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En una carta pública dijeron: “Rechazamos enérgicamente la campaña de acoso y criminalización”.
“Quienes suscribimos la presente (carta), docentes, investigadores independientes y miembros de distintos centros académicos comprometidos con el derecho a la educación y la libertad de cátedra, rechazamos enérgicamente la campaña de acoso y criminalización que culminó con el cierre y confiscación de la UCA” de Nicaragua, señalaron los firmantes en una carta pública.
La jesuita UCA de Managua, considerada uno de los últimos bastiones de libertad de pensamiento en Nicaragua, fue disuelta y expropiada el 17 de agosto pasado tras ser acusada por el Ministerio Público (Fiscalía) de ser un “centro de terrorismo”.
El Gobierno nicaragüense publicó un día después en el Diario Oficial La Gaceta un acuerdo del Ministerio de Gobernación en el que se aprueba la cancelación de la personalidad jurídica de la UCA, otorgada el 13 de agosto de 1960.
En la misiva, los académicos observaron que en los días previos al cierre definitivo de la UCA, las autoridades nicaragüenses habían “ordenado el congelamiento de las cuentas bancarias, la inmovilidad registral de los bienes inmuebles y desautorizado el funcionamiento del Centro de Mediaciones del Bufete Popular de la misma”.
Recordaron que desde 2018, cuando estallaron unas manifestaciones contra el Gobierno que preside Daniel Ortega, “la UCA ha sufrido sistemáticas campañas de desprestigio, ataques a sus instalaciones físicas, el destierro de quien entonces era su rector, el padre José Idiáquez sj, y del vicerrector general, Dr. Jorge Huete”.
Recordaron que desde 2018, cuando estallaron unas manifestaciones contra el Gobierno que preside Daniel Ortega, “la UCA ha sufrido sistemáticas campañas de desprestigio”.
De igual manera destacaron que la UCA “formó a miles de profesionales en las distintas disciplinas y especialidades, mantuvo una sostenida proyección y compromiso social e impulsó importantes labores de investigación científica en distintos campos”, lo que la convirtió en “una institución de sólido prestigio nacional e internacional”.
En tal sentido, señalaron que “por lo expuesto y la pérdida que significa para el país y la sociedad nicaragüense, condenamos y denunciamos la ilegal confiscación de los bienes muebles e inmuebles y los activos bancarios de la UCA”.
PIDEN MAYOR SOLIDARIDAD CON LA UCA
En el documento, los académicos manifestaron su solidaridad con las autoridades de la UCA, con la Compañía de Jesús y con los más de 5 mil estudiantes, miembros del personal docente y administrativo, “que se ven afectados por esta arbitraria medida y que están ahora en la incertidumbre académica y laboral”.
Igualmente hicieron un llamado “a las instituciones académicas y académicos de la región y del mundo a manifestar su solidaridad activa con la UCA”.
Más de 2 mil universitarios, de los más de 5 mil que tenía registrada la UCA de Nicaragua, es decir, un 40%, han solicitado matricularse en las universidades jesuitas de El Salvador y de Guatemala para intentar continuar sus estudios en esos centros de estudios, según autoridades de esas instituciones.
Ambas universidades forman parte de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en Latinoamérica (AUSJAL), una red de 30 universidades jesuitas, a la que movimientos estudiantiles han pedido acoger en sus centros de estudios, de forma presencial o virtual, a los alumnos de la UCA de Nicaragua.
Las relaciones del Gobierno del presidente Daniel Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcados por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas. (RD/EFE)
Fuente: www.religiondigital.org / Imagen: Facebook UCA.
