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Durante el pasado fin de semana.
En Nicaragua, un juez procedió el pasado sábado al embargo de Canal 12, uno de los dos canales de televisión de alcance nacional y que funciona fuera del control mediático del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La crisis política y social estallada en abril del 2018 sigue teniendo repercusiones, ejercer un periodismo independiente y critico frente a las diferentes violaciones a Derechos Humanos ha costado una nueva escalada contra los medios de comunicación independientes en Nicaragua: una persecución fiscal a través de la cual están imponiendo millonarios cobros de impuestos.
EMBARGOS A TELEVISIONES INDEPENDIENTES
Nica Visión S.A, empresa operadora de Canal 12, denunció que el 11 de septiembre la Dirección General de Ingresos (DGI) les notificó de una supuesta deuda de 21 millones de córdobas (unos 600.000 dólares al cambio oficial) en concepto de tributos.
“Esto es producto de un reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de impuestos sobre la renta de los años 2011, 2012 y 2013. Actuando de manera excesiva, el juez también embargó los bienes personales de nuestro administrador Mariano Valle”, explicó la emisora televisiva en un comunicado difundido un día después del embargo.
El embargo y cobro millonario de impuestos a Canal 12 no es el único. La Dirección General de Ingresos también impuso una orden de pago a Canal 10, la estación más vista en Nicaragua. El Gobierno le cobra a esa televisora unos 110 millones de córdobas, pero todavía no han ejecutado un embargo de bienes.
“Esta escalada tiene como antecedente la persecución, las confiscaciones, el acoso y hasta el asesinato de un periodista cometido en 2018. Ahora estos canales, de espectro nacional, son multados con supuestos impuestos. Esto es un golpe duro para las libertades ciudadanas en Nicaragua. Esto debe ser una alerta para evitar el cierre total de los medios de comunicación, porque significaría el ostracismo total”, dijo a medios de comunicación, Violeta Delgado, del Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), ONG también confiscada en 2018 por el Gobierno.
CENSURA
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) emitió un pronunciamiento en el cual condena el embargo a Canal 12 de televisión de Nicaragua y el reparo fiscal a Canal 10, y expresó su solidaridad con los equipos periodísticos de ambas televisoras.
En 2018, el Canal 12 fue obligado por el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) a dejar de transmitir los programas Danilo Lacayo En Vivo, y Esta Noche y Esta Semana, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro. Situación que constituyó un acto de censura contra los programas de televisión de debates y entrevistas y el principal medio independiente de la televisión nicaragüense.
LLAMADO A PROMOVER CULTURA DE PAZ
Desde la catedral en la ciudad de Matagalpa, Mons. Rolando Álvarez hizo un llamado a las autoridades y a todos los sectores a promover una cultura de paz y entendimiento, “en primer lugar, a las autoridades públicas por tener ellos la primera responsabilidad, nada ganamos y mucho perdemos los nicaragüenses si cada quien se atrinchera en su postura, defendiendo como si fueran máximas verdades, de hecho, en las posturas nunca le han hecho bien a los pueblos, cada quien reconozca sus errores y pidamos disculpas”, expresó el obispo.
Mientras tanto, monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, condenó en su cuenta de Twitter el “atropello a la libertad de prensa de parte de la dictadura que ostenta el poder en Nicaragua, esta vez contra el Canal 12 de televisión. Mi solidaridad con todo el personal, periodistas y dueños del canal”, expresó.
Durante la Misa dominical presidida por el cardenal Brenes, arzobispo de Managua, transmitida por el Canal Católico de Nicaragua, el prelado pidió “para que las autoridades del país encuentren una solución al embargo económico al Canal 12”, puntualizó.
FIN DE SEMANA DE ASEDIO A PERIODISTAS
Durante la cadena de medios digitales y radiofónicos organizada por la Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, realizada el sábado por la tarde, también se denunció el hostigamiento a Ileana Lacayo en Bluefields, Julio Jarquín y Carlos Lacayo de radio Corporación; así como la represión contra Radio Darío en León.
El próximo 23 de septiembre se realizará el juicio por calumnias contra Kalua Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima en Bluefields en el Caribe Nicaragüense, y el 24 de septiembre contra la periodista Elsa Espinoza.
Por su parte, la periodista Elizabeth Romero señaló que ante una situación como esta, “quienes van a salir verdaderamente perjudicados son los trabajadores”. Añadió que la “estrategia del régimen es seguir callando voces, lo cual afecta el derecho que tiene la población a recibir información de diferentes medios de comunicación”.
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Fuente: https://es.zenit.org
