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Se juzgará a los autores intelectuales del crimen, pero no a los autores materiales. Un Juzgado declara la “nulidad absoluta” del sobresesimiento de la investigación.
¿Logrará hacerse justicia sobre el asesinato de Ellacuría y los mártires de la UCA? Después de casi 29 años, El Salvador parece dispuesta a abrir una rendija de esperanza. Así, este martes se supo que un juzgado de la capital ordenó la reapertura del proceso contra los supuestos autores intelectuales de la masacre de los seis jesuitas, Elba y Celina, el 16 de noviembre de 1989.
Tal y como informó a EFE Arnau Baulenas, letrado y coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), ente que solicitó la reapertura, el Juzgado ordenó a la Fiscalía presentar la acusación para programar la primera audiencia.
“El juez ordena a la Fiscalía que presente un nuevo requerimiento y una vez presentado, se procederá a la audiencia inicial, ahí iniciará el proceso”, señaló Baulenas, quien aseguró que la acusación debe atender una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema en la que anuló una ley de amnistía de 1993.
Además, detalló que el Juzgado declaró la “nulidad absoluta” de una resolución del año 2000 en la que se dictaba el sobreseimiento del proceso en favor de seis militares y el ex presidente Alfredo Cristiani (1989-1994).
El Idhuca solicitó en noviembre de 2017 la reapertura de la causa penal contra los “autores intelectuales” de la masacre de seis sacerdotes, de los que cinco eran de origen español, y dos colaboradoras que fueron asesinadas en el mismo hecho.
También apuntó que la decisión judicial “se dilató un poco porque se presentaron un par de excepciones por parte de la defensa” para tratar de evitar la reapertura y en las que argumentaban que había “cosa juzgada” y “falta de acción”.
“El juez hoy en la resolución ha declarado que no hay cosa juzgada y que la excepción por falta de acción tampoco es procedente”, señaló el letrado, quien en noviembre de 2017 aseguró que esta masacre es un “crimen de lesa humanidad”.
Los militares acusados por el crimen son los generales, ya retirados, Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Rafael Zepeda, el difunto René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, quien se enfrenta a un juicio en España por este crimen.
Todos son parte de la generación de graduados de la Escuela Militar de 1966, conocida popularmente como La Tandona, que dirigieron las Fuerzas Armadas durante buena parte de la guerra e implementaron la estrategia contrainsurgente de “tierra arrasada”.
El ex rector de la UCA y actual director de Idhuca, José María Tojeira, sostuvo en noviembre de 2017 que esta petición de reapertura no incluye a los “autores materiales” sometidos a una “farsa de juicio” en 1992 y en el que fueron condenados a 30 años de prisión dos uniformados.
El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón élite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos.
Por esta masacre solo está en prisión el coronel Guillermo Alfredo Benavides, uno de los dos condenados a 30 años de cárcel en un juicio en 1992, pena que los religiosos han pedido que sea conmutada. (J.B./EFE)
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Fuente: www.periodistadigital.com/religion
