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Sr. Director:
A mediados de noviembre, se presentó el estudio «Los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de Chile», realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De la misma manera como ya lo había señalado la encuesta Bicentenario UC, en este estudio se verifica que la confianza institucional ha experimentado una caída preocupante: únicamente el 30% de las personas señala sentir un nivel alto o moderadamente alto de confianza en el Gobierno y solo el 51% se muestra satisfecho con los servicios administrativos públicos, incluida su confiabilidad (en la OCDE, en promedio es de 66%). Además, atributos clave, como la cortesía y la competencia de los funcionarios públicos, son evaluados muy por debajo de otros países de esa organización.
Sin embargo, no todo es negativo. Los esfuerzos por una participación inclusiva en la toma de decisiones han dado buenos resultados y en nuestro país, actualmente, alrededor de una de cada cinco personas (23%) informó haber participado en consultas públicas (en la OCDE, el promedio es 10%). En tanto, la mitad de los encuestados (47%) expresa confianza en su capacidad de participar en política.
La confianza es un pilar fundamental, pues sin ella la cohesión social se debilita y la política pública pierde legitimidad: es un requisito para la cooperación social.
Para recuperar la confianza en las instituciones, se requiere un esfuerzo sostenido por demostrar que estas no solo son técnicamente competentes, sino también honestas y orientadas al bienestar colectivo.
El informe de la OCDE señala que es necesario mejorar la calidad de los servicios públicos y su capacidad de respuesta, fortalecer la integridad y la transparencia del Gobierno, y abrir más espacios para la participación activa de la ciudadanía.
Chile ha dado un paso importante al priorizar la confianza pública como un objetivo político explícito en la Agenda de Modernización del Estado 2022-2026. Lograrlo es una necesidad urgente para un futuro más justo, cohesionado y democrático.
Ignacio Irarrázaval
Centro de Políticas Públicas PUC
