Una sociedad civil que combata las causas de la corrupción

Numerosas denuncias de corrupción, como la que afecta a Carabineros, y de conflictos de interés, como los referidos al candidato Sebastián Piñera o al manejo patrimonial del Partido Socialista, han copado los espacios del debate público en las últimas semanas. Se han ido sucediendo de manera persistente y han remecido el contexto en que se estudian diversas normas que podrían ser útiles para encarar esos casos. Estas últimas son básicamente las recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción (en adelante, “el Consejo”), recomendaciones entregadas a la presidenta Michelle Bachelet, que hoy conforman una agenda que busca afrontar causas que están a la base de esos hechos que debilitan la democracia y la convivencia nacional.

Resulta de interés examinar el estado de avance de esas iniciativas y sus perspectivas, si queremos encaminar al país hacia un mejor estadio de desarrollo político, lo que únicamente se puede lograr de la mano de una actividad pública más transparente e impulsada por la búsqueda del bien común.

Recordemos que los casos de financiamiento ilegal de la política y tráfico de influencias, conocidos mayormente desde los años 2014 y 2015, llevaron a una generalizada crisis de confianza respecto de las instituciones y los liderazgos políticos y empresariales. Si el año 2002 el Gobierno gozaba de una confianza ciudadana del 35% según la encuesta CEP, para el 2015 esta había caído al 16%, de acuerdo al mismo sondeo. En tanto, la que había hacia el Congreso Nacional cayó de 18% en 2002 a 7,5% el 2015. La dirigida a los partidos políticos tuvo una disminución del 8,5% al 3% en igual periodo.

La respuesta de una sociedad a los casos de corrupción se da en diferentes dimensiones: la Justicia investiga y sentencia, y la ciudadanía cambia o reafirma posiciones políticas. También, la observancia de corrupción motiva la realización de diagnósticos y la elaboración de propuestas que eleven los estándares del diseño institucional, promoviendo reformas de envergadura en el Estado y el sistema político.

Los episodios Penta, Soquimich y Caval se instalaron en la agenda pública como escándalos que afectaron transversalmente a actores políticos. Se hizo todavía más patente la relevancia de los déficits institucionales para prevenir y controlar la corrupción. La presidenta Bachelet convocó entonces a la creación del Consejo en marzo del 2015, compuesto por expertos en materias de corrupción y modernización del Estado, y personalidades públicas, procurando la representación del más amplio espectro político. De esa instancia surgieron 236 propuestas organizadas en 21 áreas, contemplando reformas administrativas y legales. Fueron muy variadas, tanto en sus niveles como en las temáticas que abordaban. Gozaron, sin embargo, de un amplio consenso dentro del Consejo, ya que el 92% (217) de ellas fue establecido por unanimidad.

Entre mayo y junio del 2015, el Poder Ejecutivo ingresó al Congreso 21 proyectos de ley basados en las propuestas del Consejo y se dio inicio a la adopción de 14 medidas de carácter administrativo.

El debate sobre la pertinencia y el detalle práctico del diseño de las medidas para atender las propuestas del Consejo se abrió a una multiplicidad de actores. Entre ellos, el Poder Ejecutivo en su rol de colegislador, los parlamentarios, los medios de comunicación en el seguimiento de las reformas y la sociedad civil en el rol de expertos que podían influir a través del debate público, o bien hacer presión por mayor celeridad y calidad del diseño legal. Una de las acciones significativas que surgieron desde la sociedad civil fue la creación del Observatorio Anticorrupción por parte de Ciudadano Inteligente y Espacio Público, instancia que realiza, hasta la actualidad, seguimiento del avance de cada una de las propuestas del informe del Consejo y evalúa la calidad de las medidas diseñadas para su cumplimiento.

Realizando un balance, hay áreas en las que es urgente avanzar. Los municipios son piezas fundamentales en la provisión de servicios y en la implementación de políticas públicas para la ciudadanía, y sus autoridades, los alcaldes, cuentan con gran margen de discrecionalidad en sus decisiones. Los gastos en Defensa conforman otro conjunto de reformas que debe ser tomado en consideración en el corto plazo. Por otra parte, en Chile las obras mediante concesión deben tener una regulación más estricta de sus renegociaciones, como así también se debe fortalecer la Unidad de Diseño y Planificación del Ministerio de Obras Públicas.

Cumplidos dos años del informe del Consejo, es relevante destacar dos aprendizajes que nos ha dejado este proceso. El primero es la importancia del rol que la sociedad civil juega en la celeridad de las reformas y su calidad. En segundo lugar, considerando que la corrupción está presente en todos los países, es necesario reaccionar ante los escándalos más generalizados atendiendo a las causas profundas que los motivan. En este sentido, las modificaciones al financiamiento electoral que presenciamos en esta agenda 2015, constituyen un avance fundamental por atacar directamente al espacio de opacidad que dio lugar a los principales casos de corrupción conocidos desde el retorno de la democracia en Chile.

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* Esta versión es un extracto del artículo original publicado en Revista Mensaje.