Fernando Atria: «Espero que podamos construir una sociedad más horizontal»

En 2013, Fernando Atria hablaba de la urgencia de una nueva Constitución para Chile. Han pasado ocho años desde que publicara el libro La Constitución tramposa, aludiendo a la de 1980, y hoy está ad portas de ser actor principal en la redacción de un nuevo fundamento de origen popular, tal como lo había imaginado. Electo constituyente con la primera mayoría —como independiente de la lista Apruebo Dignidad, por el Distrito 10— se prepara para lo que dice será «un proceso […] que nos dé una nueva forma política, una que esté legitimada ante el pueblo».

—En su libro La Constitución tramposa, Ud. señala que el espíritu de la del ‘80 fue neutralizar al pueblo en su rol de agente político. ¿Cuál debería ser el espíritu de esta nueva Constitución?

Exactamente el contrario: la habilitación del pueblo en su rol de agente político. Creo que una constitución democrática existe para crear una forma política que pueda ser reconocida —por los ciudadanos y ciudadanas— como la medida de su empoderamiento.

La Constitución del 80 tenía la finalidad explícitamente declarada —y ahí están las citas de Jaime Guzmán— de hacer que, en la medida en que fueran decisiones transformadoras, no se pudieran llevar a cabo. Y eso fue creando un creciente distanciamiento entre el pueblo y la política institucional. Porque se fue haciendo evidente que la política institucional no permitía que nosotros decidiéramos. Entonces, la pregunta era: «Si nuestras demandas y decisiones son irrelevantes, ¿qué cosas sí le importan al poder político?». Y yo creo que lo que los ciudadanos se respondían era que a ese poder le importaba las demandas del poder económico, los intereses propios de la clase política, etc.

Y ahí está la explicación de la profunda crisis de legitimidad de las instituciones democráticas de hoy. La solución es que la Constitución, en vez de ser un obstáculo para la realización de esas demandas transformadoras, diseñe una forma política que facilite, que cree posibilidades de acción, para que sea realidad lo que decidan esos ciudadanos y ciudadanas.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

—¿Y cuál es el desafío de la Convención, más allá de redactar una nueva Constitución que represente al pueblo?

Como consecuencia de lo anterior, hoy la idea de representación misma no tiene realidad en la experiencia. La solución es una política distinta. ¿Cómo la Convención va a poder solucionar este problema? Los resultados de la reciente elección son útiles, pues la Convención no es simplemente un órgano representativo más, y también importa cómo esta actúe. Por eso, ideas como que haya espacios secretos de deliberación son una receta para el fracaso, porque serán vistos como parte de la misma política a la que estamos acostumbrados. Un desafío principal es que la Convención sea considerada como una instancia abierta y vinculada a la sociedad. Y eso tiene que ver con la participación ciudadana: que los convencionales participen en la discusión que está ocurriendo en los territorios, y que rindan cuenta.

—La redacción de una nueva Constitución trae, de alguna manera, incertidumbre. ¿Cómo se da gobernabilidad a un país mientras se redacta una nueva carta fundamental?

Una nueva Constitución trae incertidumbre, pero también certidumbre. Lo que pasó el 18 de octubre es que se acabó la institucionalidad política que tenía Chile hasta entonces. El pueblo simplemente la desahució. Y entonces todo lo anómalo de la política —desde esa fecha en adelante— se explica porque estamos viviendo bajo una forma política ya desahuciada por el pueblo. Y recibió —el 25 de octubre de 2020— una certificación notarial con el 80% de los votos, y después otra en la última elección. Hemos tenido tres oportunidades en que eso se ha reiterado, cada vez más categóricamente. Y eso —el hecho de vivir bajo una forma política desahuciada— también trae inestabilidad. Es parte de la crisis actual. El hecho de que haya un camino para redactar una nueva Constitución disminuye la inestabilidad. Ahora bien, ¿cómo se enfrenta eso? Ahí hay una cuestión bien importante para quienes se desempeñan en los poderes institucionales actuales, esos que fueron impugnados. Me refiero a la Presidencia y al Congreso, evidentemente. Yo esperaría que entendieran que su último deber es facilitar el proceso constituyente y no obstaculizarlo. Esto suena ingenuo, pero creo que en las circunstancias actuales —y dado el resultado de la última elección— es posible. Y espero que se den cuenta de que hoy Chile demanda un proceso constituyente exitoso, que nos dé una nueva forma política, legitimada ante el pueblo.

CONSTITUCIÓN: UN GENUINO GRAN ACUERDO

—¿Cuál debería ser el rol del próximo Presidente?

Más que el último de la forma política ya desahuciada, será el primero o la primera de la nueva forma política. Su función será actuar de una manera que corresponda a la nueva política por venir más que a la política tradicional. Porque si no lo hace, va a ser visto como el último o la última presidenta de esa forma política que se está hundiendo. ¿Tendrá la sabiduría —quien sea que sea— para hacerlo así? Uno solo puede decir ¡ojalá!

—¿Cree que se debe modificar la extensión del período presidencial?

