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La disputa que se viene con este presupuesto es si el crecimiento de 2,7% es efectivamente responsable o no. ¿Son válidas las razones de Hacienda sobre el aumento de los ingresos fiscales permanentes? O ¿Estamos en camino de sobrepasar el techo de la deuda de 45% como dice la Consejo Fiscal Autónomo.
El presupuesto presentado por el gobierno para el 2025 establece un incremento de su gasto en un 2,7%, que es un punto más de crecimiento que el sugerido por Consejo Fiscal Autónomo (CFA), para mantener un nivel prudente de deuda pública.
El gobierno argumenta que esto es posible gracias a los mayores recursos provenientes de dos nuevas fuentes de financiamiento permanente: Royalty Minero y Ley de Cumplimiento Tributario. En otras palabras, un aumento de los ingresos permanentes permitiría expandir el gasto del gobierno sin aumentar la deuda pública por mayores ingresos fiscales.
En términos muy sencillos, en las últimas décadas la política fiscal ha seguido parcialmente una regla en que el gasto del gobierno está supeditado a los ingresos estructurales, es decir, al crecimiento potencial de la economía y precio del cobre de largo plazo. Entonces, en teoría, si los ingresos fiscales efectivos son mayores que los estructurales, puesto que el gasto depende de este último, el exceso de ingresos fiscales se ahorra (superávit). En cambio, si los ingresos fiscales efectivos disminuyen entonces el exceso de gasto se financia con deuda pública (déficit). También en teoría, si la economía sufre shocks positivos y negativos de orden similar, los superávit y déficit tienden a compensarse en el largo plazo sin que la deuda pública cambie, manteniendo un gasto fiscal que aporte al crecimiento económico, especialmente porque es estable sin sacrificar, como sí ocurría en el pasado con la inversión pública y el gasto social cada vez que el país caía en una crisis.
No obstante, la economía ha sufrido una serie de shocks negativos, como el COVID, el estallido social, la guerra de Ucrania y Rusia, etc., que han hecho que la política fiscal se aleje de esta regla y que el gasto haya sido bastante mayor que los ingresos estructurales, elevando la deuda pública (bruta) de un 13% del PIB el 2013 a un 40% el 2024.
El CFA por su parte ha calculado que el techo de la deuda publica no debe ser superior al 45%, caso contrario existiría alguna probabilidad de que el gobierno se declare en default, probabilidad pequeña pero positiva, que, si afectase, por ejemplo, la clasificación de riesgo de país (premio por riesgo país) y, por tanto, encareciendo las tasas de interés de futuros créditos externos. No obstante, hay que indicar también que el nivel de deuda de la economía chilena no es exageradamente alto, y es parecido a los niveles que registran países de la OCDE de menores niveles de desarrollo.
En resumen, la disputa que se viene con este presupuesto es si el crecimiento de 2,7% es efectivamente responsable o no. ¿Son válidas las razones del Ministerio de Hacienda sobre el aumento de los ingresos fiscales permanentes? O ¿Estamos en camino de sobrepasar el techo de la deuda de 45% como dice la CFA, y con esto, enfrentaremos un mayor premio por riesgo país para la economía chilena?
Al respecto el gobierno tiene algunos puntos a favor en este debate: el enorme cambio que la humanidad debe experimentar hacia tecnología sustentable intensiva en litio, y también en cobre, en los próximos años, hace creíble el argumento del royalty minero. Este argumento también debería estar en concordancia con proyecciones más alta del crecimiento potencial, en efecto, Fuente y García (2016) calcularon que un aumento de 1% del precio del cobre aumentaría el PIB en 0,16% en 5 años1. Así, no solo se tendría el efecto expansivo del royalty por el precio sino también más crecimiento y, con esto, más recaudación permanente.
El gobierno tiene algunos puntos a favor en este debate: el enorme cambio que la humanidad debe experimentar hacia tecnología sustentable intensiva en litio, y también en cobre, en los próximos años, hace creíble el argumento del royalty minero.
Por otro lado, la capacidad de fiscalización del pago de impuesto no solo mejorará en el papel con una serie de medidas indicadas por el propio gobierno (modernización de la administración tributaria, control de la informalidad y delitos tributarios; planificación tributaria agresiva, nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente, etc.) sino también en la práctica. En efecto, las tecnologías basadas en IA aseguran que cada vez será más fácil para los gobiernos fiscalizar estos pagos, aunque debemos reconocer que este argumento es algo más débil que el del royalty minero.
Sin embargo, el CFA tiene también un punto muy importante a su favor, los shocks que experimentó la economía chilena pueden repetirse, no necesariamente de la misma naturaleza, pero sí de magnitudes similares, como el cambio climático, la llegada de la robótica y los riesgos geopolíticos (las crisis de Medio Oriente, las tensiones entre EE.UU. y China, etc.). En nuestra experiencia reciente la deuda pública frente a shocks severos se incrementó en pocos años en más de 20%. Si bien estar cerca del techo de 45%, marginalmente puede ser inocuo, llegar a un 70% o más sí pone en riesgo las finanzas públicas. En otras palabras, es importante reducir paulatinamente el nivel actual de deuda para tener un colchón frente a shocks severos que pueden ocurrir en el futuro y así poder utilizar la política fiscal para estabilizar la economía, herramienta que ha sido de mucha utilidad en las últimas décadas.
Aumentar las holguras fiscales es importante en una dimensión más profunda que la polémica de un punto porcentual más o menos de aumento del gasto fiscal. Esto porque Chile tiene un talón de Aquiles frente a shocks externos negativos futuros: la caída de la productividad. Si el país tuviera un boom de productividad, con el consecuente aumento de los ingresos tributarios, endeudarse para financiar distintos tipos de gasto no sería un problema, puesto que su pago estaría asegurado en el futuro. No obstante, la situación es diferente, existen muchas necesidades y reformas sociales que son difíciles de financiar porque el crecimiento no solo está estancado sino porque también no se avizora que esta situación cambie en el mediano plazo.
Sin un aumento radical en la productividad, no es posible aumentar gasto a costa de más deuda. En este sentido, el gasto fiscal debiera orientarse más en los próximos años hacia políticas que favorezcan el mejoramiento del capital humano, impulso de la investigación, el desarrollo de las universidades en tecnologías aplicadas y con impacto directo en Chile, facilidad en la creación de nuevas empresas y proyectos, asegurar la seguridad de las ciudades, etc.
Fuente: Revista Observatorio Económico Nº 192 / Imagen: Pexels.
