La Iglesia aprueba, ¿aprueba?

«Es indudable que hay que cambiar la Constitución», declaró el arzobispo de Santiago, Celestino Aós (06.11.2019). No me consta que otros obispos se hayan expresado al respecto. Según Aós, «lo que estamos viviendo estalló por situaciones de injusticia que colmaron el vaso».

¿Cómo han de tomar los católicos estas palabras en relación al plebiscito de abril? Bien parece que esta es una opinión personal del obispo que, como cualquier recomendación eclesiástica, no debiera forzar el juicio práctico de conciencia de los católicos y de las católicas. La dignidad de su libertad merece el máximo respeto. Por cierto, el obispo no les manda pensar ni votar como él lo hará. Sin embargo, su opinión debe tomársela en serio. Las circunstancias piden oír con atención todas las voces de las personas que, por su investidura, tienen una mayor responsabilidad en el cuidado del país. Estimo, por esto, que las palabras del arzobispo merecen ser consideradas al momento de decidir por una u otra de la primera de las alternativas del plebiscito de abril. Esta es: Apruebo o Rechazo un cambio de Constitución.

¿Cuáles pueden ser las razones para votar por una posibilidad o la otra? El obispo Aós algo dice, pero habría que complementar la fundamentación de su opinión. Entre las muchas razones que pueden aducirse, creo que las siguientes son importantes.

La opción Rechazo puede sustentarse en dos razones. La primera es insuficiente, pero no despreciable: el miedo a cambiar una Constitución que, a pesar de su mal origen, ha servido por cuarenta años. Es verdad que no se puede separar el procedimiento doloso de su aprobación de la organización injusta de la política y de la economía que desencadenó. Pues es atendible que, como argumento, el intento de redactar un nuevo texto a partir de una “hoja en blanco” produzca inseguridad. Se podrían perder valores que debieran conservarse. Una segunda razón es el interés por salvar una Constitución que ha facilitado la prosperidad del país en los últimos treinta años. Nadie puede objetar que en este periodo muchas personas han salido de la pobreza. Lo que no se dice, sin embargo, es que esta es la razón que tienen los poderosos de Chile, los poderosos responsables de la desigualdad del país, para oponerse a los cambios. No debiera extrañar que los potentados chilenos voten Rechazo. Lo que realmente les asusta es perder la Constitución con que han conseguido lo que han querido.

La opción Apruebo puede respaldarse con dos razones. La primera también tiene que ver con el miedo. No por esto debe descartársela. Esta razón la expresa el mismo obispo Aós en estos términos: “Si no se hacen cambios profundos, estaremos hablando de maquillaje y volveremos a repetir la misma historia y el estallido va a ser igual de fuerte o mayor”. La opinión del obispo es compartida por una cantidad enorme de personas que creen que la frustración con la clase política, de rechazarse el cambio, puede conducir a la ingobernabilidad total. Pero hay una razón que tiene, a mi parecer, más peso. Esta es la contracara del argumento anterior. Solo una nueva Constitución puede garantizar, jurídicamente hablando, que el clamor por justicia de la población chilena sea escuchado. Se necesita una nueva Constitución para que la salud, la vivienda, la seguridad social y la educación sean reconocidas como derechos. Lo otro es confiar que estos bienes tan fundamentales estén en los programas de los gobiernos turno y nada más.

No hay que ilusionarse. Nada asegura que una nueva Constitución consiga que estos derechos sean invocados por los ciudadanos con éxito. Esto también dependerá de la capacidad económica, de la cultura democrática, de la actualización científica, de la inserción geopolítica del país para sustentarlos, de malestares indescifrables de la población, y del trabajo de los políticos ciertamente. Pero a estos no se les puede pedir que se hagan cargo de sacar el país adelante si no se les ayuda. La ayuda fundamental en este momento es que los anhelos y las razones de los ciudadanos para exigir cambios sean consagrados en una nueva Constitución.

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