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Ya suman más de 5.600 las instituciones de la sociedad civil cuyas personalidades jurídicas han sido canceladas por el gobierno del presidente Daniel Ortega. El mandatario también envió a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma del Código Penal que sancionaría férreamente delitos en contra del Estado y de la administración pública.
Un nuevo cierre masivo de organizaciones no gubernamentales (ONG) se decretó en las últimas horas en Nicaragua, luego de que el gobierno del presidente Daniel Ortega revocara la personalidad jurídica de 169 instituciones sin fines de lucro que funcionaban en el país. Hace once días se había realizado el mismo procedimiento con otras 1.500 ONG, superando así las 5.600 organizaciones de la sociedad civil que han sido ilegalizadas desde que comenzaran las protestas en contra del gobierno en 2018.
Si bien hasta ahora estas medidas de represión se habían ejercido sobre todo contra instituciones pertenecientes a la Iglesia católica, agencias y medios independientes reportan que esta vez las afectadas son mayoritariamente entidades pertenecientes a iglesias evangélicas, pentecostales y bautistas, además de organizaciones como Save the Children Canada. En general, se les acusa de no transparentar sus estados financieros y de derivar dineros para debilitar al gobierno sandinista, por lo que se ha decretado que las que quieran seguir operando deberán hacerlo en alianza con entidades estatales dependientes del gobierno.
Si bien hasta ahora estas medidas de represión se habían ejercido sobre todo contra instituciones pertenecientes a la Iglesia católica, agencias y medios independientes reportan que esta vez las afectadas son mayoritariamente entidades pertenecientes a iglesias evangélicas, pentecostales y bautistas…
El presidente Daniel Ortega, que cumple su cuarto mandato consecutivo en el país centroamericano, también envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca reformar el Código Penal, incluyendo, entre otros, los delitos de financiamiento del terrorismo, delitos contra la administración pública, delitos contra el Estado o sus instituciones y ciberdelitos. Estas han sido, de hecho, las imputaciones más recurrentes usadas por el gobierno contra sus opositores y para confiscar bienes de diversas instituciones, pero no estaban claramente definidas en el Código Penal. La iniciativa de Ortega busca también la modificación del artículo 410, que sanciona a personas o instituciones que menoscaben la integridad nacional, aumentando de 15 a 30 años de prisión a quienes organicen, financien o patrocinen de algún modo la comisión de este delito.
La reforma del Código Penal, además, pretende ampliar el “principio de universalidad” de la comisión de delitos para que puedan ser imputables tanto a nicaragüenses como a extranjeros, a personas individuales y a ONG, incluso si estos ocurriesen fuera del territorio nacional. Además, las penas para los delitos más graves podrían ampliarse hasta la cadena perpetua.
Fuente: www.vaticannews.va/es / Imagen: Pexels.
