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Step 1
Este es un problema esencialmente político: el Gobierno obra sin el más mínimo respeto por el Estado de derecho, aunque haya maquillado sus actos con decisiones “jurídicas”.
En la segunda mitad del año 2016, la oposición venezolana realizó una serie de acciones para activar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Dicho procedimiento, previsto en la Constitución venezolana, permite que, en caso de que el mandatario sea revocado durante los primeros cuatro años del período constitucional (de un total de seis), se proceda a una nueva elección dentro de los treinta días siguientes. En cambio, si la revocatoria se produce durante los últimos dos años del lapso, el Vicepresidente asumiría el cargo hasta completar el período en curso, razón por la cual era esencial para la oposición revocar el mandato del gobernante durante los primeros cuatro años.
La estrategia de la oposición entonces consistió en movilizar la calle y así presionar para lograr la convocatoria de dicha consulta ciudadana. Ante ello, el Consejo Nacional Electoral venezolano, órgano afín al Gobierno, impuso una serie de obstáculos que dilataban el llamado a referendo, ante lo cual se intensificaron las protestas. Es evidente concluir que el Gobierno ganó tiempo e hizo inviable la posibilidad real de convocar el referendo, además de lograr la desmovilización de las protestas, la fractura de la unidad de la oposición y el descrédito de la dirigencia de ella ante la opinión pública. La presión y protesta popular han ido acentuándose, mientras las fuerzas del oficialismo han recurrido a la represión y criminalización de las manifestaciones, empleando la policía nacional, la Guardia Nacional (componente militar) y los llamados “colectivos”, grupos de civiles armados que actúan con total impunidad, amparados por la fuerza pública. Es de destacar que la brutal represión gubernamental no ha mermado un ápice las movilizaciones de los ciudadanos venezolanos y su determinación de acabar la etapa chavista que dio inicio hace casi veinte años en Venezuela.
Ante un saldo de la revolución chavista traducido en carestía de alimentos y medicinas como consecuencia de la destrucción del aparato productivo, inseguridad personal, una inflación récord mundial, el aniquilamiento del Estado de derecho, un aislamiento internacional progresivo, la persecución de opositores y una corrupción galopante, entre otros males, el pueblo venezolano ha optado por lanzarse a la calle para hacerse sentir.
La protesta social, y seguramente la mala imagen internacional que ha dejado la represión de los organismos del Estado contra los manifestantes, llevó al Gobierno a convocar, el 1 de mayo, una asamblea constituyente. Ordenó en el decreto respectivo que sus integrantes sean electos “en los ámbitos sectoriales y territoriales, bajo la rectoría del Consejo Nacional Electoral, mediante el voto universal, directo y secreto; con el interés supremo de preservar y profundizar los valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia e inmunidad de la República y autodeterminación del pueblo”. Como ha opinado la abrumadora mayoría de expertos jurídicos venezolanos, dicha convocatoria contradice flagrantemente la Constitución venezolana, tanto en el fondo como en la forma. Esta inconstitucional modalidad de convocatoria evidencia el temor del Gobierno a medirse en unas elecciones libres y transparentes que pudieran acarrear su salida del poder.
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* Esta versión es un extracto del artículo original publicado en Revista Mensaje.