Eso depende de la forma del régimen político. Muchos regímenes parlamentarios no tienen una duración fija, porque las elecciones pueden ser anticipadas. Sin embargo, un régimen presidencial con un período de cuatro años y sin reelección es parte de los dispositivos de neutralización del poder, porque es la manera de asegurar que ningún gobierno asuma la tarea —difícil, inicialmente— de hacer transformaciones profundas. De hecho, que los cuatro años sin reelección haya sido una solución a la cual se llegó en 2005 en democracia, muestra que el problema de la Constitución del 80 no es solamente el texto original, sino la cultura política que fue creando. Pienso que cuatro años sin reelección en un régimen presidencial es incompatible con lo que Chile necesita.

—¿La nueva Constitución tiene que ser un gran acuerdo, como dijo en algún minuto el expresidente Ricardo Lagos, o partir de cero?

Las dos cosas. Es importante entender que, durante los últimos treinta años, los llamados «grandes acuerdos» han sido los hechos entre la Concertación y la derecha. Afuera quedaban los ciudadanos y ciudadanas que exigían transformaciones. De hecho, la exigencia de la derecha de la regla de los 2/3 se hizo pensando en que la nueva Constitución sería un gran acuerdo en ese sentido, es decir, un acuerdo entre ellos. Calculaban que iban a tener más de 1/3 y que podrían vetar cualquier cosa. Eso cambió. Entonces, la nueva Constitución representará, por primera vez en treinta años, un genuino gran acuerdo. Y eso se medirá por la capacidad de lograr los 2/3. El que pretenda vetar unilateralmente no logrará bloquear el proceso constituyente; simplemente se hará irrelevante. Pienso que están dadas las condiciones para que la Constitución sea, por una parte, una hoja en blanco que no deba nada a la de Pinochet y, por otra, un genuino gran acuerdo, que no esté condicionado por algún veto unilateral.

COMPATIBILIDAD DE DERECHOS

—Por estos días se ha hablado mucho de la propiedad privada. ¿Está en riesgo?

Cuando se habla de propiedad privada, hay una asimetría entre lo que se está discutiendo y lo que parece que se está discutiendo. Y parte del rol de las fake news es ocultar esa diferencia. Las personas, normalmente, creen que estamos discutiendo sobre la protección de su derecho sobre su propiedad personal: su casa, su auto, entre otras cosas. Y no he escuchado a nadie que esté en contra de eso. En ese sentido, no creo que vaya a haber discusión. Lo que pasa es que la propiedad, en la Constitución actual, cumple una función muy distinta, que es proteger al poder privado frente al poder público. Busca proteger al gran capital, por ejemplo, de regulaciones medioambientales para asegurar cierta sostenibilidad en el desarrollo, porque se argumenta que esas reglas afectan la propiedad de las compañías mineras, de las compañías forestales, etc. Entonces, en ese sentido, la propiedad sí estará en discusión en la nueva Constitución. Y la corrección, creo yo, va a ser —y espero— que la propiedad será un derecho más. Hoy es el súper derecho que está por sobre todos los demás. ¿Por qué? Porque esta Constitución es la de los propietarios. Entonces yo esperaría que la nueva Constitución asegurara el derecho de propiedad personal —desde luego— y ponga el derecho de propiedad general dentro de un sistema de derechos que tienen que compatibilizarse.

—¿Y qué opina sobre la división territorial del país?

La estructura territorial del Estado en Chile es del siglo XIX. Es decir, si hubiera tal cosa como un museo institucional, eso estaría ahí, ciertamente. No me imagino que la nueva Constitución reitere una estructura centralizada, como la que tiene Chile hoy. Es necesario transferir a las regiones capacidad de hacerse cargo de su propio destino. ¿Cuál es la manera en que se organiza esa nueva realidad descentralizada? Algunos han dicho federalismo. En fin, hay distintas posibilidades, pero la primera voz debería ser de quienes han sufrido el centralismo. No digo que tengan la última palabra, pero sí la primera.

La nueva Constitución va a regir —al menos— los próximos cincuenta años.

—¿Qué mensaje le entregaría a los jóvenes que van a ser los protagonistas de esta nueva forma política?

Esta es la primera vez que nos vamos a dar una Constitución en democracia y para la democracia. Y eso puede cambiar la manera en que entendemos nuestra convivencia política. ¿Qué significa vivir juntos? Pienso que los más jóvenes, que serán los protagonistas de esa forma política que la nueva Constitución inaugurará, tienen entre una oportunidad y un deber histórico central. Porque la nueva Constitución va a permitir la realización del principio democrático. Y eso no solo se manifestará en la forma en que actúa la institucionalidad política. Chile es hoy una sociedad extraordinariamente jerarquizada en términos de clase. Jerarquizada, incluso, en términos de color de la piel, y para qué decir en términos de género. Chile tiene esa estructura social así de diferenciada en parte —no es la única razón— porque hemos tenido un poder democrático incapacitado para actuar sobre esas cosas. Espero que con la nueva Constitución podamos construir una sociedad más horizontal. Y eso es un gran desafío para las generaciones que vienen. MSJ

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Fernando Atria, constituyente —como independiente de la lista Apruebo Dignidad, por el Distrito 10—. Abogado y académico, experto en derecho constitucional.