo verdadero solo es posible cuando el participante reconoce que los otros son tan razonables como él.

Finalmente, nos parece que en la sociedad tenemos el deber de rebatir y combatir el error. Es necesario corregir con respeto las afirmaciones que en conciencia creemos equivocadas. Debemos ayudarnos a buscar y encontrar la verdad para crecer como sociedad.

¿Tendrá algún límite la tolerancia? ¿Tendrá límites el respeto? Creemos que el respeto no debe tener límite alguno, dado que es el reconocimiento de la dignidad inviolable del otro. Sin embargo, quizá existan discursos intolerables; por lo pronto, aquellos que atacan esa dignidad intrínseca de toda persona. Los discursos que buscan aniquilar o estigmatizar podrían caber en esta categoría.

En este contexto, creemos que la Iglesia en su manera de dialogar debe enfatizar algunos modos. Ella debe dialogar dejando claro que busca el bien común y no el suyo propio; usar argumentos que parezcan razonables y convincentes en una sociedad que es plural, que estén bien documentados e informados. Además, la jerarquía debiera distinguir cuando habla como maestra a los miembros de su credo, de cuando habla proponiendo a la sociedad en general. En esta segunda situación el tono debiera ser sustancialmente humilde, muy propositivo y bajo ningún respecto amenazante o impositivo. Finalmente, la Iglesia debe expresar y ejercer con mucha nitidez, no solo el respeto de la libertad de conciencia de quienes piensan diferente, sino un genuino aprecio por ellos.

EN CONCRETO: EL DERECHO A INTERRUMPIR EL EMBARAZO

La jerarquía de la Iglesia ha hecho una declaración criticando el artículo del proyecto constitucional que permitiría el aborto libre en nuestro país. Es un tema muy complejo de zanjar, toda vez que no hay acuerdo sobre el momento en el cual el no nacido es sujeto de derechos, en particular del derecho a la vida. Para algunos es el momento de la autonomía, en que podría sobrevivir sin estar físicamente vinculado a la madre. Para otros, no correspondería abortarlo desde el momento en que puede experimentar dolor y se trataría de un ser “sentiente”. Finalmente, para la Iglesia católica, lo es desde el momento en que hay alguien esencialmente diverso de la madre, con una carga genética distinta, que ya es un ser humano en su proceso natural de desarrollo. Sin ese acuerdo básico no hay posibilidad de establecer el momento en que un aborto podría ser un asesinato. El problema se complejiza aún más cuando las condiciones de un aborto clandestino ponen en riesgo también la vida de las madres.

¿Puede la jerarquía eclesial manifestarse contraria a ese artículo de la Constitución? Por supuesto que sí, como a cualquier otra institución, a condición de que formule sus argumentaciones razonablemente, apuntando siempre al bien común. Es más, siguiendo lo expuesto más arriba, la Iglesia tiene el deber de expresar su parecer cuando estima que su propuesta aporta a que nuestra sociedad sea mejor y más humana, más aún si cree que su opinión protege a personas inocentes e indefensas. Sin embargo, es conveniente que la jerarquía pueda hacerse cargo también de que, en temas morales como aborto, eutanasia, matrimonio homosexual o adopción homoparental, por citar algunos, puede haber mucha distancia entre la opinión de los fieles y la voz oficial de la jerarquía.

¿Merece ser cuestionada la Iglesia en sus afirmaciones? Sin lugar a dudas, al igual que cualquier institución, la Iglesia debe estar abierta al cuestionamiento y a la crítica de aquellos que consideran que está en un error. No hay otra forma de avanzar en la verdad. Pero el cuestionamiento y la crítica deben ser dentro del terreno del diálogo tolerante y respetuoso, donde se busca la comprensión entre todos, donde no caben las formas ni los medios violentos o agresivos que provocan la suspensión del diálogo, la discusión y la confrontación de ideas.

Surge la pregunta sobre si es el ámbito legal aquel donde la Iglesia debe dar su lucha. Ella ciertamente puede dar su opinión fundada sobre las leyes que rigen nuestro comportamiento, pero no es su tarea legislar directamente. Claramente puede exponer su visión antropológica, pero no obligar a aceptarla a quienes difieren de ella. Pero, a la vez, debe ayudar a crear las condiciones sociales en las que el aborto no fuera necesario. Un espacio fundamental para esto debiera ser la formación de las conciencias de sus fieles. Ahora bien, si quisiera avanzar en la posibilidad de ser escuchada por otros agentes, ella misma debería integrar muchas aristas de la discusión (sociales, sanitarias, psicológicas, económicas y morales).

Con todo, lo que no puede faltar por parte de la Iglesia, tal como decíamos arriba, es respeto y cariño, primero, por madres y padres que han decidido abortar y, segundo, por aquellos que con seriedad y en conciencia piensan de un modo diferente. Por fidelidad al Evangelio y al mensaje de Jesús, la Iglesia debe procurar ser profundamente humana, poner en el centro de su acción y enseñanza el amor fraternal. MSJ

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Fuente. Editorial de Revista Mensaje N° 707, marzo-abril de 2022.