El 5 de octubre se publicó el informe de la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia en Francia (CIASE). El diagnóstico es severo y aterrador. Se trata de un fenómeno “masivo […] de características sistémicas”. El número de víctimas menores de edad en la población francesa, entre 1950 y 2020, atacadas por clérigos y religiosos, se estima en unos 216.000. Tal cifra aumenta a 330.000, si contamos los abusos cometidos por laicos y laicas vinculados a instituciones católicas. Se calcula entre 2.900 y 3.200 los clérigos y de religiosos implicados en dichos delitos. El informe señala que el número de personas que han sufrido este tipo de violencia siendo menores de edad —durante el mismo período— es de aproximadamente 5.500.000 personas. Por lo tanto, la violencia cometida por clérigos, religiosos, religiosas y laicos católicos representa cerca del 6% de este total.
Por lo anterior, se interpela a la Iglesia a reconocer su responsabilidad institucional en la violencia cometida y a emprender un camino de reforma radical. Como señala Jean-Marc Sauvé, presidente de la Comisión, “las evidencias son abrumadoras: los abusos sexuales en la Iglesia son masivos, no han terminado y hay que sacar todas las consecuencias para que el caldo de cultivo desaparezca. También debemos reparar, en la medida de lo posible, el daño causado” (1).
En el presente artículo, quisiera reflexionar sobre la formación y la metodología de la comisión, para luego abordar algunas de las conclusiones del informe. Estas nos parecen altamente pertinentes de cara a las reformas imperiosas que la Iglesia debe realizar, para responder satisfactoriamente a la crisis de los abusos y de la pedocriminalidad (2).
CONSTITUCIÓN Y METODOLOGÍA DE LA COMISIÓN
La comisión fue mandatada por el presidente de la Conferencia Episcopal (CEF) y por la presidenta de la Conferencia de Religiosos y Religiosas Francesa (CORREF) el 20 de noviembre de 2018. La persona a cargo de llevar adelante este enorme desafío fue Jean-Marc Sauvé, vicepresidente honorario del Consejo de Estado. Él mismo, sin interferencias, comenzó a formar su equipo de trabajo. La comisión fue constituida por veintiún miembros de distintas disciplinas: medicina (psiquiatría), historia, sociología, psicología, ética, políticas sociales, teología, derecho canónico y penal. Todos son reconocidos por su competencia profesional e imparcialidad, y entre ellos hay creyentes y no creyentes, así como miembros de otras confesiones religiosas, y trabajaron de manera voluntaria. Los recursos de la investigación fueron facilitados por ambas conferencias, así como el acceso a los archivos. Por razones de objetividad se decide que ninguno de los veintiún miembros sea ni víctima ni sacerdote, ni religioso o religiosa. Una vez constituida la comisión, ella misma definió su programa de investigación y de escucha a las víctimas. Su trabajo se apoyó en las investigaciones sociológicas e históricas de equipos académicos competentes en la materia.
En el informe se explicita que, si bien la comisión fue mandatada por representantes de la Iglesia católica, la misión pudo llevarse a cabo gracias a la acción resuelta de ciertas personas que fueron víctimas de abuso y que decidieron declarar y testimoniar. “Estas personas eran víctimas: ellas llegaron a ser testigos y actores de una verdad que se construía” (3). Destacamos así el hecho de que la comisión ubicó a las víctimas al centro de su trabajo, ya que los expertos rápidamente comprendieron que ellas detentan un saber único sobre las violencias sexuales.
La comisión estableció cuatro misiones: “1) Sacar a la luz: liberar la palabra, escuchar a las víctimas (menores de edad y personas vulnerables), recoger los testimonios; 2) Comprender: la comisión debe examinar cómo se han tratado o no los abusos sexuales en la Iglesia, teniendo en cuenta el contexto de las épocas examinadas; 3) Prevenir: la comisión evaluará la pertinencia y la eficacia de las medidas adoptadas por la Iglesia desde el año 2000; 4) Proponer: la comisión hará las proposiciones más aptas para ayudar al reconocimiento de las víctimas, corregir las faltas constatadas e impedir la repetición de estos dramas” (4).
