Sr. Director:
De acuerdo con la Ley de Educación Superior, promulgada en mayo de 2018, las universidades que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad se regirán por los valores regulados de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación. Es decir, podrán cobrar a los estudiantes solo los montos que establezca el Estado. Esos indicadores, que comenzarán a regir en 2022 para las carreras de Pedagogía y Derecho, serán establecidos cada cinco años mediante resoluciones del Ministerio de Educación (Mineduc), visadas por el titular de la cartera de Hacienda, de acuerdo con los cálculos realizados por una Comisión de Expertos definida en dicho cuerpo legal.
Si bien esta regulación era necesaria para resguardar los recursos públicos que se entregan a las instituciones que son parte del beneficio de la gratuidad, y en ese contexto resulta una medida pertinente, la forma en que se han calculado los aranceles generará una merma en casas de estudios adscritas a esta política pública. La interpretación de la ley que está haciendo el Mineduc parece sesgada y sin duda genera un daño en el financiamiento de las instituciones de educación superior.
No es adecuado economizar en calidad ni ajustar costos en esta materia. Preocupa que los cálculos propuestos generarían brechas millonarias para las casas de estudios y vemos que estos aranceles regulados no promueven una educación de buena calidad. En tal sentido, es necesario recordar que se trata de la formación de los futuros profesionales que contribuirán al desarrollo del país.
Lamentablemente, pese a que todas las instituciones informaron los costos reales de estos grupos de carreras, el Ministerio tomó como base y referencia el 20% de menores valores, lo que implica dificultades significativas para aquellas que están en el grupo de mayor acreditación y complejidad.
Vemos con inquietud un modelo de gestión que tiene una lógica privada y desconoce el rol de las universidades en regiones, que tienen otras estructuras de costos. Por ello, desde el Consejo de Rectores (Cruch) esperamos propiciar un debate amplio en el Congreso para que se pueda postergar esta medida y se analice la manera en que se pretende aplicar la ley.
Álvaro Rojas Marín
Rector Universidad de Talca
