Mons. Moisés Atisha: «Como Iglesia defendemos y amparamos a los niños, niñas y adolescentes y a la familia de las personas migrantes»

En el texto, el Obispo de la diócesis de San Marcos de Arica señala: “Manifiesto mi indignación y rechazo por los hechos sucedidos el día de ayer, 23 de abril de 2021, en el Cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile (…) de esta ciudad, lugar donde actualmente se encuentran privadas de libertad 32 personas de nacionalidad venezolana, con objeto de materializar su deportación del territorio nacional”.

Agrega que, según la información recabada, a las personas detenidas se les retuvo sorpresivamente siendo confiscados sus documentos y otras especies, “impidiéndoles absolutamente tener comunicación con sus familiares directos y un abogado que los pudiera representar”, conociéndose que varios detenidos tienen parejas e hijos menores de edad en la ciudad. “Lo anterior constituye una vulneración grave y violenta de los derechos fundamentales de las personas migrantes”, recalca el Obispo.

“Se exige que el Estado de Chile respete y proteja la dignidad e integridad física y psíquica de toda persona, independiente de su nacionalidad, género, edad y condición migratoria, según lo prescrito por la Constitución Política de la República y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, suscritos por Chile y que se encuentran vigentes”, expresa Moisés Atisha en otro punto, añadiendo que “como Iglesia defendemos y amparamos a los niños, niñas y adolescentes y a la familia de las personas migrantes, núcleo fundamental de la sociedad y pedimos directamente a las autoridades de la República de Chile que resguarden los principios de la Unidad de la Familia y el Interés Superior del Niño, asegurando que ninguna sanción infringida en contra de los afectos vulnere aspectos tan fundamentales de nuestra sociedad”.

Luego solicita que las personas migrantes retenidas puedan ejercer las garantías de un justo y racional procedimiento y se les permita tener acceso a una representación jurídica, “impedírselos es una acción arbitraria e ilegal”, se asegura.

Además, destaca que la Nueva Ley de Migraciones permite, en su artículo 8 transitorio, que las personas que hayan ingresado por pasos no habilitados puedan salir voluntariamente en un plazo de 180 días contados desde el 20 de abril del presente, día de la publicación de la ley. “Resulta igualmente arbitrario materializar esta deportación en estos momentos, mientras existe un plazo para poder ejercer dicho beneficio legal. Este comportamiento convierte a la Nueva Ley en letra muerta”.

“No podemos desconocer que las personas afectas son de nacionalidad venezolana, país fuertemente asolado por la pobreza, hambruna, violencia y vulneración a los derechos fundamentales. Estamos frente a uno de los mayores éxodos vividos en la historia de Sudamérica, afectando intensamente a toda la región”, recuerda el pastor, expresando que “toda persona tiene derecho a vivir con dignidad y a buscar los medios para su subsistencia de forma lícita y legitima”, exhortando al Estado de Chile a buscar “medidas de cooperación internacional que permitan encontrar una solución integral en la vida de las personas de nacionalidad venezolana que han deseado convertir a nuestro país en su nuevo hogar”.

Finaliza la declaración, uniéndose a las enseñanzas del Papa Francisco y del Magisterio de la Iglesia Católica, extendiendo la invitación evangélica: “Vengan, benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era emigrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver” (Mt 25, 34-36).

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Fuente: Obispado San Marcos de Arica, www.iglesia.cl