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Es esencial que todos los actores políticos comprendan que esto se combate que implica unidad nacional.
A pesar de las críticas al Plan Calles sin Violencia y los recientes lamentables eventos que la prensa chilena ha denominado como “masacre”, el gobierno del presidente Gabriel Boric tiene una oportunidad histórica para desarrollar planes de seguridad que combatan efectivamente el crimen organizado. Además, el gobierno está construyendo gradualmente un nuevo discurso de seguridad pública desde las izquierdas, algo que inicialmente no tenía. Esto es relevante porque el crimen organizado se interesa únicamente por su negocio, lo que exige una postura firme del gobierno para enfrentar a bandas criminales como el Tren de Aragua y otras que operan en el país, sobre todo en el Gran Santiago.
El crimen organizado se ha infiltrado en nuestras comunidades, afectando la vida cotidiana y poniendo en riesgo la estabilidad democrática. La gravedad de esta situación no puede subestimarse, y las acciones gubernamentales deben ser contundentes y coordinadas. No se trata solo de una cuestión de seguridad pública, sino de preservar los fundamentos de nuestra sociedad.
Las críticas al Plan Calles sin Violencia son comprensibles, dado el tamaño del problema y las expectativas de la ciudadanía. Sin embargo, es importante reconocer que cada esfuerzo por combatir el crimen organizado es un paso hacia la recuperación de la tranquilidad y la justicia en nuestras calles. El gobierno de enfrenta un desafío monumental, pero también una oportunidad única para demostrar que las izquierdas pueden abordar eficazmente el problema de la seguridad.
El discurso emergente de seguridad pública desde el gobierno es un signo de evolución política que reconoce la necesidad de enfrentar con firmeza a organizaciones criminales. Bandas como el Tren de Aragua operan con violencia extrema, buscando consolidar su control sobre territorios y mercados ilícitos, desafiando la autoridad del Estado y generando miedo entre la población. Esto también plantea preguntas sobre la capacidad del Estado chileno para resguardar sus fronteras.
Lo que está en juego es mucho más que el control del crimen; es la preservación de la democracia. La infiltración del crimen organizado en las instituciones es un fenómeno alarmante que socava la confianza pública y pone en riesgo la integridad del sistema democrático. Permitir que estas organizaciones continúen expandiéndose podría convertir a Chile en un país donde el miedo y la corrupción dictan las reglas.
Lo que está en juego es mucho más que el control del crimen; es la preservación de la democracia.
No queremos que Chile se convierta en un país peligroso, como el sur de Italia con la Ndrangheta, donde empresarios, políticos y jueces que combaten a la mafia viven bajo amenazas de muerte. La extorsión que afecta a emprendedores extranjeros en algunos barrios de Santiago no puede expandirse y debe erradicarse para que las futuras generaciones vivan en un país seguro.
La historia muestra que la tolerancia hacia el crimen organizado solo conduce a su fortalecimiento. Las lecciones de Italia, México y Colombia son claras: la impunidad y la falta de acción decisiva permiten que las organizaciones criminales se enraícen y expandan su influencia. Chile no puede repetir estos errores. Debemos actuar con determinación y unidad para erradicar esta amenaza antes de que sea demasiado tarde.
Si no se frena el crimen organizado, tendremos barrios donde se imponga una especie de omertá (silencio) por miedo a las amenazas, incluyendo a políticos, empresarios y periodistas. Es esencial que todos los actores políticos comprendan que esto se combate que implica unidad nacional, ya que el crimen organizado no distingue clase social ni color político.
Como planteaba Ricardo Solari (PS) en un diario nacional, la unidad nacional es crucial en esta lucha. El crimen organizado afecta a todos los sectores de la sociedad, sin importar su clase social o afiliación política. Por ello, es imperativo que todas las fuerzas políticas se unan en un frente común contra esta amenaza. Solo a través de una colaboración sincera y efectiva podremos desmantelar las estructuras criminales que buscan socavar nuestra democracia y seguridad.
El llamado a la acción es urgente. Cada día sin una respuesta efectiva es un día en el que el crimen organizado gana terreno. Los ciudadanos, los líderes políticos y las fuerzas de seguridad deben trabajar juntos para enfrentar este desafío. El gobierno va por el camino correcto y, como apunta Carlos Peña en una columna dominical, debe tomar decisiones sin culpar al gobierno anterior. La responsabilidad es hoy, y es una oportunidad para las izquierdas.
El gobierno de Gabriel Boric tiene una oportunidad histórica. La construcción de una estrategia de seguridad integral y un discurso sólido desde su sector sobre la seguridad pública son pasos fundamentales. No solo se trata de proteger a los ciudadanos hoy, sino de asegurar un futuro en el que el crimen organizado no tenga cabida en nuestra sociedad. La tarea es monumental, pero con unidad y determinación, podemos asegurar que Chile sea un país seguro y justo para las generaciones venideras.
Imagen: Jomagam, FreeImages.
