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En 2017, cuatro personas fueron asesinadas cada semana por defender su derecho a un medio ambiente limpio y saludable. Entre 2002 y 2013, 908 personas murieron defendiendo el medio ambiente y la tierra en 35 países. Los derechos ambientales están consagrados en más de 100 constituciones.
ONU Medio Ambiente lanzó en Ginebra una iniciativa para hacer frente a las amenazas, la intimidación, el acoso y el continuo asesinato de defensores del medio ambiente en todo el mundo.
La denominada Iniciativa de Derechos Ambientales de las Naciones Unidas ayudará a las personas a comprender mejor sus derechos y a defenderlos, y asistirá a los Estados a salvaguardar los derechos ambientales.
ONU Medio Ambiente insta a todos los gobiernos a priorizar la protección de los defensores del medio ambiente y a llevar ante la justicia de forma rápida y definitiva a los que atacan o amenazan a los defensores. La tolerancia a la intimidación de los defensores del medio ambiente socava los derechos humanos básicos y el estado de derecho ambiental.
En el marco de este plan, ONU Medio Ambiente hace un llamado al sector privado para que vaya más allá de los estándares mínimos de respeto a las comunidades y el ambiente y se convierta en un defensor de los derechos de todos a un medio ambiente limpio y saludable.
Desde la década de 1970, los derechos ambientales han avanzado más rápidamente que cualquier otro derecho humano y cada vez más, estos derechos se invocan y se ratifican. Tribunales en al menos 44 naciones han emitido decisiones para hacer cumplir el derecho constitucional a un medio ambiente saludable.
“Los defensores son héroes que luchan por proteger al planeta y sus habitantes, pero la triste realidad es que muchos de ellos están pagando un alto precio con su seguridad y a veces con sus vidas. Es nuestro deber apoyar a aquellos que están en el lado correcto de la historia, eso significa defender el más fundamental y universal de todos los derechos humanos, que es la vida”, dijo Erik Solheim, Director Ejecutivo de ONU Medio Ambiente.
Los derechos ambientales están consagrados en más de 100 constituciones y, sin embargo, cuatro defensores del medio ambiente son asesinados cada semana, según documentó en enero de 2018 la ONG Global Witness. Entre 40% y 50% de los 197 defensores asesinados en 2017 provenían de comunidades indígenas y locales. Muchas más personas son hostigadas, intimidadas y obligadas a abandonar sus tierras.
Al menos 60% de los crímenes ocurrieron en América Latina y el Caribe, una región rica en recursos naturales que desde hace años ocupa el primer lugar entre las zonas más peligrosas del mundo para los defensores del medio ambiente.
“Las violaciones de los derechos ambientales tienen un profundo impacto en una amplia variedad de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la autodeterminación, los alimentos, el agua, la salud, el saneamiento o la vivienda, o derechos culturales, civiles y políticos”, dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
“Los Estados tienen la responsabilidad de prevenir y castigar los abusos cometidos por las empresas dentro de sus territorios y las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos de los demás. Espero que esta nueva iniciativa pueda alentar a ambos a cumplir”, añadió.
Otra tendencia preocupante está socavando el estado de derecho ambiental: los intentos de algunos países de limitar las actividades de las organizaciones no gubernamentales. Entre 1993 y 2016, 48 países promulgaron leyes que restringían las actividades de ONG locales que recibían financiación extranjera y 63 países adoptaron leyes que limitaban las tareas de ONG extranjeras.
La labor de ONU Medio Ambiente en derechos ambientales inició hace más de dos décadas e incluye la identificación de buenas prácticas en materia de derechos humanos y medio ambiente; la sensibilización de los funcionarios judiciales sobre los derechos ambientales constitucionales y el apoyo a las negociaciones de un instrumento regional vinculante en América Latina y el Caribe, para garantizar el cumplimiento de los derechos de acceso contemplados en el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992).
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado el domingo 4 de marzo en San José, Costa Rica. Este histórico documento, el primero de su tipo en la región y en el mundo, garantiza la participación ciudadana y la labor de los defensores de los derechos ambientales.
“Esto no es solo un compromiso renovado con la protección ambiental. Es una oportunidad para otorgar a los derechos ambientales la misma posición legal que ostentan los derechos humanos a nivel mundial”, dijo Leo Heileman, director de la oficina de ONU Medio Ambiente en América Latina y el Caribe.
La Iniciativa de Derechos Ambientales de la ONU lanzada hoy en Ginebra asistirá a los gobiernos en el fortalecimiento de sus capacidades para desarrollar e implementar leyes que protejan los derechos ambientales. También ayudará a las empresas a comprender mejor cuáles son sus obligaciones en esta materia, trabajará con los medios para promover los derechos ambientales, apoyará una difusión más amplia de información a través de un nuevo portal web; y apoyará el establecimiento de redes para que los defensores ambientales puedan promover su labor y conectarse.
“Ha llegado el momento de reconocer formalmente la interdependencia entre los derechos humanos y el medio ambiente, no solo a nivel nacional, sino en todo el mundo”, dijo el Relator Especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, el profesor John Knox.
“Los asesinatos, la violencia y las amenazas a menudo no se denuncian ni se castigan. Para defender a los defensores es fundamental contar con más cobertura periodística y un mayor respaldo legal a nivel local y nacional”, dijo Jonathan Watts, editor de medio ambiente global en The Guardian.
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Fuente: http://revistasic.gumilla.org
