Justicia brasileña condena al inductor del asesinato de Vicente Cañas a 14 años de prisión

Después de dos días de juicio en el Tribunal Federal regional de Cuiabá (Brasil), Ronaldo Antoniô Osmar, el único acusado vivo o en edad legal de ser juzgado por el asesinato del misionero jesuita español Vicente Cañas, realizado en 1987, fue declarado culpable, de los delitos de colaboración directa y planificación de emboscada. Y condenado a catorce años de cárcel y tres meses.

Quedó demostrado que él, siendo delegado de policía de la región, contrató a varios sicarios para ejecutarle, por orden de varios hacendados.

Durante el juicio, en el que estuvieron presentes familiares de la víctima llegados desde España y numerosos representantes de la iglesia que trabaja con el mundo indígena, el jurado, formado por cuatro hombres y tres mujeres, votó en contra del acusado. En 2006 (veinte años después del crimen) se celebró el primer juicio que absolvió al acusado —que era en el momento de los hechos delegado de policía de Juína— y a otros implicados que ya han fallecido o no tienen edad legal para ser juzgados. En aquel momento salieron absueltos por seis votos frente a uno. Hace dos años, en 2015, el Ministerio Federal logró que se pudiera celebrar otro juicio, en base a que en 2006 no se tuvieron en cuenta todas las pruebas.

Durante este nuevo juicio, la acusación basó su defensa en el testimonio de dos indios Rikbacktsa, Paulo Tompero y Adalberto Pinto, quienes al poco de los hechos escucharon de uno de los presuntos ejecutores del misionero confesar el crimen e implicar al acusado y a quien le contrató para organizarlo, el hacendado de la hacienda Londrina, Pedro Chiquetti, quien veía amenazados sus intereses por la defensa de las tierras indígenas que lideraba el jesuita Vicente Cañas. También testificó Fausto Campoli, compañero de Vicente Cañas, quien narró al jurado la estrecha relación del jesuita con los indios Enawene Nawe y cómo estos le consideraban un miembro más de su pueblo.

Por su parte, la defensa intentó demostrar que la muerte no fue violenta sino natural, a causa de una úlcera. También insinuó que fueron los indios Enawene Nawe quienes asesinaron a Vicente Cañas.

Para la familia Cañas, en palabras de sus sobrinos Rosa y José Ángel, la sentencia es una gran alegría y abre un precedente en el país: “Estamos muy contentos, esto abre un precedente impresionante en este país. Se ha hecho mucha justicia con mi tío, estamos felices, contentos. Después de tantos años de espera es una gran satisfacción que se haya hecho justicia, lo que representaba nuestro tío era abrir un camino para la protección de los pueblos indígenas. Esta sentencia servirá para defender a muchos otros que no pueden defenderse y que no se llegue a los extremos que se había llegado contra ellos, que es lo que siempre quiso él defender, la autonomía de unos pueblos con su cultura”.

Para la Compañía de Jesús en Brasil, según el superior de la Plataforma Apostólica Centro Oeste (PACO), Antonio Tabosa sj, esta sentencia significa “lo primero, justicia para un misionero jesuita que dedicó su vida a los indígenas aquí en la región de Mato Grosso; lo segundo, justicia para sus familiares que estuvieron con nosotros en este juicio y sentir el dolor y la impunidad de la muerte trágica, y sobre todo justicia para los pueblos indígenas que tanto les cuesta defender sus derechos si no hubiese quién les defendiese de aquellos que quieren invadir de sus tierras”.

Durante el juicio, además de los familiares, se hizo presente el consulado español en Brasil a través de Elisea Mendoza, y muchos representantes de la Iglesia y de la lucha por la defensa de los indios. Por parte de la Compañía de Jesús, además de numerosos jesuitas, acudió el superior de la Plataforma Apostólica Centro Oeste de Brasil, Antonio Tabosa. Asimismo, acudieron: el obispo de Juina, D. Neuri Tondelo; el obispo representante del CIMI (Consejo Indigenista Misionero), Roque Palocci; grandes amigos y compañeros indigenistas de Vicente Cañas, como la religiosa del Sagrado Corazón Bety Myky, y su gran compañero Thomaz Lisboa.

Y, por supuesto, representantes indígenas de las poblaciones Enawene Nawe, Myky, Rikbacktsa, Nanbikvara, Kajabi. También representantes de la Opan (Operación Amazonia Nativa), como Rosa María Monteiro, y de la Funai (Fundación Nacional del indio-órgano oficial del Estado brasileño para el servicio de los pueblos indígenas).

Este caso no solo se ha juzgado por este asesinato, sino que simbólicamente trae al presente los muchos crímenes cometidos contra los indígenas durante las últimas décadas en Brasil y que han quedado impunes. La causa indígena en este país sigue enfrentándose hoy a numerosas problemáticas y conflictos que generan la defensa de la tierra de los indios frente a los intereses económicos de la agroindustria.

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Fuente: www.periodistadigital.com/religion