REPAM denuncia el riesgo de extinción para 150 poblaciones indígenas “no contactadas”

“La existencia de estos grupos es frecuentemente negada u ocultada, lo que en muchos casos fomenta actividades económicas que afectan directamente sus territorios; y a pesar del marco regulatorio internacional que protege sus derechos, verificamos que estas normas son sistemáticamente ignoradas por Estados”.

Esta es la denuncia de los operadores de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) y de las instituciones que participaron en el encuentro celebrado del 5 al 8 de julio, en Puerto Maldonado, Perú, que hicieron pública en la Declaración en defensa de la vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV). Se consideran “en aislamiento voluntario” o “no-contactados” los grupos indígenas que, después de la invasión de su territorio, se han salvado del exterminio, han evitado la dispersión y han decidido no asimilar el estilo de vida occidental, optando por no mantener contactos con la civilización “blanca” y por conservar su autonomía.

En conversación con Fides, el laico misionero de la Consolata, Luis Ventura, del Centro Indigenista Misionero (CIMI) de Brasil, coordinador del eje de trabajo de los pueblos indígenas de REPAM, explicó que los PIAV “son objeto de amenazas muy graves, como la destrucción forestal, la minería industrial e informal, y la agricultura extensiva mecanizada, las cuales hacen que la presión aumente (…) Los pueblos en aislamiento voluntario han tomado esta decisión a causa de situaciones traumáticas vividas, porque, a menudo, los contactos terminan en tragedia. Por eso, debemos respetar, desde el punto de vista de la ética, su decisión y garantizar la protección de su territorio, para que puedan preservar sus vidas”.

También en Puerto Maldonado, como en la primera reunión celebrada en Cuiabá, Brasil, en abril pasado, “asistieron representantes de las comunidades indígenas que tienen contactos con comunidades en aislamiento voluntario, que saben dónde están y dónde circulan, así como exponentes de pueblos contactados hace 20 o 30 años, unos contactos muy importantes para ayudarnos a entender la situación”.

Allí estuvieron indígenas de Brasil, Perú y Ecuador, mientras que Bolivia proporcionó los últimos datos disponibles. Solo en estos cuatro países, sin contar Colombia y Venezuela, y posiblemente Guyana, se calculan aproximadamente 150 pueblos o partes de estos pueblos en aislamiento voluntario.

Asimismo, el documento del encuentro denuncia que “continúan ocurriendo contactos forzados y avanza también la invasión de sus espacios, en medio de un escenario de omisión por parte de los Estados, lo que expone a los pueblos indígenas a diversas formas de violencia e incluso a las masacres”.

Ventura ha ilustrado a Fides el trabajo que REPAM y su aliados —CIMI, COIAB (Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña), CAAAP (Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica), Universidad Federal del Amazonas y el Vicariato de Aguarico (Ecuador) y Vicariato de Madre de Dios (Perú)— llevan a cabo: “Recibimos información sobre los lugares donde viven los PIAV, a través de indígenas cercanos a sus territorios, quienes nos señalan avistamientos, encuentros casuales y presencia en el pasado. Nos llegan también informes sobre trabajadores no calificados y obreros de empresas forestales que avanzan en el bosque y se encuentran, e incluso tienen conflictos, con ellos. Tratamos de examinar, con la mayor precisión posible, la información y de compararla con la del organismo indigenista estatal”.

Los datos son confidenciales, “para evitar que caigan en manos de grupos o de personas con intereses opuestos a los nuestros”, especifica el misionero. “Tan pronto como advertimos signos de su presencia o cuando nos acercamos a donde, según los lugareños, estos grupos pudieran estar, nos retiramos. Nuestra intención es proteger y hacer valer el aislamiento voluntario de los otros (…) Los PIAV son sujeto de derechos, como derechos territoriales y, ante todo, el de la existencia”. Después de la reunión a principios de julio, se han establecido tres niveles de trabajo. El primero es panamazónico: “La articulación entre todos aquellos involucrados en la defensa de los PIAV en cada país, para tener una visión común, intercambiando conocimientos legales, metodologías de trabajo y estrategias utilizadas localmente para incidir sobre las políticas nacionales y sobre la opinión pública”.

Después, en el ámbito nacional, el objetivo es hacer un frente común en cada país y proteger los PIAV en las zonas fronterizas, donde los nativos se desplazan “sin tener en cuenta los límites nacionales”, como les es reconocido por el derecho internacional. El tercer nivel es el de la Iglesia: “Llevar este asunto a la Iglesia y a la sociedad, incluso en el marco del Sínodo de la Amazonía”. “Aceptar y defender los derechos de los PIAV es clave para el desarrollo de la región”, subrayó el Papa en Puerto Maldonado, el pasado mes de enero. “De esta preocupación surge la opción fundamental por la vida de los más vulnerables, porque los pueblos indígenas en aislamiento voluntario son los más vulnerables de entre los vulnerables (…) Sigan defendiéndolos. Su presencia nos recuerda que no podemos disponer de los bienes comunes al ritmo de la voracidad de consumo”. (RD/Fides)

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Fuente: www.periodistadigital.com/religion