Diferentes grupos de trabajo comenzaron a trabajar. El primero de ellos se interesó en las temáticas teológicas, eclesiológicas y de gobernanza de la Iglesia, ligadas al abuso. Un segundo grupo se concentró en trabajar los temas jurídicos vinculados, especialmente, a la relación entre el derecho de la Iglesia y el derecho civil y penal, y los vacíos del derecho canónico. Un tercer grupo se abocó a trabajar las temáticas vinculadas al reconocimiento, responsabilidad y reparación de las víctimas. Y un cuarto grupo se consagró a evaluar las medidas tomadas por la Iglesia a partir del año 2000. El conjunto del trabajo de esos cuatro grupos está plasmado en un informe de más de dos mil páginas, dividido en tres partes. La primera llamada —“hacer la luz”— revela la dura constatación a nivel cuantitativo y cualitativo de los datos recolectados. La segunda, titulada “revelar la sombra”, establece un diagnóstico severo, en función del contexto de las épocas trabajadas. Y la tercera parte, “disipar las tinieblas”, formula cuarenta y cinco recomendaciones para trabajar de manera apropiada las violencias sexuales al interior de la Iglesia católica.
EL NAUFRAGIO INSTITUCIONAL
El informe evidencia los factores que favorecieron y permitieron los abusos durante los años investigados, que van desde 1950 a 2020. Quisiera detenerme en tres de ellos, ya que son ilustrativos de lo que podríamos llamar un verdadero naufragio institucional.
El primero tiene que ver con la incapacidad de la moral sexual de la Iglesia para prevenir y proteger contra la violencia sexual. La evidencia muestra, más bien, lo contrario. A causa de una visión excesivamente tabú de la sexualidad, los clérigos, religiosos, religiosas y laicos han sido incapaces de nombrar el mal cometido. En resumen, todo se reducía, a una “falta contra el sexto mandamiento”. Así es como las agresiones sexuales a menores y adultos vulnerables fueron y son vistas primeramente como «pecados de la carne» o contra la castidad de los clérigos, y no por lo que son, es decir, delitos y crímenes contra la integridad física y mental de una persona. Es decir, también vinculados al quinto mandamiento: “No matarás” (5).
El segundo factor a destacar dice relación con la sacralización de la figura del sacerdote. En esto, la comprensión del celibato jugaría un rol importante. Si bien —y el informe es claro al respecto— el celibato no es la causa de los abusos, la forma de vivirlo y comprenderlo puede haber sido un factor agravante. Un cierto heroísmo asociado al celibato contribuye a poner al sacerdote en un pedestal y a fomentar las relaciones de dependencia, control y dominio. Ligado a ello, resulta aberrante reconocer que muchos de los agresores utilizaron el recurso de la fe para cometer y justificar sus abominaciones: abusos cometidos en el marco del acompañamiento espiritual; abuso de lo sagrado a través de un mal uso de los carismas y de la gracia sacramental, lo que llevó a algunos sacerdotes, por ejemplo, a agredir a un niño antes de ir a celebrar la misa o a hacer un mal uso del sacramento de la penitencia. Ante la nefasta consecuencia de la sacralización de la figura del sacerdote, la comisión invita a un examen profundo de la formación dada a los seminaristas (6).
El tercer factor que explicaría lo inadecuado de las respuestas aportadas por la Iglesia en los casos de abuso residiría en las enormes lagunas del derecho canónico, concebidas principalmente buscando la protección de los sacramentos y de la enmienda del pecador, siendo la persona víctima la gran ausente (7). Además, si examinamos un proceso de acusación, la iniciativa residía en el obispo o en el superior de una congregación religiosa o instituto de vida apostólica: acoger la denuncia, recibir a la víctima, nombrar el juez de la investigación preliminar, juzgar la verosimilitud, acoger al victimario, etc. ¿Qué obispo o superior religioso puede cumplir satisfactoriamente todas estas funciones demandadas? ¿No hay acaso un problema central de gobernanza institucional a revisar? La comisión concluye que el gobierno de la Iglesia debe pensar a fondo su gobernanza para ser más pluralista y capaz de regular los riesgos de abuso de poder. La creación de tribunales penales interdiocesanos (8) sería un primer paso en esta línea.
UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE EN CHILE
Tal como lo señala el informe de la CIASE, nos parece que la negación y el eufemismo de los abusos, la cultura del ocultamiento y las dolorosas historias de silencio y de silenciamiento, han impedido una toma de conciencia de la gravedad del mal cometido en el seno de la Iglesia. El miedo al escándalo de la institución ha impedido asumir que el verdadero escándalo del Evangelio radica en el abuso a los niños y las personas vulnerables. «Quien ofende a uno de estos pequeños, es mejor para él que le ataren una piedra de molino al cuello y lo arrojen al mar” (Mateo, 18, 6).
El papa Francisco, a propósito del informe de la CIASE, señaló en su Audiencia del 6 de octubre: “Quisiera expresar a las víctimas mi tristeza y mi dolor por el traumatismo que sufrieron. Expresarles mi vergüenza, nuestra vergüenza, por la tremenda incapacidad de la Iglesia de ponerlos en el centro de sus preocupaciones […] Animo a los obispos y superiores religiosos a continuar a hacer los esfuerzos para que similares dramas no se repitan más”.
¿Estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que la pedocriminalidad y los elementos culturales que posibilitaron el abuso desaparezcan de la Iglesia en Chile?
Sin desconocer los pasos dados, nos parece que estamos lejos del estándar al que el Evangelio nos invita. Hasta ahora, se ha reaccionado (malamente o adecuadamente) ante las víctimas que han sido capaces de denunciar los abusos padecidos. Pero, después de leer el informe de la CIASE y del impulso que nos da el papa Francisco, nos resulta evidente que el próximo paso que debieran hacer la Conferencia Episcopal de Chile (CECH) y la Conferencia de Religiosos (Conferre) es solicitar una comisión independiente que investigue los abusos sexuales contra menores y personas vulnerables cometidos en el seno de la Iglesia. Necesitamos comprender lo que ha pasado, la amplitud del fenómeno del abuso sexual en el contexto de las épocas examinadas.
Lo que está en juego es nada menos que la misión evangelizadora de la Iglesia. Necesitamos hacer “memoria passionis” de nuestro cuerpo herido y enfermo, mesurando el daño cometido y reparándolo, en la medida de lo posible. Si las cifras escandalosas de víctimas que afirma el informe de la CIASE son transferibles porcentualmente a nuestro país, estamos hablando de miles de hermanos y hermanas nuestros que guardan en sus cuerpos las secuelas de un silencio mortífero que necesita ser liberado a través de la enunciación de lo vivido. Contra la amnesia institucional ante el clamor de las víctimas del abuso, la memoria del sufrimiento padecido es esencial para abrir nuevos caminos de reparación, restauración y reconciliación.
“Que nuestro oído escuche el lamento, y nuestros ojos verán los cuerpos que se paralizan. Descifremos los susurros; arriesguemos nuestra palabra, precaria. Los niños se levantarán para guiarnos” (9). MSJ
(1) Entrevista à Marc Sauvé, https://www.lavie.fr/christianisme/eglise/jean-marc-sauve
(2) Término utilizado en Francia para definir la criminalidad sexual cometida contra los niños. Como decía Albert Camus, “nombrar mal las cosas es incrementar la miseria del mundo”. Por ello, desde hace un par de años las asociaciones en Francia hacen campaña para que se prohíba el uso de la palabra pedofilia en el debate público, ya que esta —a nivel etimológico— introduce erróneamente una noción de amor para referirse a los delitos cometidos contra los niños.
(3) Jean-Marc Sauvé, entrevista Revue Études.
(4) https://www.ciase.fr
(5)Ver la recomendación nº 37-38.
(6) Ver la Recomendación nº 4 y la recomendación nº 44.
(7) https://www.ciase.fr/medias/Ciase-Rapport-5-octobre-2021-Les-violences-sexuelles-dans-l-Eglise-catholique-France-1950-2020.pdf, p. 17. Al igual que en el derecho canónico, la víctima ha sido también por años la gran ausente en el proceso penal, limitándose su rol a la categoría de una simple testigo. En Chile, actualmente, no existe un estatuto de la víctima, o un cuerpo normativo especial que dé cuenta de un catálogo de sus derechos y necesidades, con enfoque de derechos humanos, como sí existe a nivel de Unión Europea, (Directiva 2012/29 UE).
(8) Ver la Recomendación nº 40.
(9) Patrick Goujon, Prière de ne pas abuser, Éditions du Seuil, Paris, 2021, p. 91.
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Fuente: Artículo publicado en Revista Mensaje N° 704, noviembre de 2021.